Un gran jurado federal de Minnesota acusó a Christopher A. Bravo Marin, ciudadano mexicano de 46 años, de participar en una conspiración para lavar al menos 750 mil dólares procedentes del narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el imputado trabajaba en una empresa de transferencias monetarias y aprovechó ese puesto para enviar recursos a dirigentes de la organización en México.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detuvieron el lunes a Bravo en Minneapolis. Este martes compareció ante un juez magistrado federal después de que la acusación formal se presentó el 20 de agosto. El cargo por conspiración para lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque cualquier sentencia dependerá de la resolución del tribunal y de los lineamientos federales aplicables.
Según el expediente, la operación funcionó al menos entre febrero de 2023 y el mismo mes de 2026. Los fiscales sostienen que Bravo colaboró con integrantes de una célula de distribución de drogas del CJNG establecida en Minnesota para procesar ganancias ilícitas y remitirlas a México mediante la compañía donde laboraba.
Bravo habría utilizado su conocimiento de las políticas internas para evadir los controles contra operaciones ilícitas y ocultar el origen de los fondos. De acuerdo con la acusación, recibía entre 40 y 50 dólares por cada envío que procesaba para miembros del grupo criminal.
Para evitar los mecanismos de identificación de clientes, el acusado presuntamente dividía el efectivo en varias operaciones menores a mil dólares, cantidad que constituía el umbral establecido por la empresa para solicitar y verificar documentos personales.
Los fiscales afirman que también inventó nombres de origen hispano como remitentes y dirigió los recursos a beneficiarios utilizados como prestanombres en México, cuyos datos recibía de integrantes del cártel.
Después de procesar cada transferencia, Bravo supuestamente falsificaba la firma del remitente en los comprobantes para dar apariencia legítima a las operaciones. La imputación añade que después enviaba por mensaje de texto imágenes de los recibos a sus cómplices para que el dinero pudiera cobrarse en territorio mexicano.
“El acusado abusó de su posición en una institución financiera para ayudar al cártel CJNG a lavar dinero de sus ventas de drogas y enviarlo de regreso a México”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Los cárteles dependen de facilitadores financieros para garantizar que sus dirigentes en México reciban las ganancias de los atroces delitos que cometen aquí en Estados Unidos”.
Daniel N. Rosen, fiscal federal para el Distrito de Minnesota, sostuvo que “este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir cientos de miles de dólares provenientes de las drogas a líderes del cártel”. Travis Pickard, agente especial a cargo de HSI en St. Paul, destacó que las fuerzas de tarea permiten coordinar a distintas dependencias para intervenir contra redes delictivas transnacionales.
La investigación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Antidrogas del Condado de Dakota. Javier Urbina, abogado litigante de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal, junto con la fiscal federal adjunta Rebecca Kline, llevan el proceso judicial.
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MSL
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