La extorsión conserva uno de los mayores niveles de subregistro entre los delitos cometidos en México, pese al despliegue de una estrategia federal que durante el primer semestre de 2026 recibió seis mil 569 reportes por posibles casos, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), calcularon que 97 por ciento de estos hechos ocurridos en 2024 quedaron dentro de la cifra oculta, porque la víctima no denunció o la autoridad no inició una carpeta.
El informe muestra además el recorrido que siguieron las alertas captadas por el nuevo mecanismo federal.
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- El Dato: Al 30 de junio de 2026 se recibieron 244,598 llamadas de denuncia por extorsión en el 089 y 16,835 al 088; 11.6% fueron por extorsiones consumadas y 88.4% no consumadas.
De las seis mil 569 registradas entre enero y junio, alrededor de mil 712 derivaron en expedientes y éstos produjeron 770 investigaciones ministeriales.
Del último universo, 726 correspondieron específicamente a extorsión, mientras 169 mantenían líneas abiertas para identificar a probables responsables o estructuras criminales.
A diferencia de las cifras sobre detenciones, el documento entregado al Congreso no precisó cuántas de esas indagatorias permitieron llevar a una persona ante un juez, obtener una vinculación a proceso, alcanzar sentencia o reparar el daño causado a las víctimas. El balance permite conocer el volumen de asuntos recibidos y parte de su avance institucional, pero no presenta una ruta completa hasta la resolución judicial.
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Con ese escenario, el Gobierno federal mantiene activa desde el 6 de julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión, creada después de que este ilícito quedó fuera de las reducciones observadas en otros indicadores de alto impacto. Al presentar el plan, Sheinbaum Pardo reconoció que “es el delito que no hemos podido disminuir” y anunció una intervención específica para enfrentar su crecimiento.
Para desarrollar esa política, las autoridades establecieron cinco líneas de acción centradas en investigación e inteligencia, unidades especializadas estatales, atención a víctimas, capacitación de operadores del 089 y prevención. Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán quedaron como territorios prioritarios, debido a que concentraban 66 por ciento de los casos registrados cuando comenzó el despliegue.
Mientras ese mecanismo procesaba miles de alertas, los servicios 089 y 088 recibieron un volumen mucho mayor de comunicaciones. El Segundo Informe contabilizó 227 mil 365 llamadas, de las cuales 212 mil 237 llegaron al primer número y 15 mil 128 al segundo. Para 2026, las autoridades clasificaron 87.9 por ciento como intentos que no llegaron a consumarse y 12.1 por ciento como hechos concretados. El reporte gubernamental no establece que este universo corresponda directamente con el total de casos sujetos al esquema de seguimiento iniciado en enero, por lo que ambas mediciones no pueden sumarse ni compararse como una sola base.
De acuerdo con el balance federal, las acciones contra este delito también dejaron mil 674 personas detenidas hasta el 30 de junio de 2026.
Un corte posterior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) elevó la cantidad a mil 847 capturas en 24 estados entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de este año, 173 más respecto del reporte previo.
Frente al aumento de operaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó una disminución de 6.1 por ciento en el promedio diario de extorsiones durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo periodo del año anterior. Ese comportamiento contrasta con el escenario registrado al comienzo de la estrategia, cuando la propia Presidenta reconoció que este ilícito seguía una trayectoria distinta a la baja observada en otros delitos.
Una reducción en las carpetas oficiales, sin embargo, sólo refleja la parte del fenómeno que llega a conocimiento de las autoridades. La ENVIPE coloca a la extorsión entre los tres delitos más frecuentes del país, junto con fraude y robo o asalto en calle o transporte público, y su estimación de 97 por ciento de cifra oculta muestra la dimensión de los hechos que permanecen fuera de los registros ministeriales.
Detrás de los miles de llamadas, expedientes y capturas, el Segundo Informe dejó así pendiente una medición que permita seguir cada caso desde el primer reporte hasta una consecuencia judicial. El documento no ofrece una cifra equivalente sobre vinculaciones a proceso, sentencias o reparación del daño que permita establecer cuántas de las investigaciones abiertas contra este delito concluyeron con una resolución.
