Niñas y niños de entre ocho y 10 años salen de comunidades marginadas de Chiapas rumbo a Cancún bajo promesas de empleos bien remunerados, pero al llegar quedan bajo control de redes que los incorporan a trabajos vinculados con la actividad turística, los obligan a pedir dinero en las calles o los utilizan para cometer delitos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) documentó este patrón dentro de las tipologías de trata asociadas al sector turístico en el sureste mexicano.
Según el estudio “Panorama de la trata de personas en el turismo en México”, los responsables del enganche suelen pertenecer al entorno cercano de las familias o comunidades de origen. El mecanismo parte de la necesidad económica de padres, madres o tutores, a quienes ofrecen enviar las ganancias que supuestamente obtendrán los menores mediante empleos en Cancún. Después, los tratantes realizan el traslado por carretera a través de líneas de autobuses formales e informales.
- El Dato: Un hombre y una mujer en el Edomex fueron sentenciados ayer a 90 años de prisión cada uno por el delito de trata de personas, en agravio de una menor de edad.
Una vez en Quintana Roo, las víctimas permanecen en viviendas hacinadas y precarias. Una parte considerable de ellos habla únicamente lenguas indígenas o posee un dominio limitado del español, condición que los coloca en mayor vulnerabilidad ante este tipo de explotación. La red los destina a labores relacionadas con establecimientos turísticos, entre ellas, entregas de mercancías y abastecimiento para restaurantes u hoteles, además de actividades informales de venta de comida.
Algunos menores terminan también bajo esquemas de mendicidad forzada o participación en actividades delictivas, como venta de drogas en puntos altamente populares de esta localidad. La UNODC clasifica este patrón dentro de la explotación laboral infantil y señala como sectores involucrados al comercio, los servicios turísticos, el transporte terrestre de pasajeros y el ámbito inmobiliario. El traslado descrito tiene carácter nacional y conecta comunidades de Chiapas con Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún.
ADOPCIÓN ILEGAL. El informe incorpora otra modalidad que amplía el mapa de riesgo. Registró traslados aéreos y terrestres de menores mexicanos y extranjeros con fines de adopción ilegal, en los cuales adultos se presentan como familiares y utilizan pasaportes, actas de nacimiento u otros documentos sospechosos o falsos para justificar el desplazamiento.
Destaca el uso de identificaciones cuyos datos o fotografías no coinciden con las características físicas de quienes las portan. En otros casos, se halló después de que los menores fueron desplazados que los papeles eran apócrifos. El reporte también consigna viajes sin acta de nacimiento y situaciones en las cuales nadie exige a los acompañantes acreditar parentesco, custodia o tutela de los infantes.
El corredor criminal cruza distintas regiones del país. Los trayectos parten con frecuencia de Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, mientras que entre los destinos aparecen Tijuana, Mexicali, Monterrey y Cancún. La investigación también ubica como puntos relacionados el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una central de autobuses no regulada en Benito Juárez, Quintana Roo.
En varios episodios, los adultos argumentan que los niños atraviesan procesos de adopción o trámites de custodia familiar. Sin embargo, el documento recoge casos en los cuales ellos mismos expresan que desconocen a quienes los transportan o se niegan a responder preguntas sobre el vínculo. Las víctimas incluidas en esta tipología tienen nacionalidad mexicana, estadounidense, guatemalteca y hondureña.
De acuerdo con el análisis de estos delitos, el desplazamiento de los menores ocurre principalmente dentro del territorio nacional y por vía terrestre, aunque también existen rutas internacionales y movimientos aéreos. El engaño aparece como uno de los mecanismos predominantes, junto con abuso de poder, amenazas, fuerza y aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad. Entre las finalidades documentadas figuran explotación sexual, laboral, trabajos forzados, utilización de menores en actividades ilícitas y adopción ilegal.
RED CRIMINAL
- Algunos no hablan español, lo que los coloca en mayor vulnerabilidad.
- La red los usa en labores relacionadas con establecimientos turísticos e informalidad.
- Menores de edad terminan bajo esquemas de mendicidad forzada o venta de drogas
