La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones por huachicol fiscal permitieron localizar, en una bodega vinculada con el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, documentación de seguridad nacional clasificada, expedientes de personal naval, listas de aduanas marítimas, armas sin registro y objetos de lujo, elementos que forman parte de los datos de prueba contra él y su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, aseguró que los hermanos Farías Laguna, conocidos como Los Primos, intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas y de la propia Secretaría de Marina (Semar).
“Roberto ‘N’, en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, señaló en un videomensaje difundido en redes sociales.
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Además del material localizado en el inmueble, la Fiscalía atribuye a los hermanos una participación dentro de una estructura que buscaba asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo que ingresaba de manera ilegal al territorio nacional.
Según la investigación, la operación no dependía de un contrabandista aislado. Godoy Ramos describió una red que articulaba personal naval, funcionarios vinculados con recintos marítimos, agentes aduanales, empresas constituidas legalmente y sociedades utilizadas para mover recursos derivados de la comercialización del combustible.
Dentro de ese esquema, los buques salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburos que, al momento de ingresar a México, aparecían declarados como aceite o aditivo. Esa clasificación modificaba el tratamiento fiscal de la mercancía antes de su liberación en las instalaciones portuarias.
La siguiente fase de este esquema criminal estaba compuesta por pagos a servidores públicos y agentes aduanales, esto, según los documentos revisados por la autoridad federal. La fiscal aseguró que integrantes de esa cadena recibían dinero por cada embarque al que permitían el paso, mientras las inspecciones, cuando ocurrían, sólo simulaban controles sobre la carga.
Otra parte del mecanismo incluía muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados y maniobras destinadas a liberar el hidrocarburo sin una revisión efectiva. La FGR también detectó calendarios de arribo que, según la indagatoria, permitían coordinar la llegada de embarcaciones con la actuación de quienes participaban desde tierra.
Cuando las descargas comenzaban, la estructura buscaba impedir que quedara registro de las maniobras. Godoy afirmó que dentro de la cadena de complicidades se acordaba la desactivación de cámaras antes de bajar el combustible de los buques.
Tras abandonar la zona aduanal, el producto pasaba a tres empresas legalmente constituidas encargadas de su distribución. A la par, compañías fachada y triangulaciones financieras daban apariencia legítima al dinero obtenido por las ventas, explicó.
“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal en el que presuntamente participaron Manuel Roberto N y Fernando N”, resumió Godoy al describir las etapas que, de acuerdo con los datos recabados por el Ministerio Público, integraban el circuito elaborado por los hermanos Farias.
Las pesquisas permitieron ubicar actividades relacionadas con la misma estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La dependencia siguió además el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces que aparecen en diferentes momentos de la cadena.
Bajo esa línea de investigación, la FGR sostiene que existen elementos sobre la participación de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Godoy precisó que esos datos de prueba ya se encuentran bajo valoración del Poder Judicial, sin detallar durante su mensaje el contenido completo de las evidencias incorporadas a los procedimientos.
Como antecedente, la fiscal recordó que en 2024 el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, acudió ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero para exponer información sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
Fue a partir de aquella denuncia que la Fiscalía abrió investigaciones que más tarde condujeron al aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Para Godoy, esa acción no cerró las indagatorias, sino que permitió ampliar las diligencias hacia otros participantes y etapas de la operación.
Posteriormente, las autoridades reconstruyeron vínculos relacionados con la importación, el movimiento del combustible, su almacenamiento y la comercialización. En esa revisión también aparecieron los nombramientos dentro de aduanas marítimas que la FGR atribuye a la intervención de los hermanos Farías.
Respecto de la Marina, Godoy sostuvo que las conductas bajo investigación corresponden a responsabilidades individuales y mencionó que el actual secretario de la dependencia, Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las pesquisas: “Una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”.
Dijo que continuarán las investigaciones contra quienes hayan participado en la estructura, sin limitar las indagatorias a los dos exmandos navales señalados: “Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia”.
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