La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas, alias Pity, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. La medida alcanzó también a su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo y a seis empresas relacionadas con ambos, cuyos representantes acudieron a tribunales federales para impugnar el acuerdo 326/2026.
Esa batalla judicial se ha extendido a Ciudad de México, Sinaloa y Baja California, donde distintos juzgados analizan los recursos promovidos contra el congelamiento. Los expedientes muestran que la decisión de la UIF no se limitó al exfuncionario, sino que abarcó sociedades con actividades restauranteras, turísticas, inmobiliarias y de servicios. Sin que hasta ahora exista una resolución sobre el fondo de las impugnaciones, información periodística indica que la medida se tomó bajo las sospechas de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ricardo Velarde presentó su demanda de amparo el 25 de agosto para combatir su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. El recurso, registrado bajo el expediente 1893/2026, quedó inicialmente en manos del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que este 7 de septiembre se declaró incompetente por territorio y ordenó enviarlo a un órgano federal de Sinaloa.
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Como parte de los recursos abiertos contra el mismo acuerdo, Lizárraga Angulo también solicitó la protección de la justicia federal. Una jueza requirió precisiones sobre su demanda antes de determinar si admite el juicio, por lo que esa impugnación permanece todavía en una etapa inicial.
Hasta ahora, las sociedades identificadas dentro del bloqueo son Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La movida sí me gusta, El muchacho alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz. Los expedientes relacionan a Velarde y Lizárraga con distintos negocios dentro de esa estructura empresarial.
Operadora de Bares Veliz intentó recuperar temporalmente el acceso a sus recursos mediante una suspensión provisional, pero el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó la medida cautelar. El congelamiento permanece vigente mientras continúa el proceso judicial contra la determinación de la UIF.
Respecto de El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte, el amparo siguió una ruta distinta. Un tribunal remitió el expediente a Tijuana por razones de competencia territorial vinculadas con la ubicación del establecimiento incluido en la demanda, lo que llevó otro de los litigios a Baja California. Tras la decisión financiera, la UIF no ha difundido públicamente las operaciones, movimientos o montos que sustentaron el acuerdo 326/2026. Tampoco ha precisado si la inclusión de Velarde, Lizárraga y las empresas forma parte de una denuncia penal o de otra investigación abierta por autoridades federales.
Previo a su paso por la Secretaría de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde ocupó la Subsecretaría de Promoción y Operación Turística de la entidad y después quedó como encargado del despacho de la Secretaría de Turismo. En noviembre de 2024 asumió como secretario estatal y permaneció en el gabinete de Rocha Moya hasta octubre del año pasado.
Meses antes del bloqueo, su nombre apareció en otro episodio público por su relación empresarial con Terraza Valentino, en Mazatlán. Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, fue visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en ese establecimiento, del cual Velarde era copropietario. Hasta ahora no existe información oficial que vincule esa desaparición con la medida adoptada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La autoridad financiera no ha expuesto públicamente qué operaciones motivaron el bloqueo ni ha informado si existe una investigación adicional contra el exfuncionario o sus socios.
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