Entre 70 y 80 por ciento de las mujeres migrantes en tránsito ha sufrido algún delito en México, pero más de la mitad decide no denunciar por temor a represalias o considera que no obtendrá justicia, reveló un análisis de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM).
El documento “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México” advirtió que, pese al amplio entramado institucional para prevenir y atender la violencia de género, las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan obstáculos para acceder a justicia, servicios de salud sexual y reproductiva y mecanismos de protección.
El problema se agrava por la fragmentación entre autoridades federales y estatales y la falta de coordinación entre instituciones encargadas del asilo y atención a víctimas. Aunque existen mecanismos como el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones señalan falta de perspectiva interseccional.
- El Tip: Organizaciones exigieron cumplir las sentencias relacionadas con la protección de mujeres en movilidad.
La brecha también se refleja en los 73 Centros de Justicia para las Mujeres existentes en el país: sólo 30 están ubicados en zonas de la ruta migratoria. Del total de mujeres atendidas, apenas dos por ciento son extranjeras, frente a 98 por ciento mexicanas; las mujeres LGBTIQ+ representan 0.1 por ciento.
El análisis cuestionó los recursos disponibles. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sufrió una reducción de 10 por ciento en su presupuesto de 2025, mientras que entre 70 y 80 por ciento de sus recursos provenían del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A ello se sumó un recorte global de casi 80 por ciento al organismo internacional.
En salud reportó una reducción de 34 por ciento del gasto presupuestario en 2025, con repercusiones en medicamentos e insumos para aplicar la NOM-046, relacionada con la atención de víctimas de violencia sexual y la interrupción legal del embarazo en los casos establecidos por la ley. Los refugios especializados también enfrentan estancamiento de recursos y retrasos administrativos por la transición hacia la Secretaría de las Mujeres.
De acuerdo con Médicos del Mundo y ACNUR, entre siete y ocho de cada 10 mujeres migrantes en tránsito han sido víctimas de algún delito en México. Ante la falta de información oficial accesible, muchas recurren a redes sociales para conocer sus derechos y buscar apoyo, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Organizaciones demandaron integrar la atención de las mujeres migrantes a las políticas contra la violencia de género. Entre sus propuestas está incorporar al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comar al sistema nacional contra la violencia hacia las mujeres, garantizar recursos para la comisión, refugios especializados y programas estatales de salud sexual y reproductiva.
