México redujo el número de personas víctimas del delito durante 2025, pero esa mejoría no alcanzó a la incidencia ni modificó el principal cuello de botella que muestra la justicia. De los 33.8 millones de ilícitos estimados en el país, apenas nueve de cada 100 llegaron a una denuncia y alrededor de siete derivaron en una carpeta de investigación. Los otros 93 quedaron fuera de ese proceso.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), calculó 23 millones de víctimas de 18 años y más para el año pasado, cifra ligeramente menor a la reportada en 2024. Mientras que la tasa de victimización cayó de 24 mil 135 a 23 mil 473 afectados por cada 100 mil habitantes, una disminución que el organismo considera estadísticamente significativa.
- El Dato: A escala estatal, 10 entidades tuvieron una reducción estadísticamente significativa en cuanto a víctimas, cinco registraron aumentos y en 17 no hubo cambios.
Ese descenso, sin embargo, no tuvo un equivalente en el número de delitos. Durante el mismo periodo ocurrieron 33.8 millones, prácticamente el mismo volumen que en 2024, y la incidencia nacional no presentó un cambio estadístico. La diferencia está en la repetición de hechos sobre una misma persona. Cada víctima enfrentó en promedio 1.5 ilícitos, contra 1.4 el año anterior.
Casi tres de cada 10 hogares tuvieron al menos un integrante que fue víctima de algún delito. El universo alcanzó 11.7 millones de viviendas, mientras la cantidad de personas afectadas equivalió a poco menos de una cuarta parte de la población adulta en todo el país.
Solo nueve de cada 100 delitos fueron denunciados ante el Ministerio Público o una fiscalía estatal y, entre ellos, cerca de tres cuartas partes llegaron a una carpeta. Esa combinación dejó una cifra oculta de 93.4 por ciento, prácticamente el mismo nivel observado un año antes.
- 60 por ciento considera la inseguridad el principal problema
En casi cuatro de cada 10 delitos con carpeta de investigación, el Inegi registró que “no pasó nada”; una proporción similar permanecía todavía en trámite. Ambos concentraron cerca de ocho de cada 10 casos que sí habían entrado al sistema de procuración de justicia.
Los desenlaces que implicaron recuperación de bienes, presentación del probable responsable ante un juez, reparación del daño o perdón representaron apenas 1.1 por ciento de todos los delitos ocurridos, lo que equivale aproximadamente uno de cada 100 hechos registrados por la encuesta. Un año antes esa proporción había sido de 0.8 por ciento.
Secuestro y extorsión muestran la mayor separación entre hechos estimados y expedientes iniciados. En ambos, prácticamente 98 de cada 100 permanecieron en la cifra oculta. El fraude se acercó al mismo nivel, mientras en robo total de vehículo alrededor de dos terceras partes salieron de esa condición.
Entre quienes decidieron no acudir ante las autoridades, más de una tercera parte señaló la pérdida de tiempo como motivo. La desconfianza en estas dependencias representó cerca de uno de cada ocho casos, seguida por los trámites largos y difíciles. También aparecieron la actitud hostil del personal y el miedo a sufrir una extorsión.
En cuanto al impacto económico, los hogares absorbieron un costo de 267 mil 300 millones durante 2025, equivalente a 1.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Cerca de dos terceras partes de esa carga correspondieron a pérdidas directas por victimización, con 165 mil 900 millones, mientras las medidas preventivas exigieron 91 mil 600 millones. En otras palabras, por cada peso destinado a proteger viviendas y bienes, los delitos provocaron casi dos de quebranto directo. Los daños a la salud añadieron otros nueve mil 800 millones a la cuenta.
Para reducir riesgos, los hogares recurrieron principalmente a cambios físicos en sus viviendas. El reemplazo o colocación de cerraduras y candados fue la medida más frecuente, seguida de modificaciones en puertas o ventanas. En menor proporción aparecieron la instalación de rejas o bardas y las acciones conjuntas con vecinos.
El robo total de vehículo fue el delito con mayor impacto económico para las víctimas. La pérdida promedio superó los 32 mil pesos, más de cinco veces la media general para otros crímenes contra el patrimonio, que se ubicó en seis mil 130 pesos. En los casos de fraude, el quebranto rondó los siete mil 500 pesos (en precios de julio de 2018).
Pese a la disminución registrada en 2026, casi tres de cada cuatro adultos todavía consideran inseguro vivir en su entidad federativa. El indicador bajó 1.6 puntos respecto al año anterior. La caída fue mayor al acercar la medición al entorno cotidiano, pues en el municipio o demarcación retrocedió 3.8 puntos, hasta 60.9 por ciento, y en la colonia o localidad perdió 4.6, para ubicarse en 35.9 por ciento.
Esa percepción conservó a la inseguridad como la principal preocupación nacional. Seis de cada 10 personas la mencionaron entre los problemas más graves, muy por encima de salud e inflación.
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