Transportistas de combustibles contratados por empresas públicas denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares y extorsión, donde, aseguraron, se les exigen pagos de hasta 300 mil pesos para obtener acceso a las terminales de almacenamiento y reparto de hidrocarburos.
A través de un comunicado, los afectados, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, señalaron que las presuntas irregularidades comenzaron durante la gestión de José Luis Peláez Pérez, encargado de la Gerencia de Transporte Terrestre, y que actualmente se mantiene un esquema de cobros mensuales en efectivo.
De acuerdo con la denuncia, se exige una cuota de 5 mil pesos mensuales por cada autotanque al servicio de los contratistas, bajo la amenaza de suspender los contratos de quienes se nieguen a cubrirla.
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Los transportistas también acusaron que se les solicitan hasta 300 mil pesos por la obtención de un “número de PP o PR”, relacionado con el acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto.
Según los denunciantes, dicho trámite debería ser gratuito o contar con un costo regulado; sin embargo, afirmaron que el dinero se solicita mediante “facilitadores” o intermediarios no oficiales.
Los contratistas señalaron además que les exigen una comisión equivalente al 7 por ciento del monto facturado durante abril, bajo el argumento de un ajuste de tarifa.
Afirmaron que este cobro se habría exigido durante junio y julio de este año.
Los transportistas sostuvieron que la entrega del dinero tenía como finalidad evitar suspensiones, problemas operativos o la cancelación de sus contratos.
Asimismo, acusaron que quienes acceden a cubrir las cuotas reciben presuntamente un trato preferencial en la asignación de embarques y la gestión de pagos, mientras que quienes se niegan enfrentan suspensiones, hostigamiento, retrasos y otras afectaciones en sus operaciones.
Los contratistas informaron que presentaron denuncias correspondientes; también solicitaron una auditoría integral y urgente.
Los transportistas advirtieron que los presuntos cobros incrementan sus costos de operación, afectan la competencia entre proveedores y podrían generar impactos en la cadena de distribución de combustibles.
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