Nuestro país se convirtió en el principal receptor de extranjeros deportados bajo la política de Estados Unidos para enviar personas a países distintos al de su nacionalidad. Desde el 20 de enero de 2025 y hasta mediados de agosto de 2026, el gobierno de Donald Trump trasladó a territorio mexicano a cerca de 20 mil personas, pese a que no existe un acuerdo escrito para este tipo de expulsiones.
El volumen marca una distancia considerable frente al resto de los países involucrados. Una investigación coordinada por Forbidden Stories documentó al menos 25 mil 447 deportaciones a terceros países entre enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Cerca de ocho de cada 10 tuvieron como destino México. En el mismo periodo, Washington alcanzó acuerdos con 35 gobiernos, de los cuales 28 ya comenzaron a recibir personas y otros siete se preparan para hacerlo.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmaron al consorcio que “México no ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para el envío de ciudadanos extranjeros a territorio mexicano”. Ambas dependencias señalaron que el país los recibe por razones humanitarias y con fundamento en la Ley de Migración.
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El consorcio, formado por Third Country Deportation Watch, proyecto de Refugees International y Human Rights First, sostuvo que la recepción de los extranjeros funciona mediante un entendimiento no escrito entre ambos gobiernos.
El observatorio señaló que los traslados continúan por la frontera terrestre mientras las autoridades no publican una estadística sobre estos ingresos ni lineamientos públicos sobre los derechos de quienes llegan bajo ese esquema.
De acuerdo con la respuesta oficial, las personas que cumplen los requisitos pueden iniciar un proceso de regularización ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o solicitar protección internacional a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El Gobierno también indicó que ofrece apoyo para el retorno asistido de quienes optan por volver a su país de origen.
Human Rights Watch identificó cuatro rutas principales para estas deportaciones por vía terrestre. Los cruces documentados conectan San Ysidro con Tijuana, Nogales con Sonora, El Paso con Ciudad Juárez y Port Isabel con Matamoros.
Tras ingresar a nuestro país, la mayoría de los extranjeros quedan bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM). El seguimiento registra movimientos posteriores hacia Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, desde donde guatemaltecos, hondureños y salvadoreños suelen continuar hacia sus países de origen.
En el caso de cubanos y venezolanos, el proceso sigue condiciones distintas.
Cifras obtenidas mediante solicitudes de información al INM muestran que el país recibió al menos 12 mil 983 personas no mexicanas entre el 20 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. El grupo incluyó tres mil 753 cubanos, tres mil 568 venezolanos, dos mil 840 guatemaltecos, mil 81 hondureños, 767 salvadoreños, 694 nicaragüenses y 222 haitianos.
Entre enero y el 15 de junio de este año, el registro sumó otras cinco mil 504 personas. Cuba encabezó con dos mil 546 casos, seguida de Venezuela, con mil 966. También ingresaron 280 guatemaltecos, 201 nicaragüenses, 178 salvadoreños, 170 hondureños y 138 haitianos.
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