Luego de que se pusiera en duda el operativo con el que autoridades estatales y federales realizaron el decomiso histórico de combustible en una planta de Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existió alguna actividad ilegal y enfatizó que la indagatoria se originó en la delegación local de la instancia federal.
La semana pasada el Gobierno federal destacó el cateo realizado a una terminal de almacenamiento de hidrocarburo ubicada en San José de Iturbide, Guanajuato, donde se ejecutó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible, el más grande en su tipo.
- El Dato: Grupo Simsa, a través de su filial Gas Natural del Noroeste (GNN), ha hecho públicos los folios y registros específicos de sus permisos federales, estatales y municipales.
Sin embargo, Grupo SIMSA emitió una tarjeta aclaratoria en la que sostuvo que su planta opera con las autorizaciones, permisos y demás avales por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial (ANSI), de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como los permisos de las autoridades estatales y municipales.
Consultada al respecto, durante su conferencia matutina, la Presidenta señaló que la información del caso será presentada por la FGR, porque es a la que le corresponde emitir los reportes en su calidad de ente autónomo.
“Lo tiene que informar la Fiscalía… Ahora dicen que muy seguido digo que lo tiene que informar la Fiscalía. Pues es que así es. Si lo estuviera informando yo, dirían: ‘¡Ay!, no hay autonomía de la Fiscalía General de la República…’ La Fiscalía tiene que informar sí había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades. O qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía General”, declaró.
También acentuó que esta indagatoria partió de la delegación de la FGR en Guanajuato y que, tras los dichos de la empresa responsable, ahora la investigación correrá a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
“La información, por lo que nos dice la Fiscal, la investigación provino de la delegación de la FGR en Guanajuato. Y de ahí vino la orden de cateo… Entonces, por eso, la fiscal salió a decir que lo va a traer la FEMDO, la de delincuencia organizada y pues tienen que investigar y dar la información correspondiente”, señaló.
Al insistirle sobre si es una “pifia”, dijo: “hasta que no lo informe la Fiscalía”.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que la empresa SIMSA, responsable de la planta incautada por las autoridades federales, no presentó en un primer momento las evidencias sobre el origen del combustible que les fue asegurado, como documentos que podrían acreditar su entrada legal al país.
“A ver, es que no es lo que una empresa diga… son los documentos que deben presentar para acreditarlo. Tendrá que presentar los documentos. Entiendo que era una empresa de almacenaje, es decir, que había quien depositaba ahí este combustible, pues debe tener esto: o la carta de importación o la factura de Pemex”, declaró la mandataria estatal.
Restricción de celulares en escuelas entrará en vigor el 3 de noviembre
Por Yulia Bonilla
El acuerdo de restricción de uso del celular en las escuelas entrará en vigor a partir del 3 de noviembre, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó los hallazgos sobre el detrimento al desarrollo cognitivo de los estudiantes a causa del uso desmedido de pantallas.
Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que dará el visto bueno al acuerdo avalado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) este viernes, donde los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas alcanzaron un consenso para que se prohíba el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles escolares.
Hizo hincapié en que los estudiantes podrán tener el celular guardado dentro de sus mochilas para atender alguna emergencia, pero su uso estará restringido durante las clases y el recreo, con el fin de que fomente su creatividad y se combatan los efectos negativos encontrados.
- El Dato: Ricardo Monreal afirmó que el acuerdo para limitar el uso de dispositivos en las aulas debe legislarse para dotarla de generalidad, obligatoriedad y coercitividad.
“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo creo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, particularmente vinculado con las redes sociales, pues puede tener impactos muy negativos. Y repito, fue un acuerdo pues en realidad todas y todos los gobernadores y la presidenta, el secretario de Educación y la presidenta. Entonces, a partir del 3 de noviembre”, ratificó este lunes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
De esta manera, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el acuerdo será publicado este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se abrirá un espacio para realizar asambleas en todo el país, con las que se pondrá a las escuelas al tanto de la nueva normativa.
“El celular o las pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”.
“Y repito, fue un acuerdo pues en realidad de todas y todos los gobernadores y la Presidenta, el secretario de Educación, y la Presidenta. Entonces, a partir del 3 de noviembre —lo publicaremos el día de mañana— ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela la pantalla, ni tampoco en el recreo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, recordó el exhaustivo análisis realizado para tomar esta decisión, la cual se basó en las normas similares que otros países han asumido, así como las advertencias hechas por expertos sobre el impacto negativo del uso excesivo de los dispositivos.
La medida será obligatoria en todos los planteles de primaria y secundaria, mientras que cada escuela de nivel medio superior deberá acordar sus promias normas al respecto. En el superior se fomentará el uso responsable y seguro.
“La propuesta es que no se permita para primarias y secundarias, restringir su uso en estos niveles educativos. En media superior, cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos y con fines pedagógicos. Para educación superior, pues fomentar el uso responsable y seguro por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico”, explicó.
Aclaró que la prohibición no es aplicable para los maestros; sin embargo, se les hará la recomendación de poner el ejemplo para que no se muestren “pegados” al teléfono, exhorto el cual se acompañará de un decálogo de buenas prácticas que se hará público en los próximos días.
Esta regulación fue expuesta como una medida necesaria para procurar el bienestar de las y los estudiantes mexicanos, no sólo en el ámbito educativo, sino también el social e incluso su salud.
“Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral, fortaleciendo el contacto humano y la comunidad”, declaró.
Dentro del balance de las políticas educativas del sexenio, dio a conocer que 14 mil 30 jóvenes que no fueron admitidos en el examen para ingresar a la UNAM, ya fueron asignados para continuar con sus estudios en otras universidades.
Esto se consiguió con la apertura de la plataforma Educación Superior 2026, para mostrar los lugares disponibles en otras instituciones.
“Fueron asignados mediante esta plataforma. Jóvenes que ya no iban a estudiar y que gracias a esta nueva oportunidad fueron ya asignados y tienen ya la posibilidad de seguir estudiando. La meta que tenemos en la educación superior, en esta administración, será la incorporación de 1.1 millones de nuevos estudiantes”, declaró.
Delgado Carrillo aclaró que la prohibición no es aplicable para los maestros; sin embargo, afirmó que se les hará la recomendación de “poner el ejemplo” para que no se muestren “pegados” al teléfono. El exhorto se acompañará de un decálogo de buenas prácticas que ya fue diseñado y se hará público en los próximos días.
El funcionario federal acotó que la regulación, dirigida a las escuelas de todo el país, fue expuesta como una medida indispensable para procurar el bienestar de las y los estudiantes mexicanos, en los ámbitos educativo, social y de salud pública: “Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral. Fortaleciendo el contacto humano y la comunidad”.
Abren espacios universitarios
PorYulia Bonilla
Más de 14 mil jóvenes que no consiguieron un lugar a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron canalizados a otras instituciones académicas para continuar con sus estudios, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que 14 mil 30 estudiantes ingresaron a otras instituciones del país que ofrecieron lugares disponibles en la plataforma Educación Superior 2026.
Delgado Carrillo informó que la dependencia a su cargo ha logrado la ampliación de más de 245 mil nuevos espacios universitarios y se trabaja en la construcción de siete nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y 14 más están en proceso en todo el país. Mientras que las universidades para el Bienestar Benito Juárez se incrementarán a 239 sedes.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ahondó en que con las universidades Rosario Castellanos se busca ofrecer mayor variedad de carreras, entre las que se encuentran: criminalística, servicios ambientales, ciencia de datos y matemáticas; ya que se encuentran entre los principales intereses de los jóvenes. Señaló que, con sus tres modalidades —presencial, híbrido y a distancia—, habrá quienes acudan todos los días a la escuela con el modelo presencial, otros que sólo acudan unos días a la semana y quienes tomen todas sus clases a distancia.
Dejan fuera la voz de los alumnos, dice ONG
| Redacción |
La regulación del uso de celulares abrió un debate sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en una decisión que modificará su vida escolar. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que consultar a autoridades, docentes y familias no sustituye el derecho de los alumnos a expresar su opinión y que se les considere.
Desde su perspectiva, la ausencia de estudiantes en la discusión constituye un hecho que debe ser examinado por el periodismo: una política que afecta directamente sus actividades, relaciones, formas de comunicación y espacios de convivencia no debería construirse únicamente desde la perspectiva adulta.
Uno de los primeros cuestionamientos que plantea el debate es aparentemente sencillo: “¿cuántas niñas, niños y adolescentes fueron consultados antes de establecer las restricciones?”. Y agregó: “No basta con señalar que existe un consenso entre autoridades escolares, docentes y familias. Para hablar de un verdadero acuerdo de la comunidad educativa tendría que conocerse quiénes participaron, cómo fueron seleccionados, qué opiniones expresaron y, sobre todo, si alguna de sus propuestas modificó el contenido final de la regulación”.
El planteamiento de Tejiendo Redes Infancia el derecho a la participación como un elemento central. Esto significa que escuchar a los menores no debería reducirse a una consulta simbólica o a permitirles expresar una opinión que no tenga ningún efecto sobre la decisión.
“El debate adquiere otra dimensión cuando se incorpora el concepto de adultocentrismo, entendido como una forma de organización en la que los adultos concentran la capacidad de interpretar las necesidades, riesgos y soluciones de las generaciones más jóvenes”, señaló.
Dijo que una política puede tener una finalidad protectora y, al mismo tiempo, reproducir una lógica adultocéntrica si considera a niñas, niños y adolescentes únicamente como receptores de reglas y no como sujetos con capacidad para expresar sus opiniones.
“El ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o perjudiciales, la explotación de datos personales, la publicidad dirigida, los mecanismos de diseño que prolongan el tiempo de permanencia en plataformas y las dificultades de alfabetización digital son problemas que requieren respuestas institucionales”, expuso.
Detalló que no necesariamente representa la misma situación utilizar un teléfono mientras un docente desarrolla una actividad pedagógica, que hacerlo durante un periodo destinado al descanso, juego, convivencia y socialización.
“La diferencia importa porque la restricción durante una clase busca atender un problema relacionado con la actividad educativa, mientras que una prohibición durante el recreo puede intervenir directamente en la manera en que los estudiantes se comunican, descansan o se relacionan entre sí”, el activista expresó al considerar que el debate sobre el uso de pantallas también puede quedar incompleto si toda la responsabilidad se deposita sobre estudiantes y familias.
Plantea ir con rechazados de Morena
