El acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para prohibir y regular el uso de dispositivos electrónicos dentro de las aulas fue visto por la Unión Nacional de Padres de Familia, como una medida insuficiente para combatir la brecha de aprendizaje y el rezago educativo.
En un posicionamiento, la organización señaló que el diagnóstico y la construcción del Acuerdo careció de escucha y consideración a las inquietudes de las familias, lo que, opina, podría llevar a que la implementación de la nueva norma resulte ineficaz.
“En un contexto de rezago educativo profundo —con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional documentadas por el propio personal docente—, una regulación de uso de dispositivos, por sí sola, no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje”, advirtió.
A su ver, hace falta una normativa que defina las limitaciones y responsabilidades para la prohibición de los celulares, al advertir que con la carencia de esto se podría provocar un perjuicio a los docentes.
Asimismo, sugirió que se considere la construcción de acuerdos con las familias para también establecer “reglas coherentes” respecto a los horarios de uso, restricciones de redes sociales, límites de pantallas antes de dormir, así como un acompañamiento para que las madres y padres cuenten con información clara.
La Unión también pidió que se tracen planes para la mejora de los programas educativos, los libros de texto que permitan una mejora en los resultados de la prueba PISA, los cuales mostraron deficiencias en lectura, escritura y matemáticas de parte de los estudiantes mexicanos.
No obstante, la organización reconoció el acuerdo como un “primer paso en la dirección correcta”, con el que se pone al centro el interés superior de la niñez.
“El Acuerdo 09/09/26 constituye un primer paso en la dirección correcta. Como UNPF, reconocemos el esfuerzo de las autoridades. No obstante, en el contexto de rezago educativo que enfrentamos, resultará insuficiente si no se complementa con acciones de mayor alcance que fortalezcan de manera real la autoridad de los docentes y si no se corrige la omisión de haber construido el diagnóstico y la propuesta sin la voz sistemática de las familias”, insistió.
Asimismo, pidió a las autoridades educativas que se abran canales de participación inmediata para evaluar periódicamente la medida aplicada, en donde no sólo se considere la prohibición de celulares, sino también las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de las y los estudiantes.
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LMCT
