LA DISCUSIÓN de la reforma sobre la doble nacionalidad en la Cámara de Diputados abre el debate sobre si poseer dos nacionalidades supone un conflicto de lealtades para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo y si la restricción puede afectar los derechos políticos de mexicanos que tienen otra nacionalidad.
Especialistas consultados por La Razón plantean cuestionamientos jurídicos sobre la necesidad y los alcances de la modificación, que no elimina la doble nacionalidad, sino que establece restricciones de elegibilidad en cargos al Poder Ejecutivo.
La propuesta, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, plantea que, quienes aspiren a esos cargos, no tengan ni adquieran otra nacionalidad o, en caso de tenerla, renuncien a ésta antes de solicitar su registro como candidatos.
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Una vez en el cargo, tampoco podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado o acogerse a su protección diplomática.
El Gobierno federal sostiene que, quienes ocupen los principales cargos del Poder Ejecutivo, deben tener únicamente la nacionalidad mexicana. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el propósito es garantizar que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo Federal, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, coloquen el interés de México por encima de cualquier otro.
Uno de los cuestionamientos más relevantes proviene del exprocurador general de la República y exsecretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Morales Lechuga, quien sostuvo que la reforma parte de una confusión entre dos conceptos jurídicos diferentes: nacionalidad y ciudadanía.
Explicó que los artículos 30 a 32 constitucionales regulan la nacionalidad y los artículos 34 a 38 establecen las reglas relativas a la ciudadanía y los derechos políticos. Así que, tener otra nacionalidad no elimina la condición de mexicano.
Santiago Corcuera Cabezut, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que la reforma constitucional podría ser innecesaria, debido a que la Carta Magna ya contiene disposiciones relacionadas con la nacionalidad mexicana y el acceso a cargos públicos.
El especialista José Carlos Rojano advirtió que la propuesta puede generar controversias relacionadas con derechos humanos y políticos, porque México reconoce, desde 1990, la posibilidad de que sus nacionales tengan otra nacionalidad.
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