La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, durante la actual administración, ha sancionado a cuatro mil 193 servidores públicos por diversas irregularidades, entre ellos funcionarios involucrados en expedientes derivados de hechos ocurridos en gobiernos anteriores; 517 de estos casos derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.
Del total de trabajadores sancionados, tres mil 528 incurrieron en faltas consideradas no graves y 665 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por tratarse de conductas graves. Además, 53 servidores públicos denunciados penalmente ya fueron vinculados a proceso.
- El Dato: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno generó un ahorro de 83 mil 800 millones de pesos para el erario mediante su nuevo enfoque de fiscalización preventiva.
Entre las irregularidades detectadas están la autorización de pagos indebidos o por servicios que no entregados, compras injustificadas, sustracción de información, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales, falsificación de documentos, hostigamiento y acoso sexual.
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Las denuncias penales incluyen: enriquecimiento y uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Buenrostro Sánchez destacó entre los casos investigados la contratación de un servicio de inteligencia por 130 millones de dólares en la extinta Policía Federal, por el cual fueron inhabilitados entre 15 y 20 años el extitular de la División de Inteligencia, Damián Canales, y la exsecretaria general Frida Martínez. También se presentó una denuncia ante la FGR y se reclamó la reparación del daño.
La funcionaria precisó que, hasta el momento, no se ha encontrado en los documentos investigados la firma del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que no se le considera responsable dentro de ese caso.
El Gobierno federal informó que, en lo que va del sexenio, han sido detenidas dos mil 654 personas relacionadas con delitos en materia de combustibles. La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR precisar cuántas de esas capturas corresponden a servidores públicos y a particulares.
Explicó que, cuando las irregularidades detectadas en Petróleos Mexicanos (Pemex) pueden constituir delitos, la dirección jurídica de la empresa presenta directamente las denuncias ante la FGR, debido a que las sanciones penales son más severas que las administrativas.
Respecto de las investigaciones relacionadas con Pemex, dijo que tres funcionarios fueron separados preventivamente de sus cargos por un caso de derrame de combustible, aunque no precisó cuál. Añadió que permanecen abiertas investigaciones sobre servidores públicos, tanto de la petrolera como de aduanas.
Buenrostro informó, además, que 286 empresas particulares han sido sancionadas por irregularidades como presentar documentos falsos en licitaciones, incumplir contratos, simular experiencia técnica u ocultar conflictos de interés. De éstas, 222 recibieron multas e inhabilitaciones y otras 64 únicamente sanciones económicas, por un monto conjunto de 147.3 millones de pesos.
Como parte de las medidas preventivas, destacó que durante 2026 se alcanzó un récord de un millón 532 mil 699 declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos y que se han impartido 1.3 millones de capacitaciones en materia de ética e integridad.
ALISTAN REFORMA. La Presidenta Sheinbaum anunció que en 15 días presentará una iniciativa de reforma de ley para evitar que los actos de corrupción queden sin sanción bajo prescripción.
De acuerdo con lo precisado por Raquel Buenrostro, la propuesta busca cerrar vacíos legales y ajustar los tiempos de los procedimientos para impedir que una irregularidad prescriba antes de que pueda ser sancionada.
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