LAS EMPRESAS contratadas por Estados Unidos para localizar en México a personas deportadas y entregarles notificaciones por multas migratorias pendientes no podrán realizar esas actividades sin autorización de las autoridades mexicanas, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria señaló que cualquier operación de esas compañías en territorio nacional tendría que contar con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, aclaró que, hasta ayer, el Gobierno mexicano no tiene confirmación de que las compañías contratadas por Washington ya estén realizando labores de localización en el país.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) adjudicó en agosto cuatro contratos por un monto conjunto de hasta 36 millones de dólares para localizar a personas que fueron expulsadas de ese país y tienen multas migratorias pendientes.
Las compañías seleccionadas son Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group. Cada contrato contempla un monto máximo de nueve millones de dólares y labores en México, Guatemala y Honduras.
Entre las tareas previstas se encuentra ubicar a los deportados, verificar domicilios y entregarles las notificaciones correspondientes. Para acreditar la localización, los contratistas podrán recurrir a registros públicos, laborales y judiciales, además de obtener evidencia de la entrega.
El objetivo es intentar recuperar alrededor de 423 millones de dólares en multas y otros cargos que atribuye a más de 66 mil 300 personas que fueron expulsadas.
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