A dos días de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los jóvenes protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que acusaron de incumplir compromisos asumidos con las familias y exigieron una reunión con la titular, Rosario Piedra Ibarra.
Acompañados por estudiantes de normales rurales, los familiares se concentraron frente a la sede del organismo, en Periférico Sur, como parte de la jornada de movilizaciones por el aniversario de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El abogado de las familias, Isidoro Vicario, afirmó que Piedra Ibarra no se reúne con ellos desde el 25 de marzo de 2022 y aseguró que cinco compromisos establecidos entonces permanecen incumplidos.
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- El Dato: El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre fue vinculado a proceso el 12 de agosto por desaparición forzada, ocultar información y destrucción de evidencia.
El principal reclamo se dirigió contra la recomendación 208VG/2026, emitida por la CNDH el pasado 9 de julio. Los familiares considerarón que el documento resta responsabilidad al Ejército en el caso, pese a que, aseguraron, el organismo se había comprometido a profundizar en las actuaciones de la Secretaría de la Defensa.
“El primer acuerdo que se tomó ese día es que la CNDH iba a investigar precisamente a la Sedena por su participación en el caso y la obstaculización que ha puesto respecto de las recomendaciones del grupo de expertos”, señaló el litigante.
El abogado acusó que la CNDH no informó previamente a las familias sobre la emisión de la recomendación y exigió que Piedra Ibarra explique personalmente los motivos y alcances del documento.
Las familias mantienen entre sus reclamos el acceso a documentación militar relacionada con el caso.
Durante la protesta, Hilda Hernández Rivera, madre del normalista César Manuel González Hernández, recordó que existe una resolución judicial sobre 800 folios vinculados con la investigación, cuya entrega han reclamado al Ejército.
La CNDH rechazó que su recomendación exonere a las Fuerzas Armadas. En julio sostuvo que no tiene atribuciones para exonerar o establecer responsabilidades penales, facultad que corresponde al Ministerio Público y a las autoridades jurisdiccionales, y aseguró que su documento no sustituye las investigaciones ministeriales ni resoluciones judiciales.
Los familiares llegaron este jueves a la capital acompañados por estudiantes de distintas normales rurales. Más de 20 autobuses de Guerrero fueron revisados por elementos de seguridad en la caseta de Tlalpan antes de llegar a la capital.
Frente a la CNDH, los manifestantes bloquearon la lateral de Periférico Sur y desplegaron mantas con los rostros de los estudiantes y consignas que exigen su localización. La protesta forma parte de la jornada “Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, convocada del 21 al 27 de septiembre por las familias y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Las actividades comenzaron el lunes con un foro en la Normal de Ayotzinapa; el martes se realizó un mitin en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo, Guerrero, y el miércoles se concentraron en Iguala.
Después de la protesta de este jueves ante la CNDH, el calendario contempla para este viernes 25 un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La movilización principal se realizará el sábado 26, cuando se cumplen 12 años de la desaparición. La marcha está convocada a las 16:00 horas y partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. El domingo 27 las actividades concluirán con una marcha estatal en Iguala, Guerrero, a las 11:00 horas.
Las movilizaciones ocurren a casi un mes de la reunión que las familias sostuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, quien informó que las investigaciones se concentran en cuatro líneas, entre ellas: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas, revisión de hechos y actores relacionados con lo ocurrido en Iguala.
A 12 años de los hechos, las familias mantienen su demanda de acceso a información militar y esclarecer qué ocurrió.
