A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes fueron recibidos por primera vez por un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante quien plantearon agilizar los asuntos judiciales relacionados con el caso y revisar los recursos que permanecen pendientes.
El encuentro con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ocurrió ayer en la sede del máximo tribunal y marcó un hecho inédito desde los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante casi 12 años, las familias han sostenido reuniones con autoridades de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, además de fiscales, funcionarios de Gobernación y representantes de otras instituciones, pero no habían sido recibidas por quien encabeza la Corte.
- El Dato: familiares de los normalistas también solicitaron que la SCJN mantenga abiertas sus puertas para dar seguimiento al caso y que el diálogo no se limite al aniversario.
La reunión comenzó alrededor de las 14:00 horas, después de que los familiares ingresaron al edificio por la calle Erasmo Castellanos, debido al cerco de vallas metálicas instalado alrededor del recinto judicial con motivo de las movilizaciones por el aniversario del caso.
Al concluir el encuentro, Isidoro Vicario, abogado de las familias, informó que Aguilar Ortiz se comprometió a analizar los expedientes vinculados con Ayotzinapa y a buscar que se agilice la resolución de los amparos pendientes.
Uno de los asuntos centrales fue el litigio relacionado con 853 folios de inteligencia militar, cuya entrega reclaman las familias. La defensa explicó que hicieron especial énfasis en el amparo 1350/2023, promovido por los padres y madres y resuelto en febrero pasado por un juzgado federal, que ordenó al Ejército entregar información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, y otras instancias de inteligencia militar.
Los familiares también solicitaron revisar otros recursos judiciales relacionados con Ayotzinapa. De acuerdo con su representante, el presidente de la Corte ofreció gestionar una reunión con la ministra Yasmín Esquivel, a quien fue turnado uno de los asuntos planteados por las familias.
El máximo tribunal ha conocido durante los últimos años distintos recursos derivados del caso. En 2024, por ejemplo, tenía bajo revisión amparos promovidos contra decisiones relacionadas con ocho personas vinculadas con el caso, un asunto cuya resolución había sido aplazada.
Antes de ingresar a la Corte, Isidro Vicario lamentó que las familias fueran recibidas con un dispositivo de seguridad y recordó que durante casi 12 años su exigencia ha sido conocer qué ocurrió con los estudiantes y dónde se encuentran.
“Lamentamos que también hoy nos reciban con este cerco, cuando hemos reiterado en diversas ocasiones a lo largo de estos 12 años que la lucha de los padres y madres de los 43 sólo busca saber la verdad”, expresó.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa, señaló que una de las principales exigencias sigue siendo profundizar en la información recabada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), particularmente la relacionada con documentos de inteligencia militar.
Las familias sostienen que existen archivos generados en instalaciones militares de Iguala que pueden aportar elementos para esclarecer lo ocurrido. Tlatempa Bello señaló que el acceso a esa documentación es una de las principales exigencias para avanzar en la búsqueda de sus hijos.
Además, cuestionó que, después de tres administraciones federales, los familiares continúen sin conocer el paradero de los jóvenes y aseguró que se sienten desprotegidos ante la falta de resultados.
La llegada de los padres a la Corte ocurre además en un momento particular en la relación entre el movimiento de Ayotzinapa y el Poder Judicial.
Vidulfo Rosales, quien durante casi 11 años encabezó la representación jurídica de las familias desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dejó esa responsabilidad en agosto de 2025 y posteriormente se incorporó al equipo del hoy presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Isidoro Vicario asumió desde entonces un papel central en la representación jurídica de las familias.
El encuentro se realizó un día antes del duodécimo aniversario de los hechos de Iguala y forma parte de las jornadas de protesta que las familias y estudiantes de la Normal Raúl Isidro realizan para mantener su exigencia de verdad y justicia.
Tras 12 años de acudir ante distintas instancias del Estado mexicano, esta vez su reclamo llegó directamente a la presidencia del máximo tribunal del país.
El lunes, avances del caso Ayotzinapa
| Por Yulia Bonilla |
El Gobierno federal aplazó hasta el lunes la presentación de los avances y nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43, por lo que la información se dará a conocer después del duodécimo aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el reporte será presentado conjuntamente por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.
El anuncio modifica el calendario planteado previamente. El lunes pasado, la mandataria señaló que el informe sería público y debía presentarse antes del 26 de septiembre, fecha en que se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
- 135 mil personas desaparecidas registradas a mediados de 2026
Sheinbaum Pardo precisó entonces que los avances ya habían sido expuestos a los padres y madres de los jóvenes y que estaba pendiente hacerlos públicos.
La presentación se realizará después de las movilizaciones convocadas para este sábado por los familiares y estudiantes, quienes mantienen su exigencia de conocer el paradero de los normalistas y esclarecer la participación de autoridades en los hechos de septiembre de 2014.
Sobre las protestas, la mandataria aseguró que su administración no emitirá juicios respecto a las movilizaciones relacionadas con el caso, aunque reiteró su llamado a que se desarrollen de manera pacífica.
La Presidenta fue consultada sobre los reclamos que se realizaron el jueves frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya recomendación más reciente sobre el caso fue rechazada por las familias, que consideran que reduce la responsabilidad atribuida al Ejército.
Los padres y madres han cuestionado que la CNDH no incorporara sus planteamientos sobre la posible participación de militares y mantienen entre sus principales demandas la entrega de 853 folios de inteligencia militar que consideran relevantes para esclarecer lo ocurrido.
La jefa del Ejecutivo adelantó que el martes, una vez presentado el informe, podrá abordar con mayor detalle durante su conferencia los resultados y líneas de investigación que dé a conocer el Gobierno.
Pagan años de búsqueda con desgaste, afección...
| Por Claudia Arellano |
Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas, seis padres y dos madres han muerto sin conocer el destino de sus hijos desaparecidos en Iguala. Las familias que continúan la búsqueda enfrentan además enfermedades, envejecimiento y el desgaste acumulado de más de una década de movilizaciones.
Mientras el expediente por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha transitado por tres gobiernos federales y distintas etapas de investigación, seis padres y dos madres han muerto sin conocer el destino de sus hijos, de acuerdo con el recuento más reciente de familiares.
Para ellos, el tiempo no significó olvido. Cada año transcurrido fue una nueva cuenta en la espera; cada 26 de septiembre, un recordatorio de que sus hijos no habían regresado a casa.
- El Dato: Organizaciones civiles informaron el pago de 3.7 millones de euros del fabricante de armas Heckler & Koch a Alemania por la exportación ilegal de fusiles G36 a México.
La primera de estas pérdidas ocurrió en 2018, cuando murió Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello. Ese mismo año falleció Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava.
La lista aumentó en 2021, con las muertes de Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario, y Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor. En 2022 murió Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes cuyos restos fueron identificados durante las investigaciones del caso.
La búsqueda volvió a perder a uno de sus integrantes en 2025, cuando murió Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo. Meses después falleció Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez.
La pérdida más reciente ocurrió en agosto de 2026, con la muerte de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello. Su esposa, Minerva Bello, había muerto ocho años antes sin saber el destino de su hijo.
- El Tip: Asociaciones defensoras se han sumado a los reclamos contra la actuación de la CNDH en el caso.
Así, una familia que durante años buscó a su hijo terminó enfrentando una segunda ausencia: primero desapareció Everardo y después murieron sus padres sin conocer su paradero.
La historia de Ayotzinapa no sólo puede contarse desde los expedientes judiciales, las declaraciones ministeriales o las reuniones entre familiares y autoridades. También puede medirse en las sillas que quedaron vacías durante las conferencias de prensa, en las fotografías de los estudiantes que sus padres continúan llevando a las movilizaciones y en los rostros de quienes ya no pudieron llegar a otro aniversario.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, ha señalado que el movimiento de familiares ha perdido ya a dos madres y seis padres, mientras otros integrantes enfrentan problemas de salud derivados de años de desgaste.
La cifra resume una de las dimensiones menos visibles de la tragedia: la búsqueda de los 43 también ha transcurrido mientras sus familias envejecen.
Los padres que comenzaron a recorrer instituciones y calles en 2014 eran, en muchos casos, hombres y mujeres campesinos que dejaron sus comunidades para exigir una respuesta. Algunos murieron antes de obtenerla.
La desaparición de los estudiantes ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La investigación continuó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que creó nuevas instancias para esclarecer los hechos y presentó nuevas líneas de investigación. Ahora, bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum, las familias mantienen la exigencia de conocer el paradero de los jóvenes y acceder a información que consideran indispensable para esclarecer lo ocurrido.
“El tema de la desaparición es un problema fuerte, no solo le duele a 43 padres y madres, en Guerrero, también hay cientos y miles de desaparecidos en el país, no es exclusivo del caso Ayotzinapa y también lamentablemente vemos que las cifras van en aumento”, dijo Isidoro Vicario, abogado de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, en referencia a los padres que ya no están y por aquellos que siguen en búsqueda de sus hijos.
Advirtió que el caso Ayotzinapa forma parte de una problemática más amplia de desapariciones en México. Destacó que en Guerrero el caso permitió visibilizar el fenómeno y propició la organización de familiares en colectivos de búsqueda, pero señaló que las desapariciones continúan.
En agosto de 2026, después de reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, los familiares reconocieron avances en las investigaciones, pero señalaron que éstos no eran suficientes para resolver el punto central de su demanda: conocer qué ocurrió con los 43 estudiantes y dónde se encuentran.Entre sus reclamos permanece también la exigencia de acceder a información en poder del Ejército que las familias consideran relevante para esclarecer la desaparición. A casi 12 años de aquella noche, la investigación continúa abierta y las familias mantienen su exigencia de verdad y justicia.
Cada aniversario de Ayotzinapa vuelve a poner los nombres de los estudiantes en las calles con 43 fotografías que exigen justicia, pero detrás de cada una de ellas existe una familia que durante más de una década ha tenido que aprender a vivir con una ausencia que no tiene explicación definitiva ni alcanza la justicia.
Ocho de quienes comenzaron esa búsqueda ya no están. Murieron padres y madres. Quedaron hermanos, esposas, hijos y otros familiares para continuar el reclamo a quienes se les une el legado de la normal rural Isidro Burgos.
Y, mientras se acerca un nuevo 26 de septiembre, las fotografías de los 43 vuelven a levantarse sobre las calles.
Blindan Bellas Artes, Palacio Nacional y SCJN
| Por Claudia Arellano|
Autoridades capitalinas colocaron barreras metálicas alrededor de edificios públicos y puntos emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México antes de las movilizaciones por el duodécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) capitalina colocó, desde la madrugada del viernes, estructuras metálicas en los alrededores del Palacio de Bellas Artes y el Palacio Nacional, como parte del dispositivo preventivo implementado ante las movilizaciones convocadas por familiares de los estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014.
También fueron colocadas vallas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los puntos contemplados dentro de la jornada de movilizaciones de las familias y estudiantes manifestantes.
- El Tip: La movilización para el aniversario de los 43 normalistas desaparecidos está convocada hoy en el Ángel de la Independencia para partir hacia el Zócalo a las 11:00 horas.
El edificio Guardiola, ubicado en la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Francisco I. Madero, también fue rodeado con estructuras metálicas. El inmueble alberga actualmente oficinas administrativas y espacios vinculados al Banco de México (Banxico).
La instalación de las vallas ocurre un día después de que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos protestaran frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde exigieron ser recibidos por su titular, Rosario Piedra Ibarra.
La protesta forma parte de la jornada de movilizaciones que realizan las familias de los estudiantes y alumnos de distintas normales rurales rumbo al aniversario de la desaparición ocurrida en Iguala.
- 2014 fue el año en que desaparecieron los estudiantes
El viernes 25 se realizó un mitin frente a la SCJN, mientras que este sábado 26 se llevará a cabo la marcha nacional por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, con concentración en el Ángel de la Independencia y recorrido hacia el Zócalo capitalino, a las 16:00 horas.
Las movilizaciones se desarrollan en medio de los reclamos de las familias para que se esclarezca el paradero de sus hijos.
Alumnos heredan lucha: “No juzguen sin saber la historia”
| Por Yulia Bonilla |
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, las nuevas generaciones de Ayotzinapa mantienen como propia la exigencia de conocer su paradero y aseguran que ingresar al plantel implica no sólo estudiar, sino continuar una lucha que ha trascendido a quienes vivieron directamente los hechos de septiembre de 2014.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” es una consigna que permanece entre alumnos que llegaron a la escuela años después de la desaparición y que se refieren a los 43 como “sus compañeros”.
Mitchel, estudiante de la normal, explicó a La Razón que esa exigencia forma parte de la vida cotidiana de quienes se preparan como docentes y deben combinar su formación con las movilizaciones.
“Es algo complicado, ya que tenemos que estar estudiando y luchando a la vez contra el Gobierno (…) y lo que buscamos es que ya no se alargue más años. Entonces, por eso nos van a ver siempre luchando hasta no encontrar la verdad. No juzguen si no conocen la historia”, señaló.
Explicó que una de las principales dificultades que enfrentan las nuevas generaciones es el cuestionamiento público a sus formas de protesta. Consideró que las normales rurales han sido desacreditadas por las acciones que realizan para hacer visibles sus demandas.
“Desgraciadamente, si uno no toma esas armas, el Gobierno mucho menos te hace caso”, afirmó.
El plantel luce hoy instalaciones renovadas después de la reconstrucción por los daños provocados por el sismo de 2017. En sus espacios conviven la formación de futuros maestros y los símbolos que mantienen presente la desaparición.
Murales didácticos sobre el territorio guerrerense se mezclan con antorchas dibujadas como símbolo de lucha, fotografías de los rostros de los 43 y montajes mediante los cuales los estudiantes reiteran la exigencia de conocer su paradero.
Aquilino Florencio Mejía, quien fue compañero de los normalistas desaparecidos, consideró una responsabilidad que las generaciones posteriores mantengan esa exigencia y advirtió que también “tienen la tarea de prevenir quizás un poco que la desaparición forzada se agudice”.
Doce años después, aseguró, tampoco ha cambiado la respuesta que reciben muchas de las movilizaciones. “No cambia nada. Justo el hecho de que no se les dé ninguna respuesta (…) les pone vallas, que es lo que pude notar. Se sigue criminalizando, se sigue discriminando”, señaló.
Mejía, quien posteriormente amplió su formación académica en la Universidad Iberoamericana, recordó que la estigmatización también alcanzó a los estudiantes de su generación, quienes, afirmó, llegaron a ser señalados de pertenecer a grupos criminales relacionados con el caso.
Ante la información sobre la investigación que el Gobierno federal prevé presentar el lunes, el exnormalista espera que los nuevos elementos no se conviertan en “otra verdad histórica”.
“Ya tenemos tres administraciones y la respuesta fundamental que nos deberían dar, dónde están, no se nos ha dado. Esperemos que esa información tenga que ver con el apego a los derechos humanos, con el acceso a la justicia y a la verdad”, dijo.
Rupturas marcan lucha por hallar a normalistas
| Por Claudia Arellano |
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las familias ya no mantienen una estrategia común: mientras un sector continúa con movilizaciones y reuniones con autoridades, otro rompió con la representación jurídica que acompañó el caso durante una década y optó por privilegiar la vía judicial. El desgaste, las enfermedades, las muertes y las diferencias sobre cómo continuar la búsqueda de sus hijos han transformado al movimiento surgido en el lejano 2014.
Hay una fotografía que durante años pareció inamovible: decenas de padres y madres caminando juntos detrás de una manta con los rostros de sus hijos.
Cada 26 de septiembre, los familiares llegaban a la Ciudad de México desde Guerrero, subían al frente de las marchas y repetían la misma exigencia: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Pero más de una década después, aquella imagen ya no es la misma.
- El Dato: Los padres y madres de los jóvenes desaparecidos insisten en que el Ejército tiene que entregar 800 documentos sobre su actuar en la madugrada del 26 de septiembre.
El movimiento que nació alrededor de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se ha fragmentado. Algunos continúan participando en las movilizaciones y reuniones con el Gobierno; otros decidieron separarse del grupo que durante años compartió una misma representación jurídica; y hay familiares que, de acuerdo con recuentos periodísticos, dejaron de participar en el proceso público de búsqueda.
La división no significa necesariamente que hayan dejado de buscar a sus hijos. En algunos casos significa algo más complejo: ya no creen que la misma estrategia que utilizaron durante una década sea suficiente para encontrar respuestas.
La fractura se hizo visible públicamente en 2024, cuando un grupo de familiares se separó del colectivo que había mantenido como representante legal al abogado Vidulfo Rosales.
El grupo, encabezado públicamente por Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes sobrevivientes de la noche de Iguala y entonces vocero de los familiares, tomó distancia tanto de Rosales como del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los inconformes cuestionaron la forma en que se había conducido la representación del caso y reclamaron, entre otras cosas, falta de información y avances en las investigaciones.
Ese sector creó el colectivo “Por la Verdad y Justicia de los 43” y comenzó a trabajar con otro equipo jurídico proporcionado mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En septiembre de 2024, el nuevo grupo estaba integrado por 19 familiares, de acuerdo con reportes periodísticos.
Mientras el grupo tradicional mantuvo las movilizaciones como una herramienta central de presión, el sector encabezado por Felipe De la Cruz planteó privilegiar la vía jurídica y acciones que calificó como pacíficas. Meses más tarde, en enero de 2025, incluso se confirmó que este grupo dejaría la protesta en calles y avenidas para concentrarse solamente en la vía judicial.
Felipe de la Cruz ha cuestionado públicamente la representación que acompañó a las familias durante años. Al anunciar la separación, sostuvo que Rosales y Santiago Aguirre, del Centro Prodh, habían acompañado el caso durante más de una década, pero que, a juicio de su grupo, no habían logrado avanzar en las investigaciones como esperaban.
También planteó que buscarían una representación jurídica distinta y nuevas denuncias contra funcionarios involucrados en la llamada “verdad histórica”, creada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Vidulfo Rosales continuó siendo identificado durante buena parte de ese periodo con el sector que mantuvo la estrategia jurídica anterior, hasta su renuncia en agosto de 2025. Su salida marcó otro cambio en una causa que, durante años, había tenido una estructura de representación relativamente estable.
Mientras el grupo de Felipe de la Cruz modificó su estrategia, otros padres y madres continuaron encabezando las movilizaciones en Guerreo y CDMX.
En junio de 2026, familiares realizaron una jornada de lucha en la Ciudad de México y denunciaron obstáculos para ingresar a la capital. A pesar de que tuvieron que cancelar algunas actividades, aseguraron expresamente que regresarían y que no abandonarían el movimiento. Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, ha sido una de las voces que permanecen activas. Reclamó que varias líneas de investigación se han detenido y exigió que la FGR retomara los trabajos o explicara si serían sustituidos por nuevas líneas.
“Mientras no lleguemos a la verdad, vamos a seguir aquí gritando por las calles”, declaró María Tlatempa.
INE descarta reducir casillas en 2027 pese a recorte presupuestal de 6 mmdp
