A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes fueron recibidos por primera vez por un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante quien plantearon agilizar los asuntos judiciales relacionados con el caso y revisar los recursos que permanecen pendientes.
El encuentro con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ocurrió ayer en la sede del máximo tribunal y marcó un hecho inédito desde los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante casi 12 años, las familias han sostenido reuniones con autoridades de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, además de fiscales, funcionarios de Gobernación y representantes de otras instituciones, pero no habían sido recibidas por quien encabeza la Corte.
- El Dato: familiares de los normalistas también solicitaron que la SCJN mantenga abiertas sus puertas para dar seguimiento al caso y que el diálogo no se limite al aniversario.
La reunión comenzó alrededor de las 14:00 horas, después de que los familiares ingresaron al edificio por la calle Erasmo Castellanos, debido al cerco de vallas metálicas instalado alrededor del recinto judicial con motivo de las movilizaciones por el aniversario del caso.
Al concluir el encuentro, Isidoro Vicario, abogado de las familias, informó que Aguilar Ortiz se comprometió a analizar los expedientes vinculados con Ayotzinapa y a buscar que se agilice la resolución de los amparos pendientes.
Uno de los asuntos centrales fue el litigio relacionado con 853 folios de inteligencia militar, cuya entrega reclaman las familias. La defensa explicó que hicieron especial énfasis en el amparo 1350/2023, promovido por los padres y madres y resuelto en febrero pasado por un juzgado federal, que ordenó al Ejército entregar información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, y otras instancias de inteligencia militar.
Los familiares también solicitaron revisar otros recursos judiciales relacionados con Ayotzinapa. De acuerdo con su representante, el presidente de la Corte ofreció gestionar una reunión con la ministra Yasmín Esquivel, a quien fue turnado uno de los asuntos planteados por las familias.
El máximo tribunal ha conocido durante los últimos años distintos recursos derivados del caso. En 2024, por ejemplo, tenía bajo revisión amparos promovidos contra decisiones relacionadas con ocho personas vinculadas con el caso, un asunto cuya resolución había sido aplazada.
Antes de ingresar a la Corte, Isidro Vicario lamentó que las familias fueran recibidas con un dispositivo de seguridad y recordó que durante casi 12 años su exigencia ha sido conocer qué ocurrió con los estudiantes y dónde se encuentran.
“Lamentamos que también hoy nos reciban con este cerco, cuando hemos reiterado en diversas ocasiones a lo largo de estos 12 años que la lucha de los padres y madres de los 43 sólo busca saber la verdad”, expresó.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa, señaló que una de las principales exigencias sigue siendo profundizar en la información recabada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), particularmente la relacionada con documentos de inteligencia militar.
Las familias sostienen que existen archivos generados en instalaciones militares de Iguala que pueden aportar elementos para esclarecer lo ocurrido. Tlatempa Bello señaló que el acceso a esa documentación es una de las principales exigencias para avanzar en la búsqueda de sus hijos.
Además, cuestionó que, después de tres administraciones federales, los familiares continúen sin conocer el paradero de los jóvenes y aseguró que se sienten desprotegidos ante la falta de resultados.
La llegada de los padres a la Corte ocurre además en un momento particular en la relación entre el movimiento de Ayotzinapa y el Poder Judicial.
Vidulfo Rosales, quien durante casi 11 años encabezó la representación jurídica de las familias desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dejó esa responsabilidad en agosto de 2025 y posteriormente se incorporó al equipo del hoy presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Isidoro Vicario asumió desde entonces un papel central en la representación jurídica de las familias.
El encuentro se realizó un día antes del duodécimo aniversario de los hechos de Iguala y forma parte de las jornadas de protesta que las familias y estudiantes de la Normal Raúl Isidro realizan para mantener su exigencia de verdad y justicia.
Tras 12 años de acudir ante distintas instancias del Estado mexicano, esta vez su reclamo llegó directamente a la presidencia del máximo tribunal del país.
El lunes, avances del caso Ayotzinapa
| Por Yulia Bonilla |
El Gobierno federal aplazó hasta el lunes la presentación de los avances y nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43, por lo que la información se dará a conocer después del duodécimo aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el reporte será presentado conjuntamente por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.
El anuncio modifica el calendario planteado previamente. El lunes pasado, la mandataria señaló que el informe sería público y debía presentarse antes del 26 de septiembre, fecha en que se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
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Sheinbaum Pardo precisó entonces que los avances ya habían sido expuestos a los padres y madres de los jóvenes y que estaba pendiente hacerlos públicos.
La presentación se realizará después de las movilizaciones convocadas para este sábado por los familiares y estudiantes, quienes mantienen su exigencia de conocer el paradero de los normalistas y esclarecer la participación de autoridades en los hechos de septiembre de 2014.
Sobre las protestas, la mandataria aseguró que su administración no emitirá juicios respecto a las movilizaciones relacionadas con el caso, aunque reiteró su llamado a que se desarrollen de manera pacífica.
La Presidenta fue consultada sobre los reclamos que se realizaron el jueves frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya recomendación más reciente sobre el caso fue rechazada por las familias, que consideran que reduce la responsabilidad atribuida al Ejército.
Los padres y madres han cuestionado que la CNDH no incorporara sus planteamientos sobre la posible participación de militares y mantienen entre sus principales demandas la entrega de 853 folios de inteligencia militar que consideran relevantes para esclarecer lo ocurrido.
La jefa del Ejecutivo adelantó que el martes, una vez presentado el informe, podrá abordar con mayor detalle durante su conferencia los resultados y líneas de investigación que dé a conocer el Gobierno.
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