El lugar de residencia todavía marca diferencias en el acceso al aborto seguro en México. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, el IMSS-Bienestar atendió en la Ciudad de México 19 mil 300 interrupciones legales del embarazo, de las cuales al menos cinco mil 514 correspondieron a personas procedentes de otras entidades del país. El Estado de México concentró cuatro mil 170 casos, seguido de Puebla, con 221; Oaxaca, con 189; Veracruz, con 151; Hidalgo, con 124, y Guerrero, con 104.
De acuerdo con los registros oficiales, casi tres de cada 10 procedimientos realizados durante ese periodo correspondieron a residentes de otros estados. La capital cuenta actualmente con 15 unidades médicas que ofrecen interrupción legal del embarazo mediante medicamentos, procedimientos quirúrgicos o ambas modalidades, dentro de una red que incluye centros de salud y hospitales públicos.
En San Simón Zahuatlán, Oaxaca, donde 99.6 por ciento de la población se encontraba en pobreza en la última medición municipal disponible, una persona debe recorrer alrededor de 242 kilómetros por carretera para llegar a Oaxaca de Juárez, donde se concentra una parte de las unidades públicas que ofrecen este procedimiento. El trayecto en automóvil supera las tres horas y media.
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- El Dato: El uso del legrado instrumental ya no está recomendado para la atención del aborto en el primer trimestre del embarazo. Su uso se asocia a mayor riesgo de complicaciones.
La distancia se repite en otras zonas con altos niveles de carencias. Coicoyán de las Flores, también en territorio oaxaqueño, registró 99.3 por ciento de habitantes en pobreza y se encuentra a unos 184 kilómetros por carretera de Santiago Pinotepa Nacional, donde opera uno de los Servicios de Aborto Seguro (SAS). El recorrido estimado rebasa las tres horas, sin considerar tiempos adicionales por transporte colectivo, conexiones o condiciones del camino.
Oaxaca contaba en marzo de 2025 con 12 unidades validadas para ofrecer esta atención, distribuidas entre la capital, San Jacinto Amilpas, Tlalixtac de Cabrera, Villa de Zaachila, Villa Sola de Vega, San Pedro Tapanatepec, San Juan Bautista Tuxtepec y Santiago Pinotepa Nacional. Desde la despenalización en 2019 hasta ese corte, las autoridades estatales reportaron dos mil 590 interrupciones legales del embarazo.
Desde abril de 2026, la Secretaría de Salud concentra, en un directorio nacional, los establecimientos disponibles en sistemas estatales, IMSS-Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). La política federal establece que la atención debe resultar oportuna, integral, resolutiva y accesible, además de contemplar medicamentos, aspiración manual endouterina, manejo del dolor y anticoncepción posterior.
Una revisión de los municipios con mayor proporción de pobreza muestra, sin embargo, que la brecha territorial no es uniforme. Mientras ciertas comunidades cuentan con atención dentro de su región, otras requieren traslados que superan los 100 o 200 kilómetros. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ubicó entre los 15 porcentajes más altos del país a localidades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con registros que oscilaron entre 98.5 y 99.6 por ciento durante 2020.
- 13 mil 353 abortos se realizaron en la CDMX durante 2025
Human Rights Watch documentó el costo que estos desplazamientos pueden tener para quienes buscan interrumpir un embarazo. En una investigación sobre el Estado de México encontró recorridos de hasta ocho horas para llegar a la Ciudad de México, además de gastos de transporte, pérdida de jornadas laborales y, en algunos casos, necesidad de alojamiento ante la imposibilidad de recibir atención el mismo día. La organización señaló que esas cargas afectan particularmente a personas en situación de pobreza, adolescentes y quienes tienen alguna discapacidad o responsabilidades de cuidado.
Guillermina Edith Juárez Leyva, fundadora de Mano Vuelta A.C. e integrante de una red que trabaja con mujeres indígenas y afromexicanas en Oaxaca, advirtió en marzo pasado que los cambios legales no resuelven por sí solos las barreras sanitarias.
“Se necesitan presupuestos adecuados para que el aborto sea plenamente accesible para todas”, sostuvo. También identificó falta de intérpretes, materiales en lenguas originarias, personal e insumos en comunidades alejadas.
Aunque Oaxaca despenalizó el aborto desde 2019, la experiencia de Bricia, nombre utilizado para proteger su identidad, muestra lo que significa habitar lejos de la infraestructura médica. La joven recorrió tres horas por una carretera en malas condiciones hasta llegar a un cibercafé desde donde solicitó acompañamiento para interrumpir su embarazo con medicamentos. Una colectiva respondió a distancia, porque acudir físicamente a una unidad implicaba otro desplazamiento prolongado.
Cristina Quijano Carrasco, investigadora de Human Rights Watch, ha advertido que las dificultades no desaparecen incluso donde existen supuestos legales para recibir atención. “Las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que buscan abortar continúan enfrentando obstáculos significativos de acceso en México”.
A escala nacional, 24 entidades habían despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo al menos durante un periodo determinado de la gestación hasta junio de 2026. Sin embargo, el propio semáforo normativo de GIRE aclara que su evaluación considera códigos penales, regulación sanitaria, políticas públicas y causales legales, pero no mide si una clínica se encuentra disponible o resulta accesible para quien necesita llegar hasta ella.
AVANCES
Acciones en 55 mil 345 atenciones en el primer trimestre de 2024.
- 1 de cada 5 ocurrió en adolescentes entre 15 a 19 años.
- Se registraron 696 en niñas y adolescentes menores de 15 años.
- 6.5% son personas indígenas y afromexicanas.
- 1% correspondió a personas migrantes.
- Los registros no permiten identificar personas con discapacidad.
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