A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal abrió cuatro nuevas rutas de análisis de documentos y registros telefónicos, con una metodología que incorpora elementos técnicos y científicos mediante un modelo riguroso de inteligencia para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Esta investigación esta basada en evidencias reales y no sólo en testimonios. El hallazgo de restos óseos, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un horno clandestino y certificados de defunción firmados, sellados y sin llenar, llevó a la detención de Rodolfo “N”, propietario de la funeraria El Ángel, en Iguala, y de su hijo del mismo nombre, entre septiembre y octubre de 2025. Ambos fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva.
- El Dato: el cruce técnico de más de 80 mil llamadas detectó que, a través de dispositivos celulares, se realizaron enlaces que conectaban al Campo Militar número 1 con el Cisen.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Secretaría de Gobernación (Segob), informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga si la funeraria pudo ser utilizada para ocultar cuerpos o eliminar evidencias.
Muestra de ello, son la relación de la funeraria con el Semefo que eran contiguos y de un mismo Dueño. La hipótesis está respaldada por testimonios.
En rueda de prensa, los funcionarios informaron que, como resultado de las indagatorias, se localizaron documentos de traslados e inhumaciones sin llenar.
En el Servicio Médico Forense (Semefo) relacionado con el predio se encontraron restos humanos sin registro, expedientes duplicados, piezas dentales y cuerpos calcinados.
Hasta junio de 2026, las diligencias permitieron localizar 23 indicios. Un fragmento recuperado en marzo coincidió genéticamente con otro localizado en 2021, a 123 kilómetros. Pazarán Álvarez precisó que los primeros restos encontrados detrás de la funeraria ya fueron analizados y coincidieron con una persona localizada en 2021 en Taxco. Los demás siguen pendientes.
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Arturo Medina subrayó que no se trata de un hallazgo aislado, ya que fueron localizados cientos de fragmentos y algunos no coinciden con las muestras genéticas de los padres. A petición de las familias, el Equipo Argentino de Antropología Forense revisa los fragmentos.
El subsecretario destacó los certificados de defunción “firmados en blanco”, con sello y firma, que podían ser llenados posteriormente, ya que el propietario de la funeraria también es concesionario del Semefo y tuvo comunicación con integrantes de la delincuencia organizada.
La otra ruta de investigación surgió del análisis de las comunicaciones y del uso posterior de teléfonos de los normalistas; lo anterior permitió identificar a 17 nuevos sujetos de investigación, entre ellos, elementos de la Policía de Guerrero y personas presuntamente relacionadas con Los Bélicos y Guerreros Unidos.
El teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño registró actividad entre el 23 y el 25 de octubre de 2014, casi un mes después de su desaparición.
La FGR identificó como usuario a un exservidor público de Iguala y obtuvo en agosto de 2026 una orden de aprehensión en su contra. Los teléfonos de Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez también fueron usados después por personas vinculadas con policías y servidores públicos. Estas nuevas líneas de investigación dejan muy clara, una red de vínculos y corrupción en Guerrero
Medina vinculó estos registros con una línea que apunta la barandilla de Iguala. A las comunicaciones se suman declaraciones de expolicías municipales, dos integrantes de la delincuencia organizada y un estudiante sobreviviente, quienes ubican a los jóvenes en ese sitio.
Según el subsecretario, estos elementos contradicen la versión de Ulises “N”, entonces juez de barandilla en la comandancia de la Policía Municipal, quien negó que los estudiantes hubieran sido presentados ahí y obtuvo asilo en EU, y confió en que puedan traerlo a México.
También se investiga el testimonio de un menor identificado como “niño halcón”, quien habría formado parte de Guerreros Unidos y presenciado los hechos.
En medio de estos avances, la Presidenta sostuvo que los padres de los 43 normalistas ya conocían el contenido del informe, luego de que familiares expresaran su inconformidad por recibir, hasta el último momento, la invitación.
Sheinbaum subrayó que el expediente permanece abierto y que el informe no representa una conclusión: “No está cerrada la investigación”.
Sobre la petición de los familiares para recuperar el acompañamiento internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), descartó su regreso al explicar que ese mecanismo dejó de existir. No obstante, aseguró que México solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una valoración de especialistas que puedan incorporarse al caso.
La Presidenta sostuvo que las nuevas metodologías de investigación e inteligencia permiten revisar aspectos no explorados, por lo que pidió a Medina responder las dudas.
Padres de los 43 acusan exclusión y retroceso
| Por Claudia Arellano |
Padres y madres de los normalistas expresaron preocupación por lo que consideran un retroceso en el esclarecimiento del caso y cuestionaron no haber participado en la presentación pública del nuevo informe federal. Mantienen como reclamos centrales conocer el paradero de sus hijos y obtener información militar que consideran pendiente.
Las familias no fueron convocadas a la presentación pública del informe sobre el caso, realizada este lunes en la Secretaría de Gobernación.
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La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó por la mañana que los padres ya conocían el contenido del informe y que no se daría a conocer información distinta a la que se les había presentado.
El escenario fue recibido con inconformidad por los familiares, quienes han insistido en que, después de 12 años, la prioridad debe seguir siendo conocer el paradero de los estudiantes, esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y determinar las responsabilidades.
Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, habló del desgaste que ha dejado una búsqueda que se ha prolongado por más de una década.
En el contexto de las movilizaciones por los 12 años de la desaparición de los estudiantes, González expresó que las familias enfrentan enfermedades y el paso del tiempo, mientras continúan sin conocer el paradero de sus hijos.
“Ya tenemos enfermedades crónicas todos los padres y la vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos”, señaló.
El padre de César Manuel también ha mantenido el reclamo de que el Ejército entregue la información de inteligencia que las familias consideran relevante para esclarecer lo ocurrido en Iguala.
Los familiares han exigido la entrega de más de 800 folios de inteligencia militar que, sostienen, permanecen pendientes de ser incorporados a la investigación. Un tribunal federal ordenó este año a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información de inteligencia de 2014, mientras persiste la disputa sobre los documentos que las familias consideran faltantes.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, también cuestionó el curso que ha tomado la investigación y recordó las expectativas que generó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando asumió el compromiso de esclarecer la desaparición de los estudiantes.
Sheinbaum Pardo sostuvo que la investigación “no está cerrada” y adelantó que el informe contempla líneas construidas a partir de nuevas metodologías, así como del análisis de información de las carpetas de investigación y de teléfonos relacionados con los hechos.
