LA MINISTRA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa planteó la relevancia de que la legislación electoral de Chihuahua garantice acciones afirmativas que garanticen la representación a las personas con discapacidad y sostuvo que las conductas relacionadas con violencia, intimidación o manipulación del electorado deben recibir sanciones que protejan la equidad de la contienda electoral.
Durante la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103 en el pleno del máximo tribunal, Esquivel Mossa respaldó la invalidez de una disposición de la Ley Electoral de Chihuahua que permitía a los partidos destinar dos por ciento de las candidaturas a regidurías indistintamente a personas de la diversidad sexual o con discapacidad permanente.
Consideró que ese diseño podía provocar que alguno de los dos grupos quedara excluido de las postulaciones, por lo que pidió que el Instituto Estatal Electoral implemente oportunamente las acciones afirmativas y que el Congreso local legisle para garantizar su protección.
Recordó que durante el proceso electoral 2023-2024 el organismo electoral de Chihuahua estableció que en 12 municipios debían postularse seis fórmulas por cada uno de esos grupos, mecanismo que permitió aplicar las medidas afirmativas.
Respecto a la disposición sobre la pérdida del registro de candidaturas por infracciones vinculadas con actos delictivos, sostuvo que en una democracia no deben tolerarse conductas como violencia, intimidación, amenazas, presión o manipulación del electorado y que sancionarlas protege “la equidad de la contienda y la autenticidad de las elecciones”.
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