La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que permitían cancelar candidaturas por infracciones relacionadas con actos delictivos.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103, promovidas por legisladores locales, de Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el pleno determinó que algunas de las sanciones aprobadas por el Congreso estatal vulneraban los principios constitucionales.
Entre las disposiciones invalidadas se encontraba la pérdida del registro de candidaturas por infracciones vinculadas con violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión o manipulación que incidieran en una elección. La mayoría de juristas consideró que el esquema impedía individualizar las sanciones y valorar la gravedad y circunstancias de cada conducta.
La ministra Yasmín Esquivel se apartó de ese criterio al sostener que actos de violencia, amenazas o manipulación afectan la equidad de la contienda y la autenticidad de los comicios.
La Corte también invalidó la responsabilidad atribuida a una candidatura por el solo hecho de obtener un beneficio de actos cometidos por terceros, al considerar necesaria una base personal de imputación para imponer una sanción.
Además, determinó que el Congreso de Chihuahua fue omiso al armonizar su legislación sobre causales de nulidad relacionadas con injerencia extranjera y declaró inválida la cuota conjunta de dos por ciento establecida para candidaturas a regidurías de personas con discapacidad y de la diversidad sexual. El Legislativo local deberá corregir las disposiciones para procesos posteriores.
MARU CRITICA FALLO. Tras la resolución del máximo tribunal, la gobernadora Maru Campos acusó que la Corte eliminó disposiciones con las que Chihuahua pretendía impedir que una candidatura beneficiada por la intervención del crimen organizado conservara su registro.
“La Corte le quitó a la reforma de Chihuahua lo que a Morena le estorba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes en las elecciones; Chihuahua era el primer estado que le había cerrado esa puerta al crimen”, escribió la gobernadora en un comunicado.
- EL DATO: EL CAMBIO al 41 constitucional, que convirtió la injerencia extranjera en causal de nulidad, fue aprobado por el Congreso y los estados entre mayo y junio de este año
La mandataria también responsabilizó políticamente a Morena, al señalar que ese partido votó contra las disposiciones en el Congreso estatal y posteriormente acudió a la SCJN para impugnarlas.
“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura”, sostuvo.
Campos afirmó que las normas buscaban establecer consecuencias ante el financiamiento ilícito, las amenazas y la violencia para influir en los resultados de una elección, y advirtió que su gobierno buscará una nueva vía para restablecer las medidas invalidadas.
“El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no”, señaló la gobernadora, quien sostuvo que el estado acatará la resolución judicial, pero no renunciará a impulsar nuevos mecanismos contra la intervención criminal en los comicios.
Campos destacó que Esquivel votó contra el criterio de la mayoría en este apartado y anunció que recurrirá al Congreso estatal para construir una alternativa compatible con lo resuelto por la Corte: “Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega”.
