México avanzó hacia un modelo más restrictivo para quienes aspiran a los principales cargos ejecutivos del país. La reforma aprobada por el Senado no sólo mantiene la exigencia de ser mexicano por nacimiento, sino que añade una condición distinta, contar exclusivamente con esa nacionalidad.
El cambio coloca al país dentro de un grupo reducido de sistemas que separan el derecho de sus ciudadanos a conservar más de una nacionalidad de los requisitos especiales para ejercer el poder. La diferencia resulta central. Nacer con una ciudadanía, adquirirla después y poseer dos vínculos nacionales no significan lo mismo en términos jurídicos.
Hasta ahora, el artículo 32 constitucional ya establece que algunos cargos sólo pueden ser ocupados por mexicanos por nacimiento. La reforma amplía esa restricción para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al impedir también que aspiren quienes tengan una segunda nacionalidad desde su nacimiento.
- EL DATO: EL EMBAJADOR de México en EU, Roberto Lazzeri, sostuvo que el debate no gira en torno a si una persona es más o menos mexicana, sino sobre las obligaciones que deben cumplir.
Un contraste claro aparece en Estados Unidos. Su Constitución exige que quien ocupe la Presidencia sea ciudadano estadounidense por nacimiento, pero no ordena que esa persona tenga una sola nacionalidad. El gobierno federal reconoce además que un estadounidense puede conservar otra ciudadanía sin perder automáticamente la propia.
Australia se acerca más al modelo que México busca establecer, aunque coloca la restricción en el Parlamento federal y no en los cargos. Ese país permite la doble nacionalidad, pero su Constitución impide ocupar un escaño a quien conserve la ciudadanía de otro Estado.
Tras una crisis política en 2017, el Tribunal Superior australiano revisó la elegibilidad de varios legisladores y confirmó que la segunda nacionalidad puede impedir el acceso al Parlamento aun cuando la persona no supiera que la tenía. Los aspirantes deben tomar las medidas razonables necesarias para desprenderse de ese vínculo antes de competir por un escaño.
Brasil ofrece una diferencia importante. Su Constitución reserva la presidencia, la vicepresidencia, las presidencias de ambas cámaras del Congreso, el Supremo Tribunal Federal, la carrera diplomática, ciertos cargos militares y el Ministerio de Defensa a brasileños por nacimiento.
Esa condición no significa, sin embargo, que deban poseer únicamente la nacionalidad brasileña. Desde 2023, la adquisición voluntaria de otra ciudadanía tampoco provoca por sí misma la pérdida de la brasileña. El caso muestra que un Estado puede reservar sus posiciones más altas a nacionales de origen sin convertir la doble nacionalidad en una causa automática de exclusión.
Rusia también endureció las condiciones para su cúpula política. Su Constitución establece impedimentos relacionados con otras ciudadanías y permisos de residencia extranjeros para la Presidencia y distintos cargos del Estado. En ese modelo, la restricción recae de manera específica sobre quienes pretenden ejercer determinadas funciones públicas.
Fuera del Grupo de los Veinte, Filipinas ofrece uno de los ejemplos más útiles para distinguir nacionalidad y derechos políticos. Su legislación permite en determinados casos conservar o recuperar la ciudadanía filipina, pero exige a ciertas personas renunciar de manera expresa a la extranjera si buscan competir por un cargo de elección popular.
Expertos en ciudadanía han documentado que la percepción sobre esos vínculos cambió de forma profunda durante las últimas décadas. Peter Spiro, especialista en nacionalidad, explicó que durante buena parte de los siglos XIX y XX varios Estados asociaron la doble ciudadanía con conflictos de lealtad, servicio militar y protección diplomática.
Con el aumento de la movilidad internacional, numerosos países modificaron esa postura y comenzaron a aceptar que una persona pudiera conservar vínculos jurídicos con más de un Estado. Ese proceso no eliminó las restricciones para puestos sensibles, pero sí separó con mayor claridad la ciudadanía ordinaria de las condiciones impuestas a quienes ejercen determinadas funciones públicas.
Advierten exclusión por enmienda
Por: E. Hernández y T. Gómez
LA AMERICAN Society of Mexico (AmSoc) rechazó la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al considerar que restringe derechos políticos de millones de ciudadanos con doble nacionalidad.
Larry Rubin, presidente de AmSoc, sostuvo que la medida alcanza a 15 millones de ciudadanos en México y dos millones de migrantes. Cuestionó que el proceso avanzara sin un parlamento abierto con especialistas y asociaciones.
Desde su perspectiva, contar con otra ciudadanía no reduce la condición de mexicano ni debe impedir la participación en una contienda electoral. También pidió distinguir entre quienes adquirieron una segunda ciudadanía y quienes la poseen por nacimiento.
Para el dirigente, la reforma crea dos categorías entre ciudadanos y coloca límites innecesarios a quienes mantienen vínculos jurídicos con otro país, y adelantó que la organización buscará revertir sus efectos.
Además, rechazó que tener dos ciudadanías pueda asociarse con falta de fidelidad hacia el país. Como ejemplo, recordó que jugadores de la Selección Mexicana cuentan con otra nacionalidad sin que ello implique una sospecha sobre su compromiso.
“Nuestro llamado es que verdaderamente piensen en México antes que en su propio partido”, expresó y solicitó abrir espacios de discusión con los sectores involucrados antes de concluir el proceso legislativo.
La reforma establece que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y locales deberán contar sólo con la nacionalidad mexicana y, en caso de tener otra, renunciar a ella antes de solicitar el registro.
