La reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya alcanzó los votos necesarios para convertirse en parte de la Constitución, luego de que al menos 20 congresos estatales aprobaron el proyecto.
El artículo 135 constitucional establece que las reformas a la Carta Magna requieren la aprobación del Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Con 32 entidades federativas, el mínimo es de 17; por lo que los 20 votos aprobatorios registrados hasta ahora superan el umbral requerido. El mismo artículo señala que posteriormente corresponde al Congreso de la Unión realizar el cómputo y la declaración de aprobación.
- El Dato: la asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF rechazó y calificó como un retroceso la reforma sobre la nacionalidad única.
Las legislaturas que han avalado la reforma son Tabasco, Ciudad de México, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Sonora, Zacatecas y Puebla.
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La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna para establecer que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si cuentan con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
Una vez en el cargo, la persona tampoco podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de un gobierno extranjero.
La modificación no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. El cambio se concentra en quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o alguno de los poderes ejecutivos locales contemplados en la reforma.
Durante el debate legislativo hubo posiciones encontradas. Quienes respaldaron la reforma argumentaron que los titulares de estos cargos deben mantener un vínculo jurídico-político exclusivo con México. En contraste, legisladores de oposición cuestionaron que la medida pueda restringir los derechos político-electorales de mexicanos con doble nacionalidad.
El senador panista Miguel Márquez Márquez sostuvo durante la discusión: Tener dos nacionalidades no hace a una persona menos mexicana”.
La reforma contempla, además, un régimen transitorio que establece que, aunque el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sus nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028. Por ello, los comicios de 2027 no estarán sujetos a este nuevo requisito. Tampoco afectará a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos cuando entre en vigor.
Con los votos estatales ya registrados, la reforma se encuentra en la etapa final de su procedimiento constitucional. Falta que el Congreso de la Unión realice formalmente el cómputo y emita la declaratoria de aprobación, antes de que el decreto continúe hacia su promulgación.
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