El ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, volvió a colocar bajo la lupa la presencia de discursos misóginos y comunidades digitales vinculadas con la llamada cultura incel, particularmente después de que en redes sociales comenzaran a difundirse publicaciones atribuidas a los probables responsables.
La agresión contra la subdirectora del plantel, quien murió, y las lesiones provocadas a otras cuatro personas abrieron también un debate sobre la manera en que las autoridades, escuelas, familias y plataformas digitales deben identificar y atender señales de radicalización antes de que determinados discursos trasciendan de las pantallas al mundo físico.
Sin embargo, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, llamó a evitar que un caso de alto impacto sea utilizado para construir una conclusión general sobre las juventudes.
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“Un caso extremo no prueba que toda una generación es peligrosa”, sostuvo.
El especialista subrayó que las dos personas detenidas por el ataque tienen 18 años y son exalumnas del plantel, por lo que jurídicamente son personas adultas y no adolescentes. Por ello, consideró incorrecto utilizar el caso como evidencia de una supuesta “violencia adolescente” o como argumento para modificar el sistema de justicia penal para adolescentes.
Pérez García planteó que la gravedad o espectacularidad de un hecho no permite determinar por sí misma que existe un incremento de determinada conducta entre las juventudes.
Para establecer una tendencia, explicó, sería necesario contar con series estadísticas comparables, definiciones claras del fenómeno, cifras absolutas y tasas respecto de la población, diferencias territoriales y comparaciones entre varios años, además de información sobre denuncias, investigaciones, procesos y sentencias.
En ese sentido, recordó que el Inegi cuenta con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL), cuya serie integrada disponible abarca el periodo 2017-2023.
La precisión resulta relevante en una discusión en la que un hecho particularmente violento puede generar la percepción de que existe una ola de agresiones protagonizadas por adolescentes, aunque para sostener esa afirmación se requieren datos que permitan establecer frecuencia y evolución.
“Que ocurrió algo terrible” y “necesitamos penas más duras”, sostuvo el especialista, son afirmaciones diferentes.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia también cuestionó que después de hechos de alto impacto aparezcan de manera recurrente propuestas como revisiones de mochilas, detectores, controles de acceso, vigilancia permanente o mayor presencia policial en las escuelas.
No se trata, planteó, de descartar de antemano cualquier medida de seguridad, sino de preguntarse qué riesgo pretende reducir cada una, si existe evidencia de que funciona, cuál es su costo, qué derechos puede afectar y qué mecanismos preventivos ya existían antes de la agresión.
México, recordó, ya cuenta con un sistema de justicia para responder a conductas graves cometidas por adolescentes. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla distintas medidas y permite el internamiento para determinados delitos graves, mientras que la Constitución establece que esta medida debe utilizarse como último recurso, durante el tiempo más breve posible y únicamente respecto de adolescentes mayores de 14 años.
Por ello, convertir el caso de Torreón en un argumento para endurecer las reglas aplicables a toda la población adolescente implicaría pasar de la responsabilidad individual a la criminalización colectiva.
El fenómeno incel —abreviatura de involuntary celibate, o “célibe involuntario”— surgió como una identidad vinculada con personas que experimentaban dificultades para establecer relaciones afectivas o sexuales, pero algunos espacios evolucionaron hacia comunidades en las que se reproducen discursos antifeministas, misoginia y, en ciertos casos, glorificación de agresores y violencia.
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