Tras un año de operación del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso cambios a las leyes que regulan su funcionamiento para ajustar la estructura creada con la reforma judicial de 2024.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, entregó ayer a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, un paquete de propuestas para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo.
El planteamiento, elaborado conjuntamente por los cuatro órganos que integran el PJF, busca fortalecer la coordinación institucional, dar mayor autonomía administrativa a los órganos superiores y agilizar procesos internos, sin aumentar la burocracia ni el gasto.
Por su parte, Alcalde Luján afirmó que la propuesta no contempla una expansión de la estructura judicial. “No es una reforma que implique más burocracia, más costo, más personal, sino el funcionamiento interinstitucional”, señaló.
El paquete resulta de reuniones entre los titulares de la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el Tribunal Electoral y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), para adecuar leyes secundarias a las reformas constitucionales y a la experiencia del primer año del modelo.
Uno de los principales cambios plantea redistribuir responsabilidades administrativas. El OAJ conservará la conducción global mediante lineamientos generales, mientras cada órgano superior tendrá unidades administrativas para atender sus necesidades específicas.
El presidente del máximo tribunal explicó que este esquema reducirá los tiempos de diversos trámites, debido a que ahora algunas decisiones deben pasar por el órgano de administración.
La propuesta contempla que la Corte pueda crear dos secciones para desahogar asuntos ante una carga excesiva de trabajo. No podrán generar jurisprudencia ni modificar criterios jurisprudenciales, y atenderían casos que no requieran un debate amplio ante el pleno.
En el TDJ se plantea crear una unidad especializada para investigar asuntos prioritarios. Para el Tribunal Electoral se propone precisar sus competencias en materia laboral y establecer reglas para evaluar a las salas regionales.
También se incorporan diversas disposiciones para garantizar la continuidad de los órganos jurisdiccionales ante ausencias, vacantes, licencias o impedimentos, y facultades para resolver adscripciones de personal dentro de un mismo circuito judicial.
El ministro Hugo Aguilar señaló que la reorganización irá acompañada de medidas de austeridad y de una revisión de estructuras. Informó que en la Corte ya se eliminó una dirección, otras áreas están bajo análisis y se recortaron plazas relacionadas con exministros.
“Austeridad no va a representar sacrificio de la calidad y de la atención de la justicia al pueblo de México”, afirmó.
La consejera jurídica aseguró que el Ejecutivo federal integrará las propuestas al paquete legislativo que se presentará ante el Congreso, y consideró relevante que surgieran de los propios órganos judiciales tras un año de operación del nuevo esquema.
“Nadie mejor que ustedes conoce las áreas de oportunidad”, sostuvo.
La iniciativa tiene la finalidad de “fortalecer los mecanismos de control y coordinación”, de acuerdo con Aguilar Ortiz, para servir mejor al pueblo.