Ricardo Thompson Navarro, vocal del Consejo de Administración de Ingemar y uno de los empresarios a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye participación en una red de contrabando de combustibles por ferrocarril vinculada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, dejó el penal del Altiplano luego de que un juez ordenó que permaneciera en su domicilio de Ensenada, Baja California. Con su salida, al menos cinco imputados del mismo caso cumplen ya la prisión preventiva fuera de un centro penitenciario.
El cambio se conoció por una diligencia relacionada con un juicio de amparo. Un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México acudió al Altiplano para notificar al empresario sobre escritos de desistimiento, pero personal penitenciario le informó que ya había abandonado el lugar.
Los registros judiciales consultados hacen referencia al amparo 980/2026 y ubican a Thompson bajo resguardo domiciliario en la colonia El Sauzal, en Ensenada. Ante su ausencia, el juzgado solicitó apoyo a un órgano federal de Baja California para localizarlo, entregarle la documentación y preguntarle si ratificaba los desistimientos presentados por su defensa.
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En julio, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, rechazó que Thompson y Ruffo continuaran el proceso desde sus domicilios y los vinculó por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas con hidrocarburos.
El Ministerio Público Federal argumentó que Thompson tenía distintos domicilios, pasaporte vigente, registros de movimientos migratorios entre 2015 y 2018 y participación en 14 empresas de Ensenada, circunstancias que, sostuvo, elevaban el riesgo de que se sustrajera de la justicia.
El 13 de agosto, una jueza le impuso una segunda prisión preventiva, esta vez justificada. La defensa la combatió mediante un amparo, pero no obtuvo la suspensión provisional. Otro amparo contra la vinculación frenó el avance hacia el juicio oral mientras se resuelve el fondo.
Con la nueva resolución, Thompson quedó en una condición similar a la de otros cuatro acusados: José María de la Peña, Guillermo de la Peña, Juan Hermilo Chávez y el propio Ernesto Ruffo Appel.
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