Tras la implementación de la Operación Enjambre en noviembre de 2024 —para combatir las presuntas redes de complicidad entre funcionarios públicos y grupos criminales en el Estado de México—, las sentencias condenatorias suman mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas, entre ellas exservidores públicos municipales y estatales.
De acuerdo con información difundida por autoridades federales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los procesos judiciales contra los acusados corresponden a personas condenadas por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
La estrategia busca identificar y desarticular estructuras de protección institucional que presuntamente han permitido a organizaciones delictivas operar con el apoyo de servidores públicos, incluidos funcionarios municipales y responsables de áreas de seguridad.
- El dato: La estrategia comenzó en noviembre de 2024, a partir de investigaciones relacionadas con el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas en pozos localizados en Nicolás Romero.
La Operación Enjambre comenzó el 22 de noviembre de 2024, cuando autoridades estatales y federales desplegaron acciones simultáneas para ejecutar órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales presuntamente relacionados con grupos delictivos.
En aquella primera intervención, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la ejecución de siete órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros servidores señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El despliegue contó con la participación de corporaciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las secretarías de Defensa y Marina (Semar), la Guardia Nacional y la FGJEM, además del Centro Nacional de Inteligencia.
Desde su inicio, el operativo se planteó como una estrategia para investigar no solamente a integrantes de organizaciones criminales, sino también a quienes, desde posiciones dentro de las administraciones públicas, presuntamente facilitaran sus actividades delictivas o les brindaran protección.
El foco de las investigaciones se colocó en las estructuras municipales, particularmente en los espacios de gobierno y seguridad pública desde los cuales podrían haberse establecido mecanismos de colaboración con grupos.
Los resultados reportados hasta ahora incluyen condenas contra 27 personas que, de acuerdo con las autoridades, fueron encontradas responsables de distintos delitos relacionados con las investigaciones de la Operación Enjambre.
Las penas acumuladas ascienden a mil 208 años y 10 meses de prisión. La cifra corresponde a la suma de las sentencias impuestas a las personas condenadas y no al tiempo que una sola persona deberá permanecer en prisión.
Entre los sentenciados hay exservidores públicos de los ámbitos municipal y estatal. Las autoridades han señalado que las investigaciones permitieron identificar presuntas relaciones entre integrantes de las instituciones públicas y grupos criminales que operan en la entidad.
Los delitos por los que se han obtenido sentencias incluyen homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada, conductas que se encuentran entre las de mayor impacto por sus consecuencias para las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas.
La estrategia pretende establecer responsabilidades penales tanto por la comisión directa de estos delitos como por las conductas que, de acuerdo con las investigaciones y las resoluciones judiciales, hayan contribuido a facilitar las actividades criminales.
La obtención de sentencias condenatorias constituye una etapa distinta de las detenciones y de la apertura de procesos penales, pues implica que los casos correspondientes llegaron a una resolución judicial condenatoria.
Además, la colaboración interinstitucional busca fortalecer las labores de investigación, el intercambio de información y los despliegues operativos para localizar a personas investigadas y ejecutar mandamientos judiciales.
La participación de distintas instituciones también responde a la necesidad de atender posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales desde diferentes ámbitos de competencia, mediante investigaciones ministeriales y acciones de seguridad.
Uno de los principales objetivos de la estrategia es evitar que las estructuras gubernamentales sean utilizadas para proteger actividades ilícitas, proporcionar información a grupos o redes delictivas o facilitar su operación en los municipios del Estado de México.
La relevancia de estas investigaciones en la entidadradica en que la presunta participación de funcionarios puede comprometer las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y seguridad pública, especialmente cuando quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley son señalados por colaborar con organizaciones criminales.
Las autoridades también informaron que la Operación Enjambre mantendrá su funcionamiento en el Estado de México como parte de los esfuerzos para combatir la corrupción, investigar posibles redes de protección institucional y evitar la infiltración del crimen organizado en las administraciones públicas.
El propósito es que los servidores públicos y exfuncionarios que hayan participado en actividades delictivas enfrenten las consecuencias legales correspondientes, conforme a las investigaciones y las resoluciones de los tribunales.
Con 27 personas sentenciadas y penas que, en conjunto, superan los mil 200 años de prisión, la estrategia mexiquense mantiene como uno de sus ejes la investigación de los vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
Las autoridades sostienen que las acciones buscan cerrar espacios de complicidad dentro de las instituciones y evitar que el ejercicio de un cargo público se convierta en un mecanismo para favorecer intereses delictivos.