Rafael Caro Quintero enfrenta un juicio que podría llevarlo a prisión de por vida, mientras las negociaciones para evitarlo siguen sin resultados concretos. En una nueva audiencia en Nueva York, la Fiscalía de Estados Unidos anunció que ampliará el periodo que comprende uno de los delitos atribuidos al fundador del Cártel de Guadalajara.
Este miércoles 14 de octubre, fiscales y defensores comparecieron durante aproximadamente 15 minutos ante el juez federal Frederic Block. Ambas partes confirmaron que continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad, pero todavía no existe una propuesta formal. El narcotraficante mantuvo su declaración de inocencia.
Los representantes del Gobierno estadounidense aclararon que la modificación no implica nuevos cargos contra el mexicano. Tampoco especificaron cuál de las acusaciones tendrá un alcance temporal mayor ni las fechas que pretenden incorporar al expediente.
El fundador del Cártel de Guadalajara enfrenta cargos por dirigir una empresa criminal continua, dos conspiraciones internacionales para distribuir drogas y otra por utilizar armas de fuego en actividades de narcotráfico. El Departamento de Justicia atribuye a su organización operaciones criminales que abarcan varias décadas.
Uno de los principales elementos del expediente es la muerte de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), a quien secuestraron, torturaron y asesinaron en Guadalajara, Jalisco, en febrero de 1985. Las autoridades estadounidenses atribuyen a Caro Quintero participación en ese crimen, dentro de una conspiración para eliminar a personas que representaban amenazas para sus actividades ilícitas.
En 1987, las autoridades estadounidenses presentaron en Los Ángeles una acusación federal contra el mexicano por una conspiración para traficar cocaína. El expediente que actualmente examina la Corte del Distrito Este de Nueva York comenzó en 2015 y comprende imputaciones por narcotráfico y hechos violentos, incluido el asesinato de Camarena.
La posibilidad de una condena perpetua permanece vigente, aunque el Gobierno estadounidense retiró en agosto de 2025 su intención de solicitar la pena de muerte. Esa determinación modificó el castigo máximo que buscaban los fiscales, sin eliminar las imputaciones contra el hombre de 73 años.
En este contexto, el fiscal Francisco Navarro y la abogada Elizabeth Macedonio reconocieron que siguen las conversaciones para una eventual declaración de culpabilidad. La defensa sostiene que existen avances, pero el Departamento de Justicia todavía no ha presentado una oferta concreta que permita cerrar el caso.
Las gestiones comenzaron a conocerse públicamente durante las audiencias preparatorias de este año. En marzo, cuando el tribunal estableció la fecha del juicio, los representantes de ambas partes ya exploraban una posible resolución anticipada. Tres meses después, confirmaron nuevos contactos, aunque tampoco entonces existía un convenio.
Ninguna de las partes ha expuesto públicamente las condiciones específicas que aceptarían para alcanzar un pacto. Tampoco han confirmado que proporcionar datos sobre otras organizaciones criminales forme parte de las conversaciones, cuyo objetivo conocido es resolver el proceso antes de que comience el juicio.
El proceso también enfrenta una disputa sobre las condiciones en que los ciudadanos podrían evaluar las pruebas. Los fiscales solicitaron reservar las identidades de quienes integren el jurado y establecer restricciones a sus contactos durante las sesiones, además de encomendar su traslado al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Para sustentar esas precauciones, el Gobierno invocó el historial de violencia que atribuye al acusado, su presunta capacidad de influencia y los riesgos de intimidación contra los participantes. La representación legal rechazó el planteamiento porque considera que las medidas podrían generar una impresión de culpabilidad antes de que el tribunal examine las pruebas.
Otro aspecto del expediente comprende documentación oficial de carácter secreto. En una audiencia anterior, Block autorizó designar a Harry J. Rucker como funcionario responsable de la seguridad de la información clasificada, con el propósito de supervisar el tratamiento de esos materiales durante el procedimiento.
Además de las controversias sobre las pruebas, la causa incluye a Ismael Quintero Arellanes, sobrino del antiguo dirigente criminal. El magistrado reconoció la complejidad del proceso contra ambos y autorizó plazos más amplios para que los representantes preparen sus planteamientos.
El calendario conserva el 8 de marzo de 2027 como fecha de inicio del juicio. Antes, las defensas deberán entregar sus mociones a más tardar el 18 de diciembre, mientras que los fiscales tendrán hasta el 22 de enero para responder. El tribunal recibirá las réplicas finales hasta el 5 de febrero.
La próxima comparecencia presencial tendrá lugar el 20 de noviembre. Hasta esa fecha, Block mantendrá vigente el calendario procesal, mientras los abogados buscan una resolución que evite este juicio.
También te puede interesar:
- Juicio de Caro Quintero termina sin acuerdo de culpabilidad en Corte de NY
- Reprograman audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York; ahora es el 14 de octubre
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL