En una sesión maratónica, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley Federal de Derechos, y posteriormente, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en lo general, mientras que la discusión de los artículos reservados en lo particular continuaba hasta el cierre de esta edición.
El dictamen de la norma que contempla ajustes a las cuotas por servicios gubernamentales y por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación fue avalado en lo general con 329 votos a favor y 117 en contra. Posteriormente, en la votación en lo particular de los artículos reservados obtuvo 339 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones.
En defensa de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el morenista Carol Antonio Altamirano, sostuvo que los cambios no representan una actualización generalizada de tarifas, sino ajustes que buscan adecuar las disposiciones legales a los costos efectivos de los servicios, las necesidades operativas de las instituciones y las condiciones actuales de aprovechamiento de los bienes nacionales.
- El Dato: Ambas reformas forman parte del Paquete Económico 2027, que incluye la Ley de Ingresos, la cual se tiene prevista discutir y votar este miércoles en el pleno.
Por Morena, Claudia Rivera afirmó que la propuesta no crea nuevos impuestos ni aumenta las tarifas de pasaportes y uso aeroportuario. También destacó los incentivos para ampliar la conectividad mediante redes de quinta generación (5G), a través de reducciones en los derechos por el uso del espectro radioeléctrico y exenciones orientadas a extender la cobertura en zonas prioritarias.
Durante la discusión, la oposición cuestionó los incrementos en determinados trámites y servicios. Héctor Saúl Téllez (PAN) puso como ejemplo la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea, que pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, es decir, más de mil por ciento, por lo que cuestionó la proporcionalidad del ajuste y sus posibles efectos.
Las críticas opositoras se centraron en el riesgo de que el encarecimiento de permisos y trámites incremente los costos de operación de empresas y prestadores de servicios, con posibles repercusiones para los usuarios. Por el PRI, Yerico Abramo Masso cuestionó el endeudamiento previsto para 2027, al señalar que los recursos se destinarían a cubrir obligaciones anteriores en lugar de financiar nueva infraestructura. Sus críticas ampliaron la discusión más allá de las cuotas previstas en la Ley Federal de Derechos y la vincularon con el destino del financiamiento público y las prioridades de gasto para el próximo ejercicio fiscal.
Cierran paquete. Por la noche, se aprobó en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el dictamen de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y continuaba la discusión en lo particular.
Desde tribuna, la morenista Leticia Farfán Vázquez sostuvo que la enmienda busca fortalecer la justicia social y fiscal mediante mecanismos que distingan las condiciones de las grandes empresas respecto de las medianas y pequeñas.
La legisladora afirmó que el dictamen contempla ajustes en los criterios de deducción del ISR, incluidos límites mínimos y máximos, con el propósito de promover la equidad contributiva y fortalecer el desarrollo económico y productivo del país. De acuerdo con la morenista, la propuesta pretende que las contribuciones respondan a las condiciones de los distintos sectores económicos y contribuyan al financiamiento de las políticas públicas.
En contraste, la diputada del PAN Carmen Rocío González Alonso acusó que la reforma puede perjudicar a pequeños y medianos contribuyentes y calificó la propuesta como un “cerco fiscal” contra los sectores productivos.
La legisladora blanquiazul cuestionó las medidas fiscales y las vinculó con otros problemas económicos, como el costo de los servicios de salud, el encarecimiento de las visas y el aumento de la deuda pública.
Ante ello, exigió disciplina financiera y mayores apoyos para quienes generan empleos, al advertir que las decisiones fiscales deben considerar las condiciones de las empresas y su capacidad para sostener sus actividades productivas.
Las críticas opositoras se centraron en el posible impacto de los cambios sobre los contribuyentes y en la necesidad de evaluar sus efectos económicos, particularmente para los negocios de menor tamaño.
Aprueban reforma aduanera
Por Tania Gómez
El Senado aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que amplía las facultades de embargo de mercancías declaradas con un valor inferior al real y endurece las sanciones por infracciones con hidrocarburos y petrolíferos. El dictamen fue avalado en lo general con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención. En lo particular obtuvo 66 votos a favor y 34 en contra, sin abstenciones. Cinco senadores del PRI y del PAN presentaron reservas, pero ninguna fue aceptada.
La oposición cuestionó la rapidez del proceso, la falta de controles a las autoridades aduaneras y los riesgos para importadores que operan legalmente. Imelda Sanmiguel (PAN) dijo que el dictamen llegó un día antes de la discusión y que las mesas con agentes aduanales no se realizaron: “fue nuevamente una simulación”.
Advirtió que dejar a disposiciones administrativas la definición de mercancías y porcentajes para embargos podría generar discrecionalidad y mayores costos. Su compañero Mario Vázquez alertó sobre espacios de corrupción y mencionó a Andrés López Beltrán y Amilcar Olán.
Por Morena, Miguel Ángel Yunes defendió la reforma como un mecanismo para evitar que ingresen mercancías con valores menores y se paguen menos impuestos, y aclaró que una diferencia de valor no acredita por sí sola una infracción. La enmienda elimina el umbral general de 50 por ciento, lo reduce a 20 por ciento en ciertos casos y fija multas de 50 a 100 por ciento del valor comercial de hidrocarburos y petrolíferos.
ASF ya veía falla en fondos de pensiones de universidades
