El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este lunes, por mayoría de votos, atraer el caso del intento de feminicidio contra María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido en el rostro.
La resolución se tomó al discutir la solicitud 566/2026, planteada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Abarca los amparos en revisión 278/2024, 38/2025, 55/2025 y 80/2025, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito.
Se trata de un proceso penal por feminicidio en grado de tentativa en el que el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien celebró el juicio oral, desahogó las pruebas y absolvió a los inculpados, fue suspendido de sus funciones.
La jueza sustituta, María Antonia Esteva Domínguez, dejó sin efecto el fallo absolutorio y anuló el juicio oral cuando solo estaban pendientes la audiencia de lectura y explicación de la sentencia y su redacción por escrito.
La Corte analizará si eso es válido bajo el principio de inmediación. El presidente Aguilar Ortiz precisó que no se entrará al fondo del asunto. “En este caso propiamente no vamos a valorar el fondo del asunto”, dijo, y describió la situación como “sui géneris”. Según explicó, la jueza sustituta consideró que, al no haber estado en la audiencia, no podía redactar la sentencia, y por eso anuló todo el juicio.
La ministra Sara Irene Herrerías declaró su impedimento, con base en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, porque como titular de una fiscalía especializada de la FGR “tuve conocimiento de los hechos que derivaron en la investigación penal”. El Pleno lo calificó de legal por unanimidad y ella no participó en la discusión.
La ministra Ortiz Ahlf argumentó que existen razones de especial interés y trascendencia para atraer el caso. “Estamos ante un caso de extrema violencia feminicida, en la que una mujer fue atacada con ácido en el rostro, poniendo en grave riesgo su integridad y su vida”, afirmó.
Dijo que la intervención de la Corte permitiría “precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto para dejar sin efectos un fallo absolutorio”. Es una cuestión relevante, agregó, “no solo por sus implicaciones para el debido proceso y la seguridad jurídica, sino también para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género”.
María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en su domicilio, en Huajuapan de León, Oaxaca. Sufrió graves quemaduras y múltiples cirugías reconstructivas.
Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI y empresario, es señalado como presunto autor intelectual. Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Chávez son señalados como autores materiales. Vera Carrizal está en prisión preventiva en el penal de San Francisco Tanivet desde abril de 2020, y su defensa ha promovido diversos recursos para lograr su absolución.
El 14 de agosto de 2024, el juez Ramírez Montaño, del Tribunal de Enjuiciamiento de Oaxaca, absolvió a los tres acusados y ordenó su liberación inmediata. Horas después, la jueza Esteva Domínguez, del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, dejó sin efecto lo resuelto y la boleta de libertad, por lo que permanecieron en prisión.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, explicó que la jueza sustituta no podía conocer del asunto porque no conoció todas las pruebas desahogadas, y por eso ordenó reponer el procedimiento. Ramírez Montaño fue suspendido y el Consejo de la Judicatura estatal abrió una investigación en su contra. Ríos lo había acusado de corrupción.
El 13 de mayo de 2026, el Pleno decidió no atraer el caso, en la solicitud 415/2026 de la Fiscalía General de la República, por cinco votos. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, junto con Aguilar Ortiz, votaron a favor de atraer. Después, el ministro presidente pidió reconsiderar el asunto, lo que llevó a suspender una audiencia en Oaxaca sobre los amparos de Vera Carrizal.
Ríos ha expresado su desconfianza hacia las autoridades judiciales locales y pidió a la Corte atraer el caso.
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MSL