El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, por posibles omisiones en sus funciones ante la participación de ciudadanos estadounidenses sin autorización federal en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.
Durante la audiencia de este jueves, el juez Luis Alberto Simental Ortega consideró que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal por ese delito, pero descartó la acusación de coalición de servidores públicos que también le imputaba la Fiscalía estatal.
La resolución mantiene abierta una de las dos imputaciones que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de la causa penal 3055/2026, a raíz de los hechos ocurridos en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos.
Simental Ortega consideró que existen líneas de investigación que apuntan a omisiones del ex funcionario en el ejercicio de sus atribuciones. Entre los señalamientos figuran la presunta ocultación de información que conoció por razón de su cargo y las contradicciones en sus declaraciones sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en Chihuahua sin autorización federal.
En cambio, el juez rechazó continuar el procedimiento por coalición de servidores públicos, al determinar que las conductas expuestas por el Ministerio Público no reunían los requisitos de ese delito, previsto en el artículo 260 del Código Penal estatal.
Tras conocer el fallo, el abogado Héctor Villasana Ramírez anunció que presentará un recurso de apelación, pues consideró que la autoridad judicial tomó como fundamento suposiciones sobre el conocimiento que su representado pudo tener de las operaciones y no pruebas directas de una intervención ilícita.
El defensor cuestionó que los mismos antecedentes permitieran desechar una imputación y conservar la otra. También sostuvo que las reuniones del entonces titular de la Fiscalía con sus subordinados no acreditan que hubiera autorizado la participación de estadounidenses en tareas de seguridad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público insistió en la responsabilidad que tenía Jáuregui de supervisar las decisiones de sus mandos, particularmente las de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien pasó de dirigir la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a encabezar el área de Operaciones Estratégicas.
La representación social sostuvo que Zuany mantuvo intervención en actividades operativas pese al cambio de responsabilidades y atribuyó al exfiscal conocimiento de esa estructura. Por su parte, la defensa rechazó que los testimonios y documentos exhibidos demostraran una instrucción directa para incorporar a personal extranjero.
Desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, Jáuregui intervino mediante videoconferencia para negar las acusaciones. “No hay datos sobre un comportamiento ilícito de mi parte”, expresó al rechazar que hubiera ordenado la participación de estadounidenses en el despliegue policial.
Simental Ortega concedió dos meses para la investigación complementaria, en lugar de los cuatro que solicitó la Fiscalía estatal. Además, permitió que esa institución continuara con las diligencias, pese a los cuestionamientos de la defensa sobre las facultades de la unidad encargada del expediente.
La vinculación tampoco modificó las medidas cautelares que el juez había impuesto al ex funcionario durante la audiencia inicial del 18 de octubre, cuando rechazó la petición de prisión preventiva y estableció restricciones para garantizar su comparecencia ante la justicia.
Sin embargo, Jáuregui permanece recluido en el Altiplano por una causa independiente que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria. Un juez federal le dictó prisión preventiva mientras determina si existen elementos para iniciar otro proceso penal.
Esa audiencia continuará el sábado 24 de octubre, a las tres de la tarde, cuando la autoridad federal deberá resolver la situación jurídica del exfiscal respecto de las acusaciones por permitir presuntamente la intervención de extranjeros en actividades de seguridad sin autorización del Gobierno de México.
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JVR
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