La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre el uso indebido de recursos públicos tras por irregularidades en las contrataciones dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
La indagatoria del órgano fiscalizador abarca tanto al organismo electoral central como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), además de empresas, personas servidoras públicas y proveedores vinculados.
De acuerdo con el informe de la institución, ya cuenta a la fecha con elementos e indicios vinculados con irregularidades en diversas contrataciones públicas.
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Entre los hallazgos preliminares se señalan posibles esquemas de conflicto de interés, colusiones y triangulación de recursos dentro de las operaciones examinadas.
La intervención de la ASF se sustenta en las nuevas facultades otorgadas al organismo en materia de investigación administrativa.
En días pasados, una publicación periodística vinculó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández, con una red de siete empresas entre las que se encuentran Corporativo Zeg, Cajas Graft, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Hernández y Comercializadora Grupo Selati.
El reporte señaló la presunta simulación de competencia entre estas firmas para obtener contratos millonarios y triangular recursos, mediante esquemas con características de empresas factureras.
En dicho expediente también figura Jonathan Navarrete, apoderado de Corporativo Zeg, a quien el medio identificó como chofer de la funcionaria del INE.
¿Qué se revisará en el INE?
El proceso de verificación abarcará la revisión detallada de los expedientes de contratación, las redes de proveedores y la actuación de los servidores públicos adscritos al INE y los OPLES.
Los auditores a cargo analizarán las transacciones monetarias y contractuales para determinar las responsabilidades correspondientes.
La ASF ratificó que la investigación de los hechos se desarrollará con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico durante todo el procedimiento. La institución remarcó su compromiso institucional bajo el lema de alcanzar un país sin corrupción.
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JVR
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