Los organismos encargados de exigir transparencia a las instituciones públicas redujeron a menos de una cuarta parte las sanciones por incumplimientos en apenas dos años. Al cierre de 2024, sólo cinco entidades reportaron castigos, mientras que las sanciones administrativas prácticamente desaparecieron, al pasar de mil 222 a apenas 44.
El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2025, que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), documentó que el total de sanciones pasó de mil 494 en 2022 a 349 en 2024, una caída de 76.6 por ciento. En contraste, las de carácter económico aumentaron de 272 a 305.
De esta manera, las multas y otras sanciones de carácter económico representaron casi nueve de cada 10 castigos durante 2024, frente a menos de dos de cada 10 en 2022. En cifras absolutas, los organismos garantes impusieron mil 145 sanciones menos que dos años antes.
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- El dato: A nivel nacional, Inegi reportó que las instituciones públicas de las entidades recibieron un total de 730,218 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales.
Hidalgo y Nuevo León concentraron prácticamente ocho de cada 10 sanciones que registró el país. El primero acumuló 145 medidas económicas, 41.5 por ciento del total nacional, mientras que el segundo sumó 127, con una participación de 36.4 por ciento.
Nayarit ocupó la tercera posición, con 39 sanciones administrativas, seguido de Aguascalientes, con 33 económicas, y Sinaloa, con cinco administrativas.
En conjunto, estas cinco entidades reunieron la totalidad de los 349 casos que documentó el censo.
El resto de los estados que proporcionaron información sobre este indicador reportó cero sanciones. Coahuila, Sonora, Tlaxcala y Veracruz carecieron de datos para responder, mientras que Baja California y Zacatecas quedaron fuera del levantamiento debido al proceso de sustitución de sus organismos garantes.
A pesar de la reducción de sanciones, las medidas de apremio por incumplimiento de resoluciones siguieron una trayectoria distinta. Durante 2024, los institutos estatales aplicaron cinco mil 383, un incremento de 40.2 por ciento respecto de 2022.
Los gobiernos municipales y las alcaldías de la Ciudad de México acumularon cerca de tres mil 600 medidas de apremio por incumplir resoluciones de transparencia, más de ocho veces las que correspondieron a servidores públicos de los poderes ejecutivos estatales, con aproximadamente 425 casos. En contraste, los partidos políticos registraron alrededor de 220.
Del total de estas acciones, dos mil 359 correspondieron a amonestaciones públicas, 659 a multas y dos mil 365 a otras medidas, categoría que incluye apercibimientos y amonestaciones privadas, entre otras disposiciones. Casi la totalidad, cinco mil 367, tuvo como origen incumplimientos en materia de acceso a la información pública, mientras que sólo 16 correspondieron a protección de datos personales.
La diferencia entre ambas figuras jurídicas radica en su propósito. Las medidas de apremio buscan asegurar el cumplimiento de las determinaciones de los organismos garantes, mientras que las sanciones corresponden a incumplimientos de obligaciones previstas en la legislación de transparencia.
RESPUESTAS A MEDIAS. Otro de los resultados del censo mostró que apenas uno de cada 10 sujetos obligados reportó medidas de accesibilidad o ajustes razonables para facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Entre las siete mil 15 instituciones que proporcionaron información, 95.4 por ciento contaba con alguna unidad de transparencia y 76.5 por ciento tenía un comité encargado de estas funciones. Sin embargo, la proporción que acreditó herramientas de accesibilidad alcanzó únicamente 10.6 por ciento.
Las diferencias resultaron más amplias entre los sectores institucionales. Sólo 1.8 por ciento de los 503 sindicatos reportó estas medidas, frente a 5.4 por ciento de los partidos políticos, 11.1 por ciento de los municipios y 16.3 por ciento de los sujetos obligados de los poderes ejecutivos estatales.
Por contraste, los organismos garantes registraron una cobertura de 70 por ciento, mientras que las instituciones del Poder Judicial alcanzaron 27. En el caso de las universidades públicas autónomas, el indicador llegó a 12.1 por ciento.
El investigador José Cárdenas Sánchez, de la Universidad de Colima, advirtió en su estudio “Personas con discapacidad, acceso a la información y protección de datos personales”, publicado en abril de 2026 por la revista Estudios en Derecho a la Información, que persisten obstáculos para ejercer este derecho en los entornos digitales. El académico lo identificó como un “derecho llave” para exigir otras garantías fundamentales y acceder a programas sociales.
Respecto a la entrega de documentos públicos, el Inegi documentó que las autoridades proporcionaron información en 295 mil 583 de las 522 mil 96 solicitudes de acceso que respondieron durante 2024, equivalentes a 56.6 por ciento.
En más de 55 mil respuestas, las instituciones se declararon incompetentes para atender las peticiones. Otros dos mil 768 casos correspondieron a inexistencia de documentos, mientras que mil 85 negativas tuvieron como fundamento la confidencialidad y 984, la clasificación como información reservada.
También hubo 150 mil 282 registros sin identificación del tipo de respuesta, cifra equivalente a casi tres de cada 10 solicitudes atendidas. El instituto estadístico precisó que una misma petición pudo recibir más de una clasificación.
La calidad y disponibilidad de la información pública también formó parte de las investigaciones académicas sobre transparencia. Luis Edoardo Alpizar Vázquez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, documentó en un estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México rezagos en la calidad e interoperabilidad de los datos abiertos, así como una apertura institucional “sin mecanismos robustos de exigibilidad”.
El informe del Inegi corresponde al ejercicio de 2024, previo a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y de sus equivalentes estatales, que estableció la reforma constitucional del 20 de diciembre de ese año.
