Dentro de la averiguación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya emprendió a raíz de las irregularidades encontradas en la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del INE, se encontró que dos grupos empresariales acumularon contratos por casi nueve mil millones de pesos entre 2014 y 2026.
Durante la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández, confirmó que la indagatoria también abarca a los Organismos Públicos Locales Electorales, además de empresas, proveedores y servidores públicos involucrados.
Entre los primeros hallazgos está que dos grupos de empresas acumularon operaciones por ocho mil 870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas, de los que tres mil 790.3 mdp fueron con Oples.
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Se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas, trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padrón de importadores, expuso.
La averiguación permitió encontrar que estas mismas empresas llevaron a cabo operaciones entre sociedades de los mismos grupos.
Por ejemplo, la empresa ganadora del contrato subcontrata a una de las que participaron en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados; además, se detectaron registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno.
También se indagan las posibles barreras para una competencia desleal, es decir, una manipulación de las mismas empresas para incidir en los precios y condiciones de los servicios por los que eran contratadas.
Igualmente se identificaron vínculos entre ambos grupos y funcionarios.
El auditor también destacó la intervención de este órgano en otro de los casos más polémicos este 2026, relativo a la controversia por el examen de admisión a la UNAM.
Subrayó que ya se actúa contra las autoridades universitarias y particulares responsables y que, por primera vez se logró el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, mediante un mecanismo jurídico innovador, con el fin de conservar pruebas fundamentales para la investigación.
En cuanto al INE, confirmó el inicio de una investigación de oficio que igualmente abarca a los Organismos Públicos Locales Electorales, además de empresas, proveedores y servidores públicos involucrados.
“A través de diversos requerimientos de información, estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionada con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”, destacó.
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