Talleres Gráficos de México (TGM), organismo cuya constitución plantea modificar el Gobierno federal para que tenga mayor participación en el abasto de papelería electoral, tras la polémica de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), también enfrenta señalamientos por pagos y contrataciones anómalas que representan un impacto al erario superior a los 68 millones de pesos y que incluso ya implicaron una denuncia penal.
Un dictamen concluido el 3 de febrero de 2026 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apunta múltiples irregularidades cometidas durante los procesos de adquisición a cargo de este organismo público descentralizado, algunos vinculados con procesos electorales, entre los que se encuentran compras injustificadas, adjudicaciones directas sin fundamento y depósitos a cuentas distintas a las de los proveedores.
Estas inconsistencias corresponden a la auditoría practicada en la Cuenta Pública de 2024 —el cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador— en la que se determinó que TGM tiene 68 millones 33 mil 484.7 millones de pesos por aclarar. Los señalamientos de dicha fiscalización ameritaron la presentación de una denuncia penal el 26 de junio de 2026.
- El Dato: El consejero Arturo Chávez, quien dirigió TGM, consideró que éste necesitaría ser saneado y aclarar presuntas irregularidades de subcontratación para que provea al INE.
El primero de los dos motivos centrales del señalamiento es por ocho millones 33 mil 484 pesos en sueldos y contrataciones de personal, en el que no se encontró la documentación que comprobara los pagos de sueldos base, remuneraciones a personal eventual, asignaciones adicionales al sueldo y cuotas para el seguro de vida del personal. Dentro de esta observación figura el pago por 165 mil 414.96 pesos a dos servidores públicos que sólo trabajaron eventualmente.
En un análisis a la contratación de este tipo de personal se revisaron 50 expedientes, en donde se encontró que en ninguno se integró la solicitud a la Gerencia de Administración de las plazas por ocupar, la publicación del perfil de la vacante o propuesta de candidato, la evidencia de la aplicación del examen psicométrico, la Cédula de Evaluación para Personal de nuevo ingreso, ni la constancia médica.
Dentro de las cláusulas del contrato tampoco se describía el puesto a ocupar; en seis casos no hubo prueba del registro de baja ante el ISSSTE, y en 47 casos no se localizó la constancia de RFC, entre otras inconsistencias. El segundo señalamiento, y el de mayor calado, es de 60 millones de pesos que se pagaron a la empresa Konnex Technologies, S.A. de C.V., por terminación anticipada del contrato que se realizó para el servicio con maquinaria de impresión para la producción de placas, calcomanías, tarjetas de circulación y otros documentos de identificación vehicular para el Estado de México.
- 2.3 Mil mdp tuvo en ingresos TGM durante 2024
Los 60 millones de pesos fueron determinados por el proveedor como cobertura de los gastos no recuperables; sin embargo, no proporcionó evidencia de cómo se calculó tal monto y Talleres Gráficos tampoco verificó que la cantidad fuera razonable, que se relacionara directamente con el contrato o que estuviera comprobado debidamente.
En dicha auditoría, la ASF también notificó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control o equivalente dentro de TGM emprendiera las investigaciones pertinentes e iniciara los procedimientos administrativos por las irregularidades cometidas contra los servidores públicos que formalizaron 17 adjudicaciones directas, en los que, además, no se realizaron los contratos para formalizar la adquisición, a pesar de que el monto de dichas adquisiciones así lo requería.
En este marco, 10 empresas fueron las beneficiadas. Las principales, Papelería Lozano Hermanos S. A. de C. V., con cuatro convenios por 394 millones 457 mil 300 pesos; Distribuidora Petroflex, por 76 millones 249 mil 800 pesos, con tres contratos; otras fueron Artega Impresiones y Todo Empaque; Corozen, Curvas y Bordes, Dirección Sport, Ideeo Labs, Inzentrum, Todo Empaque Cartones Mexicanos y Transformadora de Empaques e Impresiones Keswick. Asimismo se hallaron faltas en siete contratos con Gráficas Corona, Gráficos Digitales, Avanzados y Konnex Technologies, a los cuales se recurrió para adquisiciones y servicios para procesos electorales y de políticas públicas de salud, entre otros.
TGM no ha quedado exento de incurrir en inconsistencias contractuales vinculadas a la organización de elecciones. Por ejemplo, una de las adjudicaciones directas fue la 20240150 a Distribuidora Petroflex para 515 mil 450 bolsas tipo simulacro y jornada para el proceso electoral de los Organismos Públicos Locales Electorales 2023-2024.
Allí no justificó una excepción a la licitación pública y tampoco comprobó cómo fue que consideró que las ofertadas por esta empresa fueron las que mejor se ajustaron a sus necesidades en términos de calidad y características requeridas.Otra inconsistencia que involucró a la misma empresa fue por la compra de tres millones 261 mil 168 bolsas de seguridad impresas por ambos lados para la Elección Judicial, por 39 millones 153 mil pesos, operación que careció de un contrato y de los datos que autorizaran el presupuesto.
En cuanto a los procesos en que sí hubo contratos pero igual se cometieron anomalías está el TGM/GA/024/2024 con Gráficas Corona JE, S.A. de C.V., por 427.4 millones de pesos, para el uso de maquinaria, operarios y almacenaje para ampliar la capacidad de producción instalada de TGM y llevar a cabo la producción de materiales del Proceso Electoral 2023-2024. Aquí, el pago se realizó a la cuenta de deudores de un servidor público de TGM y no a la del proveedor. Tampoco se comprobó por qué se adjudicó directamente y no hubo un concurso de licitación.
Otras irregularidades se vincularon con la producción de actas de escrutinio y cómputo para dos instituciones públicas; la producción de credenciales para la población objetivo de Servicios de Salud para el Bienestar (IMSS Bienestar); placas, calcomanías, tarjetas de circulación y otros documentos de identificación vehicular en el Edomex.
Suman 19 renuncias en la limpia del instituto
Por Tania Gómez |
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó la salida de cuatro funcionarios que ocuparon cargos directivos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, con lo que suman 19 bajas en una semana, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con empresas proveedoras del organismo.
Los nuevos casos son Pedro Pablo Chirinos, extitular de la Dirección de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (Oples); Juan Manuel Vázquez Barajas, exdirector de Asuntos Jurídicos; Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social, y Jorge Egrén Moreno Troncoso, extitular del Servicio Profesional Electoral.
Aunque se informó que dejarían sus cargos, las renuncias no están formalizadas en todos los casos, por lo que su salida debe distinguirse de las dimisiones ya presentadas.
- El Dato: Los consejeros del INE acusaron una pérdida de confianza en los funcionarios despedidos, ya que presuntamente obstaculizaban información clave al Consejo General.
Chirinos, quien fue fiscal especializado en Delitos Electorales de Sonora, representó a Morena ante el organismo electoral de Veracruz y defendió a Rocío Nahle, hoy gobernadora de la entidad. En 2020 fue destituido de la fiscalía sonorense por cuestionamientos sobre sus vínculos con el partido guinda.
Por su parte, Vázquez Barajas fue señalado por presuntamente favorecer a Morena en Veracruz y por elaborar la propuesta para redondear los promedios académicos de las candidaturas a la elección judicial.
En tanto, Uzeta Murcio había sido inhabilitado por 10 años para laborar en el servicio público federal debido a irregularidades y violaciones a la normatividad presupuestal durante su gestión como director de la agencia Notimex.
Estas salidas se suman a las de Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Iliana Araceli Hernández Gómez, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, extitular de Servicios de Informática, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, extitular de Recursos Materiales.
Las primeras dimisiones llegaron tras la renuncia de Taddei, el 26 de octubre, y del acuerdo de las consejerías electorales para revisar la permanencia de funcionarios en puestos directivos; ante los posibles vínculos entre integrantes del Instituto y empresas contratistas.
El Órgano Interno de Control (OIC) investiga a 23 personas, entre ellas 15 servidores y exservidores públicos, así como a 18 empresas proveedoras.
Las indagatorias buscan esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones de material electoral, como el ocultamiento de conflictos de interés, la presentación de documentos falsos o alterados, actos de colusión y el uso indebido de recursos públicos.
La renuncia de Taddei ocurrió después de que se difundiera la existencia de una presunta red de proveedores de material electoral y los nexos de personas cercanas a la entonces presidenta con algunas de esas compañías. En su mensaje, afirmó que su decisión buscaba proteger al Instituto y permitirle cumplir su misión constitucional, aunque rechazó que se den por ciertos señalamientos no verificados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también revisa si hubo anomalías en el ejercicio de recursos.
Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta provisional del INE el pasado 27 de octubre. La nueva conducción acordó revisar las áreas directivas y los procedimientos administrativos, y privilegiar las decisiones colegiadas en los nombramientos.
La reconfiguración ocurre mientras el INE debe mantener los preparativos para las elecciones de 2027, en medio de las investigaciones sobre contrataciones y exfuncionarios cuestionados.