El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo durante la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
El acuerdo también contempla medidas extraordinarias para recuperar la integridad institucional y fortalecer los controles administrativos. La revisión busca examinar el funcionamiento y desempeño de las contrataciones del Instituto.
La decisión coloca en el centro de la revisión los procesos de contratación y el uso de recursos públicos, así como la actuación de las autoridades ante posibles anomalías administrativas.
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La propuesta, presentada por la consejera Carla Humphrey, plantea que la ASF realice la revisión dentro de sus atribuciones constitucionales y legales. También contempla la intervención de las autoridades competentes para investigar posibles irregularidades y, en su caso, deslindar responsabilidades administrativas o penales.
¿Qué periodo abarcará la fiscalización al INE?
La fiscalización comprenderá las operaciones y actuaciones que puedan revisarse hasta el límite legal de las facultades de investigación y sanción de las autoridades correspondientes.
Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo propuso modificar el periodo originalmente planteado, que iba del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026. El alcance de la revisión deberá sujetarse a las facultades legales de las instancias encargadas de investigar y sancionar.
Humphrey pide revisar las contrataciones del Instituto
Durante la discusión del acuerdo, Carla Humphrey sostuvo que la revisión es necesaria para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que el dinero público se utilice correctamente.
La consejera señaló que el proyecto fue presentado a sus colegas y que se enriqueció con las propuestas de las y los integrantes del Consejo General antes de llegar a su aprobación.
“Con esa convicción propuse hace unos días a mis colegas este proyecto de acuerdo que se fue enriqueciendo y fortaleciendo con propuestas de ellas y ellos colegiadamente y que propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión urgente de nuestras adquisiciones, arrendamientos y servicios dentro de sus atribuciones constitucionales y legales. Que no quede nada sin revisar”, afirmó.
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