La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló el hallazgo de una red corporativa y laboral entre empresas proveedoras del sector electoral y personas relacionadas directamente con el Instituto Nacional Electoral (INE).
A través de un mapa de investigación, el órgano fiscalizador detectó posibles irregularidades vinculadas a 7 empresas, 83 personas, 89 vínculos corporativos y seis involucrados en varias compañías.
Dentro de las investigaciones, la ASF reveló la existencia de conexiones entre las firmas Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, así como Seriplast de México.
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En la red de contactos, se identificó que 5 personas aparecen directamente relacionadas entre ZEG y Cajas Graf. De acuerdo con el esquema presentado por la auditoría pública, César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N” se vinculan operacionalmente a Corporativo ZEG con Cajas Graf en roles de socios, administradores o apoderados, mientras que Tatiana “N” conecta a Cajas Graf con Seriplast de México.
En el análisis de los involucrados destaca el caso de Jonathan “N”, exservidor público del INE que se desempeña como apoderado de Corporativo ZEG.
Según las fichas financieras del informe, el exempleado reportó percepciones salariales por 601 mil 751.04 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026.
Por otra parte, la ASF identificó a Alejandro “N”, quien figura como socio de Corporativo ZEG y al mismo tiempo como delegado de las asambleas de la proveedora Formas Finas y Materiales.
“Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales”, advierte el comunicado emitido por la institución fiscalizadora.
Asimismo, la auditoría detalló que proveedores del Corporativo ZEG trabajaron con certificaciones PAC revocadas por un monto acumulado de 21.3 millones de pesos.
El órgano fiscalizador aseguró que continuará con la integración de los expedientes de investigación para revisar el historial de contratos asignados por el organismo electoral a este grupo de sociedades interconectadas.
Con las diligencias legales en curso, la ASF busca deslindar responsabilidades administrativas o penales entre excolaboradores del INE y las firmas privadas contratadas para servicios electorales.
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JVR
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