El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula 30 bajas por renuncia en su estructura, luego de que se diera a conocer una presunta red de corrupción en la asignación de contratos a empresas proveedoras de material electoral, cuyos vínculos con personas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala derivaron en la salida de la expresidenta del organismo.
De acuerdo con un comunicado, 17 de las 30 renuncias corresponden a integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei Zavala , incluida la de su exjefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. Las otras 13 bajas se distribuyen entre cargos directivos, administrativos y operativos de distintas áreas del Instituto.
Entre los funcionarios que dejaron sus puestos destacan José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.
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También renunciaron Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
A esta lista se suma Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales, además de dos personas que desempeñaban funciones operativas en la oficina de la expresidenta.
Las cinco bajas restantes corresponden a funcionarios de las áreas de Transporte y Administración de Riesgos; Servicios de Transporte y Parque Vehicular; Procesos Registrales; Administración y Recursos Humanos del Registro Federal de Electores, y Apoyo a Órganos Colegiados.
En este contexto, el INE informó que las diez consejerías electorales mantienen una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta.
El análisis también comprende las relaciones funcionales y los procedimientos de contratación que, a partir de la información pública reciente, deban ser examinados.
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