La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, ofreció diálogo directo al personal de los Módulos de Atención Ciudadana para revisar sus demandas salariales y condiciones laborales, ante el amago de paro del 9 de noviembre.
En entrevista radiofónica, ayer, la consejera garantizó que el trabajo de este sector “no está en riesgo, sus salarios tampoco”, y descartó represalias. Explicó que se identificarán necesidades que pueden atenderse de inmediato y otras sujetas al presupuesto.
Cruz sostuvo que el ajuste de recursos se analizará para proteger las actividades electorales. También reiteró la colaboración con las autoridades fiscalizadoras y señaló que la entrega-recepción está bajo supervisión del Órgano Interno de Control.
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Por separado, la consejera Carla Humphrey informó que el INE prevé habilitar un mecanismo de denuncias anónimas para que trabajadores y ciudadanos aporten información sobre posibles irregularidades en contratos.
Indicó que las medidas incluyen acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables, solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades, así como preservar documentos y fortalecer controles internos.
Humphrey planteó privilegiar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas y ampliar la participación de proveedores del instituto para recuperar la confianza ciudadana. La determinación de responsabilidades, subrayó Cruz, corresponde a las autoridades competentes.
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