Un monto sin aclarar por más de dos mil millones de pesos y más de una decena de denuncias penales por el ejercicio irregular de recursos públicos tiene pendientes con el Estado el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a casi dos años de formalizarse su extinción, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
Las irregularidades observadas en el interior del organismo, que se creó en 2019, llevaron a que el ente fiscalizador presentara dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 22 de octubre, con lo que ya suman 13.
En sus apenas cinco años de existencia, se le llegaron a determinar observaciones por 20 mil 132 millones de pesos, de los que actualmente le quedan por solventar o justificar dos mil 164.7 millones; es decir, una décima parte, de acuerdo con la última información consultable y de la que se espera una actualización derivada de las dos nuevas demandas.
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De esta cantidad, 157.8 mdp corresponden a los pliegos de observaciones de irregularidades; es decir, que aún están dentro del proceso de solventación, por lo que no han ameritado otras medidas hasta ahora.
- El Tip: En los primeros 2 años de operación de Segalmex, la ASF detecto irregularidades por 15 mil 300 mdp, duplicando los 7 mil 600 millones reportados en La Estafa Maestra.
Por el contrario, los dos mil 6.9 millones restantes ya integran lo que llevó a una parte de las denuncias de hechos que interpuso la Auditoría Superior, lo que habla de que durante el proceso de fiscalización encontró indicios de un mal manejo de los recursos económicos por parte de Segalmex durante el sexenio pasado.
De las 13 acciones penales presentadas ante la FGR, ocho corresponden a la auditoría 283-E, relativa a la Cuenta Pública 2019, y las otras cinco a la 327-DE, en 2020, ambas correspondientes a la primera etapa de formación del órgano descentralizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a la cuenta del primer año de operación de Segalmex, quedaron sin justificar 725.3 millones de pesos hasta el último corte disponible en la base de datos de la ASF, donde presumiblemente aún falta por actualizar el monto atribuible a las dos denuncias que el órgano apenas presentó hace dos semanas, ya que en dicho sitio sólo aparecen seis demandas de hechos, por lo que aún falta por consignar que se promovió el último par.
En la auditoría 283, la ASF advirtió un monto faltante de aclaración por tres mil 396 millones, y se concluyó que Segalmex no cumplió con las disposiciones legales en su gestión financiera.
Sin que a la fecha se tenga una especificación consultable y pública sobre cuáles observaciones y en qué dimensión persistieron, el dictamen de 2019 advirtió irregularidades considerables, como el hecho de que no se comprobó la existencia física de mil 496 millones de pesos de maíz y frijol en sus registros.
También sobre la realización de pagos en exceso por 51 millones 120 mil a mil 520 productores de trigo panificable y que, además, se permitió que los productores excedieran el tonelaje permitido como beneficiarios del programa Precios de Garantía.
Asimismo, no probó la recepción de pedidos por los que se pagaron fuertes cantidades de dinero, como la recepción de 34 millones de costales de polipropileno, más de 87 mil tarimas, o por no haber aplicado las penalizaciones a proveedores incumplidos, por no recuperar adeudos de servidores públicos que gastaron en “maniobras y pago de personal”.
En torno a la Cuenta Pública 2020, la ASF expuso que quedaron mil 292.9 millones de pesos por recuperar, pero de éstos, 11.4 aún están en plazo para solventarse, mientras que mil 281 ya derivaron en cinco denuncias penales.
Las cinco corresponden a la auditoría 327-DE. La primera fue presentada el 11 de agosto de 2022; las otras cuatro, el 23 de septiembre del mismo año.
En dicho informe se advirtió un abanico de anomalías, como la no comprobación de la recepción de pesticidas o la entrada a los almacenes de maíz y frijol, productos de la canasta básica, así como pagos a productores sin claridad sobre cómo se realizaron.
Por ejemplo, se expone la identificación de pagos por 779 millones 204.4 mil pesos bajo el concepto “complemento”, a maíz de medianos productores, arroz y trigo, por 427 millones 612.8 mil pesos, 350 millones 500.1 mil y un millón 91.5 mil pesos, respectivamente, sin que Segalmex aclarara ni argumentara, conforme a la normativa, el pago por el subsidio otorgado por dicho concepto.
De los 157.8 millones de pesos correspondientes a los pliegos de observaciones, es decir, aquellos que aún se pueden solventar, los otros 146.4 millones de pesos vienen de hallazgos irregulares en la Cuenta Pública 2023.
En esta se aplicó una Auditoría de Cumplimiento Forense en la compra, venta y administración de maíz, frijol y servicios relacionados, en la que se encontraron más irregularidades, como financiar el traslado de más de 35 toneladas de maíz sin que esto fuera autorizado por las reglas de operación.
Allí se advirtió la adquisición de 137 mil toneladas de maíz blanco para el estado de Sinaloa, sin que se comprobara que los recursos sí se destinaran a la población, aun cuando el objetivo específico de la medida es complementar los ingresos a pequeños y medianos productores.
También se señaló a Segalmex por adjudicar directamente contratos sin acreditar los criterios para tal decisión; además, no se integraron completamente los expedientes de contratación y faltan firmas en los mismos.
También, por no presentar todos los documentos que comprobaran los servicios por los que se pagaron y tampoco verificara la legalidad de los vehículos y jaulas usados para movilizar grano comprado por el mismo organismo.
El 21 de enero de 2025 se formalizó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la desaparición de Segalmex, una decisión tomada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fusionar su estructura con Diconsa, lo que dio paso a Alimentación para el Bienestar, a la cual se dio un plazo de 24 meses para terminar el proceso.
El desfalco que se encontró en Seguridad Alimentaria llevó a que, entre las personas investigadas, se encontrara a su extitular René Gavira, detenido desde 2023 y acusado de diversos delitos, como fraude, delincuencia organizada y lavado de dinero vinculado a la compra de servicios que dañaron al organismo creado en el sexenio pasado.
Apenas en mayo de este año, Gavira, junto con el exgerente de Operaciones Oliverio Pérez y el exdirector de Planeación Miguel Carrillo, fue declarado culpable por abuso de funciones y se le impuso una sanción económica por 262 millones de pesos.
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