La Cámara de Diputados formuló la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para 2027, con la que se identificaron mil 575 municipios de las 32 entidades federativas como zonas rurales prioritarias, así como 43 mil 636 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas en cuatro mil 531 localidades de dos mil 423 municipios.
La declaratoria, emitida en cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social, establece los territorios que deberán recibir atención preferente mediante programas sociales, inversión en infraestructura y acciones gubernamentales para combatir la pobreza, el rezago social y la marginación. De acuerdo con los criterios técnicos del Inegi, los considerados ZAP Rurales son aquéllos que presentan condiciones de muy alta o alta marginación, rezago social elevado, o donde al menos 15 por ciento de la población vive en pobreza extrema.
También se incluyeron municipios indígenas y afromexicanos, con altos niveles delictivos, dificultades de acceso a carreteras pavimentadas, localidades de reciente creación, posteriores al Censo de 2020, así como aquellos clasificados como no urbanos.

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En el caso de las ZAP Urbanas, se identificaron 43 mil 636 AGEB que presentan altos niveles de marginación o rezago social, o donde al menos 40 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza. También se incorporaron áreas en municipios previamente clasificados como prioritarios en el ámbito rural. Las áreas urbanas prioritarias abarcan dos mil 423 municipios, frente a dos mil 387 en 2026. El número de localidades urbanas pasó de cuatro mil 626 a cuatro mil 531.
La declaratoria establece que la identificación de estos territorios permitirá orientar los recursos públicos hacia las regiones con mayores carencias, elevar los niveles de bienestar de sus habitantes y atender los déficits en materia de infraestructura y servicios.
Entre sus efectos se contempla establecer estímulos fiscales para impulsar actividades productivas y generar empleos, así como programas de apoyo, financiamiento y diversificación de las economías regionales.
Asimismo, prevé la construcción de infraestructura social necesaria para garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con el desarrollo social. Para ello, los gobiernos municipales, estatales y federal podrán establecer convenios y destinar recursos a programas especiales en las zonas identificadas.
La Cámara de Diputados solicitó que la declaratoria sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.
Al concluir la sesión, el presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho, informó que las iniciativas y proposiciones incluidas en el orden del día serían turnadas a las comisiones correspondientes. Finalmente, citó a los legisladores a la próxima sesión.

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