El presupuesto aprobado para salud en 2027 asciende a un billón 105 mil 963.2 millones de pesos, un aumento real de 10.9 por ciento frente a 2026. Según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el proyecto, 78 por ciento de los recursos adicionales se destinaría a la población con seguridad social, principalmente a través del IMSS y el ISSSTE.
El presupuesto por persona afiliada al IMSS sería 2.1 veces el de una persona atendida por IMSS-Bienestar, estimó el CIEP. Especialistas advirtieron que las diferencias de financiamiento entre instituciones dificultan avanzar hacia la cobertura universal.
Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del CIEP, consideró que el crecimiento del gasto representa una señal positiva para el sector, aunque advirtió que los recursos adicionales no compensan los rezagos acumulados durante años.
“Si bien es un aumento, no alcanza para reducir las brechas que están acumuladas desde hace varios años”, sostuvo al analizar la propuesta presupuestaria presentada por el Gobierno federal y avalada este miércoles en el Congreso.
- El Dato: Un estudio de El Colegio de México advirtió el deterioro de la cobertura sanitaria y los problemas estructurales que persisten en el sistema de salud del país.
La especialista explicó que el incremento debe analizarse en función del gasto total destinado a las distintas instituciones públicas, y no únicamente del presupuesto de la Secretaría de Salud.
Bajo esa medición, el gasto público en salud propuesto originalmente alcanzaba alrededor de 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), todavía lejos del seis por ciento recomendado internacionalmente para avanzar hacia la cobertura universal.
Por su parte, Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, advirtió que el país necesita más del doble de los recursos que actualmente destina al sector para alcanzar los estándares internacionales.
El especialista cuestionó que no exista una ruta presupuestaria que garantice un crecimiento sostenido de los recursos destinados a la atención médica.
“Las reglas que determinan el presupuesto para la salud no aseguran que éste crezca de forma constante”, señaló.
A estas advertencias se sumó Alejandra Macías, asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y experta de México, ¿cómo vamos?, quien reconoció la importancia del incremento y los intentos por reorganizar el sector, pero señaló que la fragmentación del sistema de salud mantiene desigualdades entre las instituciones.
La especialista también advirtió que la falta de recursos y las restricciones fiscales representan obstáculos para avanzar hacia un sistema universal, particularmente si no se acompaña el proceso con medidas que fortalezcan los ingresos públicos.
El análisis del CIEP sobre el proyecto presupuestario para 2027 identificó que los incrementos no se distribuirían de manera homogénea entre los distintos componentes del sistema.
En el caso de los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud, el organismo advirtió que, aunque recibirán mayores recursos respecto a 2026, todavía permanecerán 1.5 por ciento por debajo del gasto ejercido en 2025.
La situación también preocupa en materia de salud mental, cuyo presupuesto aumentaría 7.1 por ciento respecto al ejercido en 2026, pero seguiría 24.6 por ciento por debajo del gasto ejercido en 2025 y 30.7 por ciento por debajo del registrado en 2020.
En contraste, los recursos destinados a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio alcanzarían su nivel más alto del periodo analizado, con un incremento de 4.6 por ciento respecto a este año.
Camila Lugo Porras, investigadora del CIEP y autora del análisis presupuestario, señaló que 78 por ciento de los recursos adicionales previstos para salud se concentrarían en la población con seguridad social, principalmente en el IMSS y el ISSSTE.
Esta distribución, advirtió el organismo, mantiene diferencias de financiamiento entre los subsistemas y representa un desafío para la implementación del Sistema Universal de Salud prevista para 2027.
El gasto por persona también refleja esas desigualdades: de acuerdo con el análisis del CIEP, el presupuesto per cápita de una persona afiliada al IMSS sería 2.1 veces superior al de una persona atendida por IMSS-Bienestar.
Con ello, aunque el presupuesto aprobado contempla un incremento para el sector, los especialistas coinciden en que el reto no se limita a destinar más dinero, sino a garantizar una distribución equitativa, fortalecer la infraestructura médica y asegurar que los recursos se traduzcan en servicios, medicamentos y atención efectiva para la población
Bajan 11.8% las zonas urbanas prioritarias
| Por Claudia Arellano |
La Cámara de Diputados formuló la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para 2027, con la que se identificaron mil 575 municipios de las 32 entidades federativas como zonas rurales prioritarias, así como 43 mil 636 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas en cuatro mil 531 localidades de dos mil 423 municipios.
La declaratoria, emitida en cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social, establece los territorios que deberán recibir atención preferente mediante programas sociales, inversión en infraestructura y acciones gubernamentales para combatir la pobreza, el rezago social y la marginación. De acuerdo con los criterios técnicos del Inegi, los considerados ZAP Rurales son aquéllos que presentan condiciones de muy alta o alta marginación, rezago social elevado, o donde al menos 15 por ciento de la población vive en pobreza extrema.
También se incluyeron municipios indígenas y afromexicanos, con altos niveles delictivos, dificultades de acceso a carreteras pavimentadas, localidades de reciente creación, posteriores al Censo de 2020, así como aquellos clasificados como no urbanos.
En el caso de las ZAP Urbanas, se identificaron 43 mil 636 AGEB que presentan altos niveles de marginación o rezago social, o donde al menos 40 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza. También se incorporaron áreas en municipios previamente clasificados como prioritarios en el ámbito rural. Las áreas urbanas prioritarias abarcan dos mil 423 municipios, frente a dos mil 387 en 2026. El número de localidades urbanas pasó de cuatro mil 626 a cuatro mil 531.
La declaratoria establece que la identificación de estos territorios permitirá orientar los recursos públicos hacia las regiones con mayores carencias, elevar los niveles de bienestar de sus habitantes y atender los déficits en materia de infraestructura y servicios.
Entre sus efectos se contempla establecer estímulos fiscales para impulsar actividades productivas y generar empleos, así como programas de apoyo, financiamiento y diversificación de las economías regionales.
Asimismo, prevé la construcción de infraestructura social necesaria para garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con el desarrollo social. Para ello, los gobiernos municipales, estatales y federal podrán establecer convenios y destinar recursos a programas especiales en las zonas identificadas.
La Cámara de Diputados solicitó que la declaratoria sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.
Al concluir la sesión, el presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho, informó que las iniciativas y proposiciones incluidas en el orden del día serían turnadas a las comisiones correspondientes. Finalmente, citó a los legisladores a la próxima sesión.
Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días
