Dámaso Castro Zaavedra renunció a la Vicefiscalía General de Sinaloa después de seis meses de licencia sin goce de sueldo y tras figurar, junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en una acusación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que el exfuncionario formalizó su salida el pasado 5 de noviembre, fecha en que concluyó el permiso que solicitó en mayo, después de que las autoridades estadounidenses revelaron una investigación contra 10 servidores públicos y antiguos integrantes del gobierno sinaloense.
“Presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró Sánchez Kondo durante una entrevista en la que también confirmó que la dependencia mantendrá a José Roberto Quiñónez Coronado como encargado del despacho de la Vicefiscalía General.
- El Tip: Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras la captura de El Mayo en julio.
El Departamento de Justicia estadounidense reveló, el pasado 29 de abril, una acusación formal ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Castro Zaavedra, Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exservidores públicos, a quienes atribuyó una presunta conspiración para facilitar el ingreso de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
De acuerdo con el expediente judicial, Castro Zaavedra recibió presuntamente sobornos mensuales de aproximadamente 200 mil pesos, equivalentes a unos 11 mil dólares, a cambio de proteger a integrantes de Los Chapitos y proporcionar información sobre operaciones de seguridad, incluidas acciones contra laboratorios clandestinos y objetivos relacionados con esa organización criminal.
A través de las investigaciones, las autoridades estadounidenses identificaron registros de supuestos pagos a funcionarios del estado de Sinaloa.
Entre ellos aparece la referencia a Culiacán Regio, denominación que la Fiscalía de NY atribuye al ahora exvicefiscal y que figura en una lista con la cantidad mensual antes mencionada.
Conforme a la acusación, esos pagos ocurrieron al menos desde 2021 hasta septiembre de 2024. Los fiscales sostienen que Castro proporcionó información anticipada sobre intervenciones de las fuerzas de seguridad que contaban con participación o respaldo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), lo que habría permitido a integrantes del grupo criminal retirar sustancias, equipos y otras pruebas antes de los operativos.
Por estos hechos, el gran jurado estadounidense formuló cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como asociación para poseer ese armamento.
El proceso contempla una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y la posibilidad de cadena perpetua en caso de una condena, de acuerdo con la información que difundió el Departamento de Justicia de EU. Las imputaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.
La acusación incluye al senador de Morena Enrique Inzunza, al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, a los antiguos responsables de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez, así como al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez. También figuran José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
- El Dato: Castro Saavedra compareció el pasado 26 de mayo en la FGR, para atender el citatorio con relación a una investigación por su presunto vínculo con integrantes del crimen organizado.
Tras la publicación del expediente estadounidense, el entonces vicefiscal solicitó el 5 de mayo una licencia de seis meses sin goce de sueldo.
Durante ese periodo, la Fiscalía estatal encargó la conducción del área a Quiñónez Coronado, quien continuará con esas responsabilidades mientras no se determine un nombramiento definitivo.
En agosto, Sánchez Kondo anticipó que el futuro laboral del funcionario tendría que resolverse en noviembre, cuando concluyera su permiso.
Además, la titular de la dependencia explicó entonces que, si Castro no regresaba a sus actividades, la legislación contemplaba su renuncia como el procedimiento correspondiente para formalizar su separación.
Respecto a la conducción de la Vicefiscalía General, la funcionaria precisó que Quiñónez Coronado ya cuenta con un nombramiento como encargado del despacho, por lo que continuará al frente de esa oficina sin que hasta ahora exista una designación definitiva.
El exvicefiscal ocupaba uno de los principales cargos de la Fiscalía sinaloense desde octubre de 2021, cuando Sara Bruna Quiñónez Estrada encabezaba la institución. Posteriormente, Claudia Zulema Sánchez Kondo lo mantuvo en esa responsabilidad tras asumir la titularidad en 2024.
Además, ocupó una posición relevante durante los acontecimientos registrados en julio y agosto de 2024, relacionados con la captura de Ismael El Mayo Zambada y las investigaciones por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Guadalupe y Calvo cuadruplica la tasa de homicidios de Chihuahua
| Por Elizabeth Hernández |
Guadalupe y Calvo, un municipio de la Sierra Tarahumara donde habita apenas 1.2 por ciento de la población de Chihuahua, concentró más de siete de cada 100 víctimas de homicidio doloso y feminicidio que registró la entidad entre enero y el 18 de agosto de 2026. En ese periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó 65 personas asesinadas en esta demarcación, frente a las 901 del territorio estatal, mientras cientos de familias abandonan sus comunidades por los enfrentamientos entre organizaciones criminales.
La violencia adquiere otra dimensión al comparar la incidencia delictiva. Durante los 12 meses que concluyeron en septiembre de 2026, las carpetas de investigación por homicidio doloso aumentaron 26.5 por ciento en Guadalupe y Calvo, mientras que en el conjunto de Chihuahua disminuyeron 23.2 por ciento, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con poco más de 50 mil habitantes, el municipio alcanzó una tasa de 123.9 investigaciones por cada 100 mil personas, más de cuatro veces el promedio estatal de 29.6 y casi 11 veces el nacional. El indicador lo colocó como la demarcación con mayor incidencia entre las 994 municipalidades mexicanas de al menos 20 mil habitantes que contempla el comparativo.
Los registros de víctimas de la Fiscalía estatal muestran otra tendencia. Hasta el 28 de julio sumaba 62 asesinatos, apenas dos menos que en todo 2025. La cifra también superaba el acumulado de 2023 y se acercaba a los 79 homicidios que ocurrieron durante 2024, el año con mayor incidencia de la actual administración estatal.
Esta concentración ocurre en una región montañosa de más de nueve mil kilómetros cuadrados, con localidades dispersas y caminos rurales que conectan poblaciones de difícil acceso. La disputa entre grupos criminales no sólo aparece en las estadísticas, sino también en el abandono de comunidades y la presencia de hombres armados en zonas habitadas.
El 10 de noviembre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) alertó que cientos de personas huyeron de sus hogares durante las últimas semanas. La organización denunció ataques con explosivos, drones y armas de fuego, además del despojo de ganado, recursos naturales y viviendas.
De acuerdo con los testimonios que recabó la Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, algunas familias sólo consiguieron abandonar sus comunidades con protección de las fuerzas de seguridad. Otras permanecen en sus viviendas pese a las amenazas, mientras quienes lograron salir enfrentan dificultades para conseguir alimentos, alojamiento y atención médica.
La crisis tuvo otro episodio a principios de noviembre, cuando habitantes de Los Otates reportaron el desplazamiento de más de 90 personas por enfrentamientos entre civiles armados. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió un expediente, aunque las autoridades no habían establecido una cifra oficial de afectados.
Ante ello, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron la operación Los Otates del 5 al 7 de noviembre, en la que decomisaron 49 armas, 209 cargadores, tres mil 915 cartuchos, un vehículo con blindaje artesanal y equipo táctico, e inhabilitaron un campamento.
El Gobierno de Chihuahua informó en julio que, desde 2021, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) había detenido a 28 generadores de violencia, además de asegurar armas largas, cartuchos y artefactos explosivos. También destruyó 135 campamentos o parapetos que utilizaban grupos delictivos, 472 mil plantas de marihuana y 36 mil de amapola, localizadas en comunidades como Baborigame, Las Ánimas, Cinco Llagas, El Ocote y San José de Turuachi.
La persistencia de los homicidios, los desplazamientos y los enfrentamientos también abrió un conflicto político entre el gobierno de Chihuahua y el ayuntamiento, bajo la administración de Morena.
El 29 de julio, la gobernadora Maru Campos atribuyó la crisis de desplazamiento a presuntos acuerdos entre autoridades municipales y organizaciones criminales. La mandataria cuestionó la actuación de la administración local y pidió una mayor intervención de las instituciones federales para enfrentar la situación.
La mandataria estatal retomó sus críticas este 9 de noviembre, cuando acusó a la alcaldesa Ana Laura González Ábrego de desatender las comunidades y no mantener comunicación con el Gobierno estatal. “No oye, no ve, no escucha, no radica ahí, va y viene, hace lo que quiere, se ríe de nosotros”, afirmó.
La gobernadora también aseguró que la presidenta municipal atiende únicamente las indicaciones de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, por lo que exigió una respuesta del Gobierno federal ante los desplazamientos.
Uno de los principales desacuerdos entre ambas administraciones corresponde a la instalación de un Subcentro de la Plataforma Centinela, proyecto estatal de seguridad que permanece pendiente en Guadalupe y Calvo.
Desde enero, González Ábrego sostuvo que el ayuntamiento había propuesto seis inmuebles alternativos para instalar el centro de operaciones, pero la SSPE insistía en utilizar el antiguo Centro de Reinserción Social, que, según la alcaldesa, ya ocupaban la Guardia Nacional y el Ejército. “Nosotros nunca les hemos dicho que no; lo que hemos hecho es argumentar por qué no podemos entregar el Cereso”, declaró entonces la presidenta municipal, quien rechazó que su administración se opusiera a la instalación de la infraestructura.
Pese a estas propuestas, el Gobierno estatal confirmó en noviembre que el subcentro continúa sin operar. La Secretaría de Seguridad Pública atribuyó el retraso a la falta de acuerdos sobre un inmueble que reúna las condiciones necesarias, aunque aseguró que sus elementos mantienen presencia permanente junto con corporaciones federales.
Seguridad social concentra 78% de alza en gasto en salud
