La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas dos investigaciones administrativas contra Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal general de la entidad. La primera responde a los señalamientos de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras que la segunda es por las irregularidades relacionadas con la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general del estado, confirmó que el Órgano Interno de Control (OIC) abrió expedientes independientes por ambos casos, cuyos procedimientos continúan en trámite pese a que el exfuncionario presentó su renuncia el pasado 5 de noviembre.
“Son dos investigaciones separadas”, precisó la titular de la institución, quien explicó que las indagatorias comenzaron cuando Castro Zaavedra todavía se encontraba en funciones, por lo que el área de vigilancia interna tiene facultades para examinar posibles responsabilidades administrativas.
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El organismo requiere información y copias de documentos relacionados con cada expediente para desarrollar las diligencias correspondientes, aunque hasta ahora no existen resoluciones sobre las conductas que analiza.
“No hemos tenido información de que se hayan resuelto las investigaciones”, declaró Sánchez Kondo, quien recordó que este tipo de procedimientos puede derivar en sanciones que van desde la suspensión hasta la remoción del cargo.
A diferencia de las indagatorias penales, las actuaciones del Órgano Interno de Control se limitan a posibles faltas administrativas. La fiscal aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) atender los asuntos de carácter penal relacionados con el exvicefiscal.
Respecto a su salida de la institución, rechazó que la renuncia obedeciera a una resolución de los procedimientos internos y sostuvo que Castro Zaavedra tomó esa determinación de manera voluntaria, después de permanecer seis meses con licencia.
“Fue una decisión personal”, expresó la funcionaria, quien recordó que desde mayo pasado el entonces servidor público solicitó separarse temporalmente de sus actividades debido a la investigación que mantiene la autoridad federal.
El exvicefiscal formalizó su renuncia el 5 de noviembre, cuando concluyó el permiso sin goce de sueldo que había solicitado el mismo día de mayo, sin que la Fiscalía estatal recibiera información sobre alguna resolución de las investigaciones en curso.
La primera investigación administrativa tiene como antecedente la acusación que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 contra Castro Zaavedra y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y las armas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el entonces vicefiscal habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, entre 2021 y septiembre de 2024, a cambio de protección contra detenciones e información anticipada sobre operativos de seguridad.
Según el expediente judicial, el exfuncionario presuntamente alertaba a integrantes de esa organización sobre acciones que involucraban a la Administración para el Control de Drogas (DEA), incluidos los laboratorios y miembros de la estructura criminal que figuraban entre los objetivos de las autoridades.
El segundo expediente administrativo se relaciona con el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien murió el 25 de julio de 2024, fecha que coincidió con el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos.
Durante las primeras investigaciones, la Fiscalía sinaloense sostuvo que el exrector sufrió una agresión en un intento de robo de vehículo en una gasolinera de Culiacán, versión que posteriormente rechazó la FGR tras identificar inconsistencias en las diligencias ministeriales y los dictámenes periciales.
Castro Zaavedra ocupaba entonces la Vicefiscalía General y acompañó a la extitular de la dependencia, Sara Bruna Quiñónez Estrada, durante la presentación pública de avances y material videográfico relacionado con el homicidio.
Posteriormente, la autoridad federal asumió las investigaciones del asesinato y cuestionó las actuaciones de la institución estatal, entre ellas la falta de procesamiento criminalístico del lugar de los hechos y las deficiencias que detectó en el manejo de las evidencias.
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