Dámaso Castro Zaavedra presentó su solicitud licencia sin goce de sueldo al cargo de vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, que ocupaba desde octubre de 2021. La separación ocurre en medio de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La solicitud del vicefiscal ocurrió horas después de que Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal del estado, reconociera que la institución analizaba separarlo de sus funciones para evitar cualquier interferencia en las investigaciones abiertas a partir de la acusación estadounidense.
- El Dato: EU señala a Castro Zaavedra de haber protegido desde su cargo a miembros de Los Chapitos para que no fueran detenidos, a cambio de recibir sobornos mensuales.
Más tarde, la FGE informó en un comunicado que Castro Zaavedra presentó la solicitud de licencia ayer, y que manifestó disposición para comparecer, responder o atender cualquier requerimiento institucional que derive de los señalamientos en su contra, siempre por las vías legales correspondientes.
La Fiscalía no precisó cuánto tiempo permanecerá Dámaso Castro fuera de la Vicefiscalía General, ni si la ausencia quedará cubierta mediante un nombramiento provisional. Tampoco detalló quién asumirá las funciones operativas del área durante la licencia ni si la separación temporal tendrá efectos inmediatos dentro de la estructura interna de la institución.
Con esta separación, Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena, queda como el único funcionario en activo, entre los señalados por Estados Unidos, que no ha solicitado licencia al cargo.
Antes de Castro Zaavedra, ya habían pedido permiso para ausentarse Rubén Rocha Moya de la gubernatura de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil de la presidencia municipal de Culiacán.
El exvicefiscal figura dentro del grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios estatales señalados por autoridades federales de EU. En esa lista aparecen exresponsables de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, un exsecretario de Seguridad Pública, un exsubdirector de la Policía estatal y un excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
La acusación de Estados Unidos sostiene que Rocha Moya y otros “altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se habrían asociado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. La acusación forma parte de un expediente más amplio contra presuntas redes de protección política y policial ligadas a la facción de Los Chapitos.
Castro Zaavedra enfrenta, en particular, cargos por conspiración para importar narcóticos a EU, así como por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ese armamento. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no existen pruebas suficientes para detener a alguno de los funcionarios acusados por el gobierno estadounidense.
Con la licencia de Castro Zaavedra, la presión política se concentra ahora en el morenista Inzunza Cázarez, quien mantiene su escaño en el Senado pese a los llamados de otras fuerzas políticas que han exigido su renuncia inmediata.
PAN pide extradición “inmediata” de Rocha
› Por Elizabeth Hernández
EL DIRIGENTE nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que México active el tratado de extradición “inmediatamente” con Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde Torreón, Coahuila, sostuvo que la respuesta del Ejecutivo federal marcará una definición política frente a las investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Romero Herrera afirmó que el PAN llevará el tema a la Comisión Permanente para solicitar que el procedimiento avance conforme al tratado bilateral de extradición. Señaló que su partido reconoce los límites del derecho internacional, pero acusó que ese argumento no debe utilizarse como freno político.
- El Tip: Un grupo de ciudadanos celebró con carne asada, afuera del ayuntamiento de Culiacán, la salida de Rubén Rocha Moya.
Según el dirigente, la petición se apoya en investigaciones del Departamento de Justicia y de un Gran Jurado por presuntos delitos contra la salud y nexos con el narcotráfico. En ese contexto, pidió no sólo actuar contra Rocha Moya, sino también revisar a su círculo cercano.
Llamó “traidor a la patria” al mandatario con licencia y sostuvo que la mayor deslealtad contra el país ocurre cuando un funcionario, obligado a proteger a la población, pacta con el crimen organizado.
Señaló posibles consecuencias diplomáticas y comerciales si México no atiende el pacto de extradición con EU. Planteó que el Gobierno federal tendría que explicar a los mexicanos cualquier decisión que afecte la relación bilateral, incluido el Tratado de Libre Comercio.
En paralelo, rechazó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, deba solicitar licencia por la investigación relacionada con la presunta presencia de agentes extranjeros en un operativo estatal, pues ambos casos no admiten comparación y los señalamientos contra ella son “ridículos”.
Chocan Maru y Ariadna por el caso Rocha Moya
› Por Claudia Arellano
La mandataria estatal de Chihuahua, Maru Campos, cuestionó que, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, se le defienda a “capa y espada”, mientras que a ella la atacan por desmantelar un narcolaboratorio.
“A uno se le se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, dijo.
- El Dato: El lunes, el Gobierno señaló que la solicitud de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, corresponde a una petición de “detención provisional”.
Además, la gobernadora denunció un trato desigual por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) debido al citatorio para declarar dirigido a 50 funcionarios de su administración, relacionado con las indagatorias por el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en el que habrían participado cuatro agentes estadunidenses de manera encubierta. Dos de ellos, así como dos elementos mexicanos perdieron la vida en un accidente.
Maru Campos también reprochó que se le critique por combatir al narcotráfico en su estado, mientras que a Rocha Moya no se le haya sancionado por las denuncias en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos.
“Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién. Y yo creo que los mexicanos somos personas por las luchas democráticas que hemos dado a través de muchas décadas, y, sobre todo, los chihuahuenses, tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza realmente humanistas, que no duda, que no tiene duda. Ahí están los hechos”, señaló.
Cuestionada sobre si ella también fue citada a declarar por la FGR, la gobernadora se limitó a responder que “hay un requerimiento y se va a contestar en los términos que se deben de contestar”.
Ante esa declaración, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la panista de mentir y advirtió que debe ser juzgada por la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo en Chihuahua.
Montiel Reyes sostuvo que la situación “busca provocar la intervención de agentes extranjeros”, lo que —dijo— representaría una violación a la Constitución y a la soberanía nacional. En ese sentido, calificó dicha posibilidad como un acto de “traición a la patria”.
Dos días después de asumir el cargo como nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel arremetió en redes sociales contra Maru Campos, y pidió que sea juzgada por “traición a la patria”, al tiempo que reiteró consignas en favor de la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
Ariadna Montiel señaló que, desde su perspectiva, la investigación en su contra no es por el desmantelamiento de narcolaboratorios, sino por “provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México”.
“La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de dos mil 500. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria”, acusó.