En lo que va de la LXVI Legislatura, la Cámara de Diputados ha aprobado sólo dos de las 20 solicitudes para crear comisiones especiales, según un recuento proporcionado a La Razón. Una se ocupa de inteligencia artificial y la otra da seguimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Entre las solicitudes figura la de Morena para revisar la elección presidencial de 2006.
En la LXIII Legislatura (2015–2018), 37 de las 46 comisiones especiales cerraron sin presentar informe final de resultados, de acuerdo con el Octavo Reporte Legislativo de Integralia. La proporción equivale a 80.4 por ciento. Sólo nueve presentaron el documento de cierre y, apenas tres, entregaron todos sus informes semestrales.
Entre las solicitudes que quedaron sin aval en la legislatura actual figuran dos del PAN para investigar el descarrilamiento del Tren Interoceánico y dar seguimiento al brote de sarampión.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llevó a San Lázaro la propuesta de crear una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia para revisar los comicios en los que Felipe Calderón Hinojosa obtuvo la Presidencia frente a Andrés Manuel López Obrador. El planteamiento se produjo después de que Vicente Fox dijera que intervino en la elección para favorecer a su correligionario. En una carta posterior, el expresidente afirmó que respetaba a las instituciones electorales. Montiel cuestionó la carta y reiteró que su partido impulsará la revisión.
- El Dato: Las comisiones especiales se crean con acuerdo del pleno de la Cámara baja, a propuesta de la Jucopo, para atender asuntos que no corresponden a las ordinarias.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que la mayoría legislativa tiene los votos para aprobar la comisión. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta instancia debe proponer al pleno el acuerdo de creación, en el que se fija el encargo de la comisión. El Reglamento dispone que estos órganos atienden asuntos específicos, carecen de facultades para dictaminar y deben entregar informes semestrales y uno final.
Hugo Garciamarín, doctor en Ciencia Política y académico de la UNAM, consideró que la revisión de los comicios de 2006 debería ceder prioridad a pendientes institucionales, como el relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Su principal cuestionamiento apunta a la composición del grupo. Advirtió que, “si queda exclusivamente bajo el control del oficialismo, sus conclusiones podrían perder credibilidad”.
Para Garciamarín, la eficacia de la comisión especial dependerá de que se integren distintas perspectivas y de que sus miembros tengan acceso a los documentos necesarios para investigar con independencia. El académico planteó revisar qué resultados entregaron los órganos creados para atender otros asuntos de interés público y qué ocurrió después con sus recomendaciones.
FALTA DE SEGUIMIENTO. El recuento de Integralia documentó 42 comisiones especiales en la LXI Legislatura (2009–2012), 37 en la LXII (2012–2015) y 46 en la LXIII (2015–2018). De estas últimas, 19 venían de la legislatura anterior. Las 46 se extinguieron el 1 de junio de 2018. El dato de los informes permite medir el cumplimiento de esa obligación y deja abierta la pregunta sobre lo que hicieron las autoridades con los hallazgos de cada comisión especial aprobada.
En diciembre de 2015, la Junta de Coordinación Política acordó integrar un grupo plural para dar seguimiento a las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República y al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el incendio de la Guardería ABC. En la tragedia, ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, murieron 49 niñas y niños.
El acuerdo encomendó al grupo solicitar información a las autoridades, organizar los documentos y presentar informes al pleno. El caso ilustra qué puede hacer la Cámara para dar seguimiento a una investigación a cargo de otras instituciones. “La diferencia entre un informe y la justicia sigue siendo uno de los principales desafíos de las investigaciones de alto impacto en México”, señaló Daniel Barceló Rojas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señaló que determinar responsabilidades penales corresponde a las fiscalías y los tribunales.
El costo de las comisiones es otra pregunta pendiente. Algunas trabajan con el personal y la infraestructura de la Cámara y los acuerdos de creación pueden prever que operen sin recursos adicionales. Yadira Vázquez, especialista en política pública de la Universidad Veracruzana, señaló que para calcular lo que cuesta cada órgano habría que revisar sus acuerdos, el personal y los materiales que utiliza, los servicios que contrata y los informes de gasto.
Vázquez planteó que, si se aprueba la comisión sobre 2006, el acuerdo de creación debe precisar sus facultades, la metodología de la revisión, el acceso a documentos, el calendario y cómo se harán públicas sus conclusiones: “También será necesario determinar qué ocurrirá si durante la revisión se identifican posibles irregularidades: a qué autoridades se remitirán los hallazgos, qué seguimiento tendrán y bajo qué criterios se dará por cumplido el objetivo de la comisión”.
Comisiones especiales
Aprobadas en legislaturas del 2009 al 2018
Legislatura LXI / 2009–2012 / 42
Legislatura LXII / 2012–2015 / 37
Legislatura LXIII / 2015–2018 / 46
Destacan importancia de revisar 2006 y 1988
Por Yulia Bonilla
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, consideró que la tarea que realizará la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, para indagar los presuntos fraudes electorales en 1988 y 2006, es importante.
La semana pasada, Morena, desde la Cámara de Diputados y como partido nacional, planteó la creación de un grupo especial para investigar las supuestas inconsistencias en los comicios donde Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador perdieron.
Consultada al respecto durante la conferencia presidencial, la funcionaria se abstuvo de emitir mayores comentarios debido a que consideró que es un proceso a cargo del Poder Legislativo: “Es un tema que lleva hoy el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces nosotros estamos pendientes porque pues, más bien, lo que podría decir es: ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’”.
No obstante, la funcionaria comentó que el esclarecimiento de estos hechos es relevante para la historia y la democracia del país: “Creo que es muy importante todo lo que sea esclarecer cualquier parte de la historia que nos involucra a todas y todos los mexicanos y a la democracia. Eso es muy fundamental. Es muy bueno que lo hayan hecho”.
En la conferencia del pasado 11 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo el llamado contundente a que se abriera una investigación sobre lo ocurrido en los comicios del 2006, luego de que el expresidente Vicente Fox declaró en una entrevista que, de alguna forma, intervino en lo que estaba a su alcance para que Felipe Calderón fuera su sucesor.
Las acusaciones se dieron a raíz del hallazgo de contrataciones irregulares en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, hecho tras el que se halló una red empresarial perteneciente a un mismo grupo familiar —los hermanos Hernández Casillas— que han acaparado los contratos durante tres décadas, lo que hizo que la responsabilidad se extendiera a quienes fueron funcionarios en el INE.