El Gobierno federal publicó la noche de este miércoles, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que reestructura Talleres Gráficos de México (TGM) e incorpora expresamente a su objeto la producción de boletas, documentación y materiales electorales que le soliciten el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (Oples). Las autoridades electorales definirán los modelos, el diseño, las especificaciones técnicas, el calendario y el control de calidad de cada encargo.
La medida abre la primera etapa del plan que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó por la mañana en conferencia de prensa con el fin, dijo, de ampliar la capacidad pública de impresión, homologar precios e insumos, y reducir el costo de los comicios, además de garantizar la transparencia de las contrataciones.
- EL DATO: LOS TRES consejeros independientes de la Junta de Gobierno son Ángel Eustorgio Rivera González, Raúl Juan Contreras Bustamante y Josefina Cortés Campos.
“Se trata de ahorrar y pues de que no haya suspicacias al respecto. Sí, efectivamente hacia allá vamos (eliminar la impresión con sector privado), hacia la homologación y que sirva este Talleres Gráficos como ha servido, para que sean todos impresos por Talleres Gráficos de México”, declaró Rodríguez.

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El decreto de reforma a TGM establece cambios estructurales que se realizarán en dos fases: la primera, considerada entre noviembre de 2026 y junio de 2027, incluye el fortalecimiento del área y las diversas disposiciones del decreto. La segunda fase vendrá a partir de julio del siguiente año y hacia 2030, que consistirá en la formulación de la Ley de la Imprenta Nacional de México, que establecerá un mandato exclusivo para la documentación y material electoral, así como para documentación de seguridad.
Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor, Gobernación promoverá con el INE el instrumento para acordar la producción y lo pondrá a disposición de los organismos locales. La exclusividad para TGM se plantearía en la ley después de las elecciones de 2027.
Talleres Gráficos deberá imprimir por cuenta propia las boletas que se le encomienden. Podrá contratar insumos, servicios auxiliares o procesos que no sean sustantivos. La prohibición de encargar a terceros la impresión de boletas también abarca la producción integral de materiales electorales. Autorizar una subcontratación que rebase esos límites será causa de responsabilidad administrativa.
El Ejecutivo citó hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Entre ellos figuran contrataciones sin investigación de mercado, adjudicaciones directas sin acreditar debidamente la excepción a la licitación, pagos anticipados por servicios prestados en otro ejercicio y una dependencia significativa de terceros para completar órdenes de producción.
Antes de iniciar la producción de cada proceso electoral, TGM deberá publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia el padrón de subcontratistas y proveedores de insumos, con el objeto, monto y procedimiento de cada contrato. Para integrar el padrón deberá evaluar la capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera de cada proveedor.
El decreto impide contratar a proveedores inhabilitados o sancionados, con pliegos de observaciones o promociones de responsabilidad sin solventar en materia de contratación de documentación o material electoral, o emplazados o sancionados por prácticas monopólicas en contrataciones públicas. También excluye a quienes figuren en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera mientras subsista el bloqueo.
El personal de Talleres Gráficos deberá abstenerse de intervenir en contrataciones, subcontrataciones o producción electoral si tiene o tuvo en los cinco años previos vínculos laborales, comerciales, societarios o de representación legal con proveedores comprendidos en el decreto. La restricción también abarca el parentesco hasta el cuarto grado con sus socios, administradores o representantes. La persona titular de la Dirección General, las áreas señaladas en el decreto y el personal que intervenga en contrataciones deberán presentar declaraciones de intereses que se difundirán en versión pública.
La Junta de Gobierno tendrá siete integrantes. Gobernación la presidirá y también estarán representadas Hacienda, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los otros tres lugares corresponden a consejerías independientes, con voz y voto, que designará la Presidencia de la República a propuesta de Gobernación. El encargo ordinario durará cuatro años, podrá renovarse una vez y será honorífico.
La Junta sesionará al menos una vez al mes durante los procesos en los que TGM produzca documentación o materiales electorales. Al término de cada proceso publicará un informe sobre el cumplimiento de calendarios, especificaciones, precios y reglas de subcontratación y la entidad solicitará cada año a la ASF una auditoría de gestión.
La reestructura se anunció junto con el nombramiento de la doctora en Políticas Públicas por el CIDE Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como directora general, en relevo de Arturo Manuel Chávez López. La Dirección General tendrá 30 días naturales desde la entrada en vigor para presentar el programa de inversión que sustituirá maquinaria obsoleta y ampliará la capacidad propia. El programa incluirá cotizaciones, fuentes de financiamiento y metas para reducir la contratación con terceros.
EL PLAN
Claves de la reestructura de la entidad de impresión.
MANDATO. Producirá las boletas, documentación y materiales que le soliciten el INE y los Oples, que definirán diseño, calendario y control de calidad.
LÍMITES. Deberá imprimir por cuenta propia las boletas que reciba por encargo; no podrá delegar la producción integral de materiales electorales. Podrá contratar insumos, servicios auxiliares y procesos no sustantivos.
GOBIERNO. La Junta de Gobierno tendrá 7 integrantes, presidida por Segob, con representantes de Hacienda, Consejería Jurídica y Anticorrupción, además de 3 consejeros independientes.
CONTROLES. TGM deberá evaluar a sus proveedores y publicar un padrón con el objeto, monto y procedimiento de cada contrato. Hay reglas para prevenir conflictos de interés.
VIGILANCIA. La Junta publicará cada año tarifas y precios de referencia; tras cada elección difundirá un informe de cumplimiento y solicitará una auditoría a la ASF.
CAPACIDAD. TGM deberá presentar un programa de inversión para sustituir maquinaria obsoleta y ampliar su producción.

