Alrededor del 60 por ciento de los programas sociales de los estados de la República que surgieron de manera emergente para atender la pandemia de Covid-19 durante el 2021 habrían mantenido algún riesgo de corrupción por temas como desvío de recursos, favoritismo, clientelismo y uso político electoral.
Así se dio a conocer en el informe de “Vigilancia ciudadana y el uso de recursos públicos frente al proceso electoral 2021 y la contingencia sanitaria de la Covid-19”, como parte de una iniciativa de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), un centro de análisis e investigación no-lucrativo especializado en generación de soluciones metodológicas para fomentar los principios de transparencia y rendición de cuentas.
En entrevista con La Razón el director de Gesoc, Alfredo Elizondo, explicó que si bien se trata de un estudio en ocho entidades de la República, funciona como una especie de muestreo, ya que en todo el país se llevaron a cabo programas para enfrentar la pandemia.
“A pesar de las buenas intenciones de los gobiernos locales, pues muchas de esas acciones orientadas a reducir efectos de tipo económico-social pues claramente resultaron ser programas de la improvisación, muy opacos, sobre todo en el manejo de presupuesto, y al final del día no lograron tener un efecto sustantivo en la pobreza y desigualdad de la población”, resaltó.
Mal diseñados
De acuerdo con el análisis, de 28 programas analizados en 8 estados:
- 25 no han sido fiscalizados ni auditados o sujetos a una evaluación del desempeño
- En 60% no hubo un padrón de beneficiarios, por lo que no se puede saber a quién se destinaron los recursos.
- Sólo 25% de los programas establecieron reglas de operación, pero no dieron seguimiento para cuantificar los beneficiarios y la población atendida.
- Apenas en 50% de los casos fue posible localizar la convocatoria pública para que la ciudadanía accediera a los beneficios.
- Ningún programa evaluado supera el 50% de los estándares solicitados para evitar actos de corrupción.
A través de una metodología de análisis se estudiaron 28 programas de seis estados del país, donde se analizaron los rubros de presupuesto, operación, padrón, participación ciudadana, fiscalización y evaluación. Para realizar el trabajo, Gesoc se apoyó en otras asociaciones civiles y en la academia, como fue el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
La profesora investigadora y líder del proyecto, Ana Olga Rodríguez Betancourt, señaló que entre los temas más relevantes se encontró la fiscalización.
“Es una dimensión en donde, de los 28 programas, el riesgo de corrupción es del 84 por ciento porque casi la totalidad de los programas no han sido sujetos a una auditoría financiera o de evaluación del desempeño”, expresó.
La académica del Tec de Monterrey consideró que ello significaría que 25 de los programas no han sido fiscalizados ni auditados por ninguna entidad.
A pesar de las buenas intenciones de los gobiernos locales, claramente resultaron ser programas de la improvisación, muy opacos, sobre todo en el manejo de presupuesto, y al final del día no lograron tener un efecto sustantivo en la pobreza y desigualdadAlfredo Elizondo <br>Director de Gesoc
“Encontramos discrepancias entre el monto asignado del programa, el número de beneficiarios y el costo del paquete que se estaba asignando, por ejemplo, a apoyos de útiles escolares, paquetes de medicamentos, porque viene el costo, pero no vienen los beneficiarios o vienen los beneficiarios, pero no corresponde el monto”, compartió.
Al recalcar que fueron los estudiantes del Tec de Monterrey quienes apoyaron en la recopilación de datos y encuentros con las autoridades, sostuvo que una de las problemáticas localizadas fue que en 60 por ciento de los programas no hubo un padrón de beneficiarios, por lo que no se puede saber a quién se destinaron los recursos.
“En algunos programas incluso no existe el padrón visible, pero no se acredita o no hay evidencias; viene el número de beneficiarios, pero no hay nombre y apellido de las personas”, subrayó.
Por su parte, el director del Programa Ciudadanía Activa de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tec de Monterrey, Juan José Tena, reveló que sólo el 25 por ciento de los programas establecieron reglas de operación.
Encontramos discrepancias entre el monto asignado del programa, el número de beneficiarios y el costo del paquete que se estaba asignando, por ejemplo, viene el costo, pero no vienen los beneficiarios o vienen los beneficiarios, pero no corresponde el montoAna Olga Rodríguez Betancourt <br>Académica del TEC-M
“Establecieron definiciones, cuantificaciones de población objetivo y atendieron sus programas operativos; es decir, crearon reglas de operación, pero luego no dieron seguimiento para cuantificar los beneficiarios y la población atendida”, expuso.
Sostuvo que sólo en el 50 por ciento de los casos fue posible localizar la convocatoria pública para que la ciudadanía accediera a los beneficios. “Es un riesgo de corrupción porque es ahí cuando los gobiernos pueden referenciar, digamos la convocatoria, a sectores de su preferencia.
“Además, solamente en tres de los 28, en el 11 por ciento, hubo algún tipo de supervisión interna, ya sea por la contraloría o algún órgano, pero en los otros 25 programas pues no han tenido todavía una revisión de cómo funciona o no funcionó”, reveló, tras señalar que la siguiente etapa del trabajo será presentar las recomendaciones a las entidades federativas para un mejor ejercicio en los próximos años.
Al reconocer que el estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de los seis estados que aprobaron ser analizados, los entrevistados coincidieron en que se trató de un ejercicio de participación ciudadana que permite a la sociedad civil y a los estudiantes empoderarse frente a los servidores públicos, más ahora que continuarán los procesos electorales del 2022 y el 2024.
Establecieron definiciones, cuantificaciones de población objetivo y atendieron sus programas operativos; es decir, crearon reglas de operación, pero luego no dieron seguimiento para cuantificar los beneficiarios y la población atendidaJuan José Tena <br>ITAC del TEC-M
“Si se continúa con la implementación de este tipo de programas, se abre la puerta para que pueda fomentarse el uso electoral de esos programas. No son ajustes de otro mundo, sólo se trata de informar las reglas básicas de operación. Al final del día, digamos a nivel del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Estatales Anticorrupción, pues hay una agenda pendiente muy amplia en términos de cómo se pueden atender estos riesgos”, finalizó el director de Gesoc, Alfredo Elizondo.
