Gobierno señaló “riesgo” de liberar a 8 militares y va contra el Judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo en contra del Poder Judicial tras la liberación de ocho militares, con lo cual, dijo, busca desprestigiarse al Ejército Mexicano porque no quieren una institución independiente y soberana, así como “hacerme quedar mal” con el caso Ayotzinapa.

“¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual? que no se integraron bien las investigaciones. Como si esto fuera un asunto como cualquier otro; este es un asunto de Estado”, afirmó AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO cuestionó: “¿Y qué buscan? Dos cosas: una desprestigio al Ejército, ¿por qué razón?, porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren a una institución sometida los que están detrás moviendo los hilos.

“Y segundo, hacerme quedar mal, pero yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas, y lo vamos a seguir haciendo y les vamos a seguir explicando poco a poco, es una maraña que crearon y siguen creando”, advirtió AMLO.

López Obrador se pronunció en contra de las declaraciones del exsubsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien dijo que la libertad de ocho militares dictada por una jueza federal, “es un nuevo sabadazo que allana el camino a la impunidad”.

Incluso, el exencargado del caso Ayotzinapa sostuvo que “es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”, declaró AMLO.

AMLO denunció que el Poder Judicial ha protegido a quienes participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014, y reveló que días antes de que la jueza Raquel Duarte decretara la liberación de los militares, la Secretaría de Gobernación envió un oficio a la presidenta de la Corte, Norma Piña.

“Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le entregó una carta a la presidenta de la Suprema Corte advirtiéndole de esta situación. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador (Jesús Murillo)”, aseveró AMLO.

AMLO añadió que el creador de la verdad histórica, además dicho por él mismo, Murillo Karam se mantenía en libertad, tranquilo y cuando se decide que se actúe en contra de los que mintieron, se rebelaron los seudodefensores de derechos humanos.

“En vez de celebrarlo se oponen, incluso cuando se ordena la detención de militares, se oponen y ahora como ya veíamos venir esto, se le avisa, se la manda a decir a la presidenta de la Corte, ‘cuidado con esto’. No sé en qué términos le envió el oficio la secretaria de Gobernación”, refirió AMLO..

Por otra parte, AMLO reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha politizado el asunto desde el principio y aseguró tener pruebas de que se dejaron libres a quienes participaron en los hechos, ocurridos en septiembre de 2014.

“Y las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos, se quedaron callados. Eso es lo que puedo comentar. Vamos a seguir con la investigación”, agregó AMLO.

Alertaron riesgo de fuga de militares

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer una carta que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que el Gobierno federal advirtió sobre “el alto riesgo de sustracción de la justicia” si eran liberados los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.

En el documento se da cuenta de la resolución emitida el pasado 30 de noviembre por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, en la que sus integrantes estimaron fundado el agravio de ocho militares por la causa penal 1/2023.

Por ello, los tres magistrados ordenaron que se realizara una nueva audiencia para que fuera emitida una nueva medida cautelar, diferente a la prisión preventiva oficiosa, en beneficio de los ocho elementos castrenses.

La carta señala: “Lo anterior resulta relevante, porque al modificar la prisión preventiva oficiosa, existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o que huyan del país”.

Agrega que “éste es un asunto de la mayor importancia y relevancia para el Estado, por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”.

La misiva, firmada por la propia titular de Gobernación, dice también: “Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad, un mensaje de impunidad y falta de justicia”.

Al dar a conocer la carta, “por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, a través de sus redes sociales, Luisa María Alcalde comentó que “ahí le advertimos (al Poder Judicial) del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”.

El pasado sábado, una jueza de distrito de procedimientos penales del Estado de México cambió la medida que se había impuesto de prisión preventiva oficiosa en contra de los ocho elementos del Ejército por prisión domiciliaria, el pago de una fianza y la prohibición del salir del país.

La impartidora de justicia también determinó, como parte de las nuevas medidas cautelares, que los militares, entre los cuales hay distintos rangos, desde cabo hasta subteniente, deben presentarse cada quince días a los juzgados a firmar.

La medida fue rechazada por la Fiscalía General de la República, la cual, al día siguiente, informó que la impugnará por las vías procedimentales.

El órgano de procuración de justicia advirtió que también iniciará un procedimiento de responsabilidad en contra de la jueza que modificó la medida cautelar de prisión preventiva y contra los tres integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Lamentan padres de los 43 liberación de militares

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa lamentaron la liberación de ocho militares que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes, pues aseguran que se sigue protegiendo al Ejército y la investigación que supuestamente se sigue es sólo un discurso, pues en los hechos no hay avances.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, uno de los normalistas, dijo a La Razón que “da coraje” que pasen esas cosas, pues los jueces y autoridades saben que ellos fueron responsables y no se les va a sancionar, sino por el contrario, se les deja libres ya que la consigna es su protección.

“Hay pruebas de su responsabilidad, pero aun así los dejan libres porque los quieren proteger, pero nosotros con eso, ¿qué podemos hacer?, nada, sólo esperar a que haya justicia. Hay 800 folios que no nos quieren dar del Ejército, donde se dice al menos el paradero de algunos estudiantes, pero no los presionan”, explicó.

La madre dijo que el Gobierno federal no está cumpliendo su promesa, a pesar de que aseguró que “no va a solapar a nadie” en las investigaciones, pero caso contrario, las autoridades sólo se han dedicado a culpar a quienes han realizado los análisis, como el exfiscal Omar Gómez Trejo, los abogados, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la ONU y hasta a Alejandro Encinas.

A su vez, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, indicó que hay evidencias de que los elementos castrenses participaron en los hechos de la noche del 26 de septiembre del 2014, pues fue el GIEI quien dio a conocer videos de su presencia en la desaparición de los jóvenes; sin embargo, dijo que, lo que es claro, es que no los van a sancionar.

“Hay muchas evidencias, hay videos que dio a conocer el GIEI donde participa el Ejército, pero a pesar de esa evidencia, no quieren ver que es su responsabilidad. Es mentira todo lo que están haciendo para protegerlos, porque hay hojas faltantes en los expedientes que los inculpan y que dicen que ellos saben en dónde están algunos de nuestros hijos”, aseveró.

María de Jesús indicó que el caso Ayotzinapa va a seguir el camino de lo ocurrido en 1968 en Tlatelolco, pues aseguró que las autoridades le están dando carpetazo al tema, ya que el Gobierno federal desea dejar en la impunidad la desaparición de los normalistas.  

Mencionó que ahora la estrategia es de división y de “echar” culpas a quien sea, pues “se está yendo de las manos” llegar a la verdad de lo ocurrido aquella noche, toda vez que, dijo, el mandatario federal “ya es muy necio” en su protección al Ejército y en no querer escucharlos a ellos, cuando son los principales afectados. 

“El Presidente se comprometió y hasta el día de hoy no lo está cumpliendo, pero más que ayudarnos, nos está atacando y está protegiendo a quienes son culpables. Nosotros les pedimos que se siga investigando a los militares y que no se les deje libres, pues ellos saben lo que pasó y dónde están nuestros hijos”, aseveró.

Los padres han reprochado desde hace varios meses que no hay avances en el caso y sí, un cambio de postura de las autoridades federales para no entregar la documentación que piden.

Posponen audiencia de Murillo Karam hasta abril

Un juez federal aplazó hasta abril la audiencia en contra del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, tortura y administración contra la justicia por el caso Ayotzinapa. 

La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá una pena de 82 años en contra del exfuncionario federal, a quien la actual administración ha señalado como parte del entramado que impide develar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, el 26 de septiembre de 2014. 

La audiencia hoy se llevaría a cabo; sin embargo, la defensa de Murillo Karam continúa realizando entrevistas y pruebas a su favor, por ello, la extensión del encuentro.  

El extitular de la PGR se encuentra al momento en la Torre Médica de Tepepean, debido a los problemas de salud que arrastra (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral), además, que su defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones el cambio de medida cautelar, dado su mal estado de salud, medida que le fue concedida en noviembre del 2023, pero sigue en prisión por su probable responsabilidad en el delito de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; presunto integrante de la célula delictiva de Guerreros Unidos.

Los padres de los normalistas han exigido al Gobierno federal la sanción en contra del servidor público, ya que señalan, es el responsable de las investigaciones, además que fue el creador de la llamada verdad histórica, que señala que los jóvenes fueron secuestrados y calcinados en el basurero de Cocula aquella noche.

La justicia mexicana procesó a Murillo Karam por impulsar una línea de investigación, presuntamente falsa, que es la verdad histórica, además que con ello, se impidió continuar con la investigación de los normalistas que hasta el momento, no han sido encontrados.

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