Amnistía Internacional acusa que México mantiene inseguras a las mujeres

Amnistía Internacional denunció que el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y niñas y alerta de violencia de género.

“Amnistía Internacional advierte que, a la fecha, el gobierno mexicano tiene activos 21 protocolos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que, aunque han visibilizado las violencias sistemáticas contra las mujeres y los vacíos legales y de política pública, no se observan cambios sustanciales en la disminución de la violencia feminicida”, difundió la organización.

La CEDAW es el instrumento internacional sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, adoptado en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981.

De acuerdo con el informe, el 50.18% (9,419) del total de las mujeres desaparecidas y no localizadas, son jóvenes de 15 a 29 años; “2,131 de ellas se encuentran en el rango de edad 10 a 14 años (11.35%), 550 de 5 a 9 años (2.93%), y 707 de 0 a 4 años (3.77%).

“A pesar de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2017, a la fecha, faltan 17 entidades federativas por aprobar legislación local armonizada con la Ley General; seis aún deben conformar su fiscalía especializada en delitos de desaparición y siete tienen pendiente designar titular de la comisión local de búsqueda”, advierte el informe de Amnistía Internacional (AI).

Entre las recomendaciones emitidas por la CEDAW en octubre de 2018, se encuentran, entre otras:

- Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres.

- Reformar el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar un código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general;

- Apruebe una hoja de ruta dotada de recursos suficientes, un calendario y metas mensurables para obligar a las autoridades federales, estatales y locales a aplicar las leyes relativas a la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación de facto de las mujeres, en particular las indígenas, las afromexicanas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales.

- Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas.

- Adoptar medidas eficaces que hagan que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia se aplique en el conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales, vele por que los jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas, y revise la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 para garantizar que se publiquen todas las decisiones de los tribunales.

- Alientar a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda.

Aunque AI considera que las autoridades mexicanas han mostrado interés en avanzar en el tema, señala que existen problemas en el diseño e implementación de políticas públicas, “incluyendo en la asignación de recursos y el excesivo uso del derecho penal, han mermado su capacidad de lograr cambios reales y, por ende, han impedido dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones”.

FGR