AN en Senado impugna militarizar seguridad

Al vencer el plazo este lunes para impugnar el decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública, sólo se presentaron tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); en este contexto, la diputada de Morena, Dolores Padierna, exigió a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, retirar la impugnación porque, asegura, no es la posición de la Cámara baja.

Recordó que la reforma que dio vida a la GN fue aprobada por mayoría en el Congreso y en los 32 Congresos locales, mientras que la Controversia, presentada ante la SCJN gira en torno a “la posición personal de la presidenta, y no representa ni los intereses de la Cámara ni de la mayoría”.

Por separado, los senadores del PAN Kenia López Rabadán y Damián Zepeda anunciaron que promoverán amparos contra el decreto, además de que solicitarán que la presidenta del Senado, Mónica Fernández, promueva una controversia constitucional contra el mismo.

En conferencia, Zepeda señaló: “estamos impugnando como senadores en lo particular el decreto de militarización de Andrés Manuel López Obrador. Estamos utilizando la vía del amparo para pedirle a la justicia federal que proteja a los mexicanos, y se evite este fraude a la Constitución, con estos amparos individuales que senadores y senadoras estamos interponiendo desde el viernes, hoy (ayer) se presentan otros, en los próximos días otros”.

Señaló que los legisladores aprobaron la creación de la Guardia Nacional, pero “lo que se aprobó fue un cuerpo cien por ciento policiaco civil, el cual se iba a enfocar a las labores o a la función de seguridad pública y se permitió que en tanto se fortalecía este cuerpo, pues pudieran las Fuerzas Armadas, si así lo determinaba el Presidente, ayudar, pero siempre con características excepcionales”.

Kenia López Rabadán señaló que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le solicitó que presentara una Controversia Constitucional y ahora busca que el Congreso de la Unión emita a la brevedad la legislación secundaria de la Ley que crea la Guardia Nacional, con lo que confirma que la regulación en materia de seguridad pública debe formar parte de una ley y no sólo de un acuerdo presidencial.

No obstante, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, exigió a Rojas retirar la controversia constitucional, pues sostuvo que los argumentos con los que fue presentada, “son posiciones políticas y no constitucionales”, además de no ir acorde a los procedimientos legales.

Además, aseveró que el alegato de la panista “retrata a una oposición sin banderas que, en el colmo del cinismo, quiere culpar al actual Gobierno de todo, incluso de querer solucionar los problemas que ellos mismos heredaron”.

Los actores que promovieron dichas acciones son la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el presidente municipal de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez.

Las tres controversias contra el decreto publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron remitidas a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien aún no las admite a trámite y será en los próximos días cuando tome la decisión. 

Con información de Jorge Chaparro y Antonio López